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La lucha contra la pobreza, primer objetivo social
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La lucha contra la pobreza, primer objetivo social

martes 21 de abril de 2015, 15:44h
Es necesario renovar el pegamento social en nuestra comarca para que la desigualdad no actúe de disolvente de la cohesión. Los sindicatos impulsan una ILP para evitar que el déficit público se recorte a costa de las prestaciones de desempleo
Un informe de la OCDE que agrupa al mundo desarrollado revela que España es el segundo país del ámbito occidental, después de México, donde ha crecido más la desigualdad a consecuencia de la crisis. Y es en territorios socioeconómicos más expuestos como L’Hospitalet y la comarca del Baix Llobregat donde más se padecen los estragos de la pobreza.

Expertos como el premio nobel Joseph Stiglitz hace tiempo que advierten que la austeridad acentúa la desigualdad social y, por lo tanto, la ineficiencia económica. Los críticos con el modelo neoliberal, defienden la igualdad de oportunidades como fundamento de la eficiencia en la economía de mercado. Porque la creciente desigualdad social producto de la crisis está provocando la desigualdad crezca de forma exponencial con los consiguientes problemas de estabilidad política y económica. La desigualdad puede ser un factor distorsionador social, económica y políticamente al actuar de disolvente de la cohesión social.

De entrada, la desigualdad es un indicador anticipado de grandes cambios políticos y resulta extremadamente negativa para el capitalismo porque saca del consumo a grandes porcentajes de población y es un disolvente social. En el Baix Llobregat y L’Hospitalet es necesario renovar el pegamento social que toda economía de mercado necesita para ser eficiente y equitativa.

Incendios por pobreza
El profesor Anton Costas, presidente del Círculo de Economía, dijo recientemente en Cornellpa que España necesita “un nuevo contrato social que favorezca el crecimiento económico y el progreso social, y una reforma fiscal” que aflore el 23% de la economía sumergida existente en la actualidad”.

El cuerpo de bomberos de la Generalidad ha denunciado que detrás de la mayoría de siniestros domésticos está la creciente problemática de la pobreza energética, una realidad que a día de hoy ya afecta a 320.000 familias en Cataluña. En muchos de los incendios domésticos aseguran encontrar un patrón común: un corte de suministro por falta de recursos que deja a las familias sin acceso a bienes de primera necesidad como la luz o la calefacción. Sin embargo, muchas veces el corte de suministro aún no se ha producido, pero el solo temor a una factura impagable también puede desencadenar situaciones de riesgo que terminan con accidentes.

Menos cobertura
En este sentido, son factores de riesgo habitual las instalaciones eléctricas defectuosas, las tomas de suministros irregulares, sobrecargas de instalaciones y electrocuciones. A estos riesgos hay que sumar los relacionados con la utilización de estufas improvisadas de leña y de gas. Estos factores se multiplican ante las dificultades para acceder a una vivienda digna, que obligan a muchas familias a la ocupación de inmuebles vacíos o la supervivencia en situaciones de mucha precariedad. Los Bomberos denuncian como los informes que se realizan después de una intervención por un incendio doméstico, suelen atribuir la causa a accidentes fortuitos, y no a la situación de pobreza energética o situación de infravivienda que sufría la familia.

Es por este motivo que ni siquiera existen datos oficiales sobre esta problemática. Ni del número de incendios, ni del número de muertes que podrían haber generado por pobreza energética. Sin embargo, algunos estudios sobre la materia apuntan a que en el año 2012 se podrían haber producido en España entre 2.400 y 9.600 muertes prematuras vinculadas a esta problemática.

Aunque en el mes de marzo el paro ha bajado, los sindicatos alertan que 64.600 catalanes en el paro han perdido la prestación y subsidio en un año. Por eso impulsan una iniciativa legislatura popular (ILP) para aumentar la cobertura social de los desempleados a los que se les haya acabado las prestaciones económicas. El argumento para justificar la medida se encuentra en los estudios sobre el recorte en las prestaciones que ha realizado tanto CCOO como UGT.

Los informes muestran cómo el ahorro en los 30.000 millones de presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) se ha destinado directamente a reducir déficit público. El excedente se cifra en 5.236 millones en 2014, el 17% del total. En las cuentas de 2015 el Gobierno ha adaptado la partida al gasto real, con lo que da por amortizada la reducción.

De entrada, el planteamiento puede parecer positivo. El optimismo termina al ver cómo la reducción de las prestaciones ha ido mucho más allá de la recuperación del empleo registrada en los últimos meses. También desciende la cuantía repartida entre los que están cubiertos por el sistema. El 57,4% del total percibe un subsidio asistencial, una prestación más baja que se recibe cuando se ha extinguido el paro y se cumplen unos requisitos (básicamente, tener cargas familiares). La tendencia (el menor impacto de las prestaciones contributivas en el total) se inició en 2013 y ha crecido en los últimos 12 meses.

La cuantía media percibida ha bajado el 5% y los beneficiarios cubiertos por el sistema el 12%. “Crece las personas que están cada vez más cerca del umbral de la pobreza”, denuncian los sindicatos en la documentación que remitirán a las fuerzas políticas.

Comicios a la vista
Los sindicatos no pospondrán la iniciativa legislativa por la proximidad de las elecciones municipales y la convocatoria que se espera para antes de finales de año de las generales. Es más, indican que el contexto electoral será propicio para que se ponga en marcha el trámite aunque se complete en otra legislatura.

Lo importante, según las centrales, es que exista un compromiso en firme de la mayoría de partidos de la oposición para destinar el excedente del Sepe a rentas de inserción o algún otro tipo de prestación que ayude a las familias. Especialmente en una semana en que la publicación de los datos de déficit público ha sacado a la luz una nueva disminución del 30,8% de las transferencias del Estado al Sepe por una nueva reducción de las prestaciones por desempleo.

También presentarán su plan a las fuerzas políticas que actualmente no tienen representación en las Cortes pero posiblemente serán claves en la próxima legislatura: Ciudadanos y Podemos. En el ámbito municipal y comarcal convendría que los partidos también se juramentaran en un pacto contra la pobreza y contra la desigualdad social. III
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