El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagan todos los propietarios de viviendas y locales en nuestro país se ve gravado con un recargo metropolitano en el caso de los habitantes que viven en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que preside la alcaldesa barcelonesa Ada Colau.
El recargo contribuye a la financiación del sistema público de transporte, que en su mayoría ya pagan directamente los usuarios (755,56 millones en 2015) a través de la recaudación tarifaria. Frente a los municipios con una variada oferta de transporte público (Metro, TramBaix, FFGG, buses y Rodalies), en las poblaciones que solo disponen de dos medios, como es el caso de Castelldefels, Viladecans, Gavà o Sant Boi, el recargo metropolitano se antoja un agravio comparativo.
Las cuatro poblaciones del delta citadas aportan de recargo en el IBI un total de 4,7 millones de euros para un transporte público escaso en modalidad y frecuencia (ver gráfico). En el caso de El Prat, el recargo en el IBI más abultado (6,2 millones) se refiere al aeropuerto, que es su principal bien inmueble de características especiales, una aportación que dispara el recargo en esa población.
Los propietarios de viviendas y locales de los municipios de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, El Prat, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Gavà, Viladecans y Castelldefels, abonaron solo en el año 2015 un total de 27.261.490 euros de recargo por la vía de sus impuestos de bienes inmuebles a la AMB para financiar el transporte público. Aumentar la oferta de transporte público en las poblaciones metropolitanas resulta una necesidad imperiosa como alternativa para evitar el uso de los vehículos privados, lo que redundará en una mejora del aire que respiramos.
Más aportación estatal
La aportación de los municipios metropolitanos es fruto del pacto metropolitano por el transporte público alcanzado en 2014, cuando se decidió que tanto el Ayuntamiento de Barcelona, como la AMB incrementarían su aportación cada año en 10 y 7 millones de euros, respectivamente. Así, la Generalitat aportaría al sistema a partir de 2016 un total de 289,1 millones, el Ayuntamiento de Barcelona 110,4 millones y el AMB 115,6 millones.
El pacto mantiene la tarifación social, que en la actualidad representa un 22% de los viajes que se realizan en el sistema metropolitano de transporte.
Las aportaciones del Estado a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) han menguado un 50% en los últimos seis años, al pasar de 200 millones de euros en 2010 a 99 millones en 2016. Antonio Poveda, vicepresidente de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno una ley estatal de financiación del transporte público que permita “blindar” las aportaciones de Madrid “para que no dependan de los cambios gubernamentales” y a la vez potencie la red metropolitana de transporte para avanzar hacia una movilidad más sostenible.
Cambios legislativos
El también alcalde de Sant Joan Despí, reivindica “un modelo más justo y equitativo, una ley de financiación del transporte público estatal, como tienen muchos países europeos”. En cualquiera de los casos, desde Cataluña se reclama que se apliquen los mismos criterios de cálculo que se utiliza para las aportaciones económicas al transporte público de Madrid.
En ese sentido, las instituciones catalanas también reclaman recuperar progresivamente la aportación del Estado basándose en los criterios anteriores a la recesión. Hasta 2010 se calculaba sobre la base de un criterio de territorio en relación a la población y con un precio por habitante de 30 euros al año.
Actualmente, la base es de 20 euros por habitante y año y el cálculo no tiene en cuenta el incremento de 7 a 12 comarcas en la red integrada de la ATM que se ha producido desde 2010. III
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