Fernando Martín
Última actualización 16/07/2010@16:00:34 GMT+1
La nueva ley del tabaco acometida por el Ministerio de Sanidad prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados. Al margen de su tramitación parlamentaria, resulta evidente el efecto perjudicial del tabaco como agente causante de un considerable número de patologías.
La Organización Mundial de la Salud considera al tabaco como la primera causa prevenible de enfermedad. En los últimos años, a pesar de que se ha registrado un descenso en el porcentaje de fumadores, los adolescentes experimentan un notable incremento en su consumo.
Existen veintinueve enfermedades directamente relacionadas con el tabaco, pero las que generan un mayor coste para las arcas del Estado son, por este orden, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, los trastornos cerebrovasculares, el asma y el cáncer de pulmón.
El tabaco, entre otros efectos, acelera el envejecimiento, y el abandono del hábito provoca resultados beneficiosos para el organismo de forma inmediata. Los cigarros concentran más de 4.000 sustancias tóxicas y productos activos, de los cuales no todos se hallan identificados.
Así, se estima que el 15 % del presupuesto sanitario anual se destina al diagnóstico y tratamiento de patologías relacionadas con el tabaco, lo que supone nada menos que 15.000 millones de euros.
El dato anterior determina que cada euro ingresado en el Estado en concepto de impuestos indirectos que gravan el tabaco, comporta un gasto de dos euros en coste sanitario. Todo esto, aparte del coste en vidas traducido en aproximadamente 40.000 personas al año.
En los jóvenes, como sector más vulnerable, la satisfacción por consumir cigarrillos de forma progresiva, unida a la adicción que genera la nicotina, comporta que abandonar el hábito se convierta en una misión ciertamente difícil. Por ello, la concienciación entre los jóvenes de los efectos negativos del tabaco resulta vital para la prevención.
Además, el riesgo que representa el tabaco para la salud de los fumadores pasivos no constituye en modo alguno un aspecto de menor importancia. En todo caso, el derecho a fumar no debe colisionar con el derecho del no fumador; debe prevalecer el derecho a la salud como meta fundamental.
En definitiva, la prevención del tabaquismo constituye la medida con mayor proporción coste-efectividad que puede llevar a cabo el Estado. Asimismo, se requiere la presión social como vía primordial para rechazar los hábitos tabáquicos.