El debate lingüístico marca el inicio de curso escolar

Más allá de su espontáneo látigazo, el debate lingüístico ha vuelto a resurgir paralelo a los sucesos. Pocos meses atrás, en Esplugues y en L’Hospitalet, tal y como hemos explicado en El Llobregat, la cuestión lingüística llegaba a las señales de tráfico. Y ya observamos, entonces, una cuestión curiosa que se vuelve ahora a repetir: que el marco legal va por otra senda que el político-social.

Circunstancias similares se dan ahora en el inicio del curso escolar, marcado –como hacía tiempo que no ocurría- por este debate. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha obligado al colegio Josep Guinovart de Castelldefels a impartir el 25% de sus clases en castellano, a partir de la denuncia de más de 30 familias. De esta manera, el centro tendrá que ofrecer, además de la asignatura de Lengua, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza en castellano, aportando un mayor equilibrio entre las dos lenguas oficiales de Cataluña y rompiendo con el modelo de la escuela en catalán como lengua vehicular.

Contrarios a la sentencia
La sentencia, inédita en este sentido, no tardó en levantar las quejas de organizaciones como Somescola.cat –“Rechazamos las sentencias y las medidas cautelares que se quieren aplicar en contra del centro del Baix Llobregat y denunciamos la ruptura del contrato establecido con todas las familias cuando se matriculan en el centro. Que una minoría de familias quiera imponer el uso del castellano por la vía judicial comporta una ruptura del proyecto educativo”-, así como la del gobierno local de la ciudad.

El PSC, Movem, CSQP, ERC y PDECAT han aprobado una moción contra las sentencias judiciales atendiendo que “atentan claramente contra el modelo de escuela catalana, un modelo que ha funcionado con éxito durante los últimos treinta años”.

En este sentido se ha manifestado, tras conocer la sentencia, la alcaldesa de la ciudad, María Miranda (PSC): “Es conveniente recordar que el sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña ha sido un éxito porque ha permitido a todos los alumnos sin excepción e independientemente de su origen y de la lengua materna, dominar los dos idiomas oficiales de Cataluña”.

Acoso institucional
Por su parte, las familias defensoras del modelo bilingüe hablan de “acoso institucional” por lo que se han concentrado, este verano, en las puertas del Ayuntamiento para mostrar su descontento ante la parcialidad del gobierno local: “Es inaudito que la alcaldesa de Castelldefels y algunas formaciones políticas se declaren abiertamente en contra del derecho a la educación bilingüe y de calidad en catalán y en castellano, y a una presencia razonable de otras lenguas”, dice Ana Losada, portavoz de la Asamblea por la Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB), convocantes de la concentración. “También merece nuestro más absoluto reproche que acusen a las familias de estar manipuladas. Se trata de un peligroso ejemplo de hostigamiento desde las instituciones a una parte de los ciudadanos y una clara incitación a la desobediencia de los tribunales”.

La protesta, celebrada el 20 de julio, tuvo su réplica, momentos antes, por parte de la Assemblea Nacional Catalana, en defensa del catalán como lengua vehicular; una convocatoria que escenificó la división en la que ha derivado la situación, en Castelldefels, a partir del caso del Josep Guinovart.

Cataluña, la excepción
En un acto paralelo, también, de la AEB, la entidad ha defendido la excepcionalidad europea que representa Cataluña por su modelo lingüístico en educación de la mano de Mercè Vilarrubias, profesora y lingüista, que recordaba que Cataluña es el único territorio de Europa donde una lengua oficial no es vehicular en la enseñanza.

La sentencia del Josep Guinovart de Castelldefels representa, pues, una ruptura del ‘status quo’ que el sistema de inmersión lingüística ha mantenido durante décadas. De hecho, se espera un efecto llamada con nuevas denuncias que, visto la decisión del TSJC, mientras se mantenga el actual marco legal, obtendrían el fallo favorable de la Justicia.

Nueva consellera
El inicio de curso comenzará con una nueva consellera de Ensenyament en el Govern de la Generalitat que tendrá que lidiar con esta nueva situación. Las dudas y las discrepancias políticas en el marco del Ejecutivo catalán, hizo que Puigdemont remodelara el Govern con distintos cambios, entre ellos, el de Meritxell Ruiz, por Clara Ponsatí, con un perfil abiertamente independentista. Profesora de Economía de la Saint Andrews de Escocia y miembro de la secretaría nacional de la ANC, Ponsatí es Doctora en Economía por la Universidad de Minnesota (Estados Unidos).

Llega al Govern como independiente, aunque ya estuvo en las listas –como suplente- de Junts Pel Sí en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Ponsatí está vinculada, también, al Instituto de Análisis Económico de la UAB y ha dirigido el mismo centro en el CSIC del 2006 al 2012. Tras su elección, la secretaria del Departament y número dos del equipo de Ruiz, Maria Jesús Mier, también presentó su dimisión a la que siguió la destitución del número 3, el secretario de Polítiques Educatives Antoni Llobet. Lluis Baulenas y y Joan Mateo ocupan los respectivos puestos.

Quien sí continúa es la directora de Serveis Territorials de Ensenyament en el Baix Llobregat, Núria Vallduriola (1964) que afronta su segundo curso académico al frente de la institución. Nacida en el barrio de Sants, lleva en el Baix Llobregat 27 años. Vecina de Sant Joan Despí, ha sido docente en distintos municipios del territorio (Sant Joan, Sant Feliu,

Sant Vicenç), entre los que destaca el Institut Torre Roja de Viladecans. Allí hizo carrera como jefa de Estudios y como directora, estando hasta nueve años. Maestra de Matemáticas y Ciencias y licenciada en Psicopedagogía, Vallduriola fue de la primera promoción de funcionarios en Ensenyament de esta especialidad. III