Sea por una broma, una represalia contra el hotel o simplemente por engordar su ego personal viendo el caos que podía generar, lo cierto es que una falsa amenaza de bomba puede comportar hasta un año de cárcel. Algo que seguramente desconocía esta trabajadora de un hotel de Cornellà que ha sido detenida tras realizar dos falsas amenazas de bomba en el mismo establecimiento tan solo dos días después de los atentados en Barcelona y Cambrils.
Una amenaza que obligó al hotel a desalojar a hasta 196 personas y que le ha comportado unas pérdidas patrimoniales de unos 8.000 euros. Por ello, la mujer, de 28 años, nacionalidad española y vecina de Sant Andreu de la Barca, se enfrentará a un delito de desorden público que le puede acarrear, como decimos, hasta un año de prisión.
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto, cuando a las 00:20 horas, los investigadores reciben un aviso en relación a dos llamadas al servicio de emergencias del 112 en las que se comunicaba que había una bomba en un hotel de Cornellà. Como medida de prevención, se activaron los correspondientes protocolos policiales que desalojaron, diez minutos después, el establecimiento, según fuentes policiales, “de una manera ordenada y sin incidentes”.
Se tuvo, incluso, que cortar la calle en ambos sentidos, por parte de la Guardia Urbana de Cornellà por motivos de precaución. Sin embargo, hechas las comprobaciones pertinentes, se detectó que era una falsa amenaza y cuatro horas después los clientes podían volver al interior del hotel. En cualquier caso, durante este tiempo, el hotel tuvo que hacer gestiones para reubicar a familias con menores, así como atender a los clientes con agua y pastas mientras esperaban en la calle. De hecho, el hotel pagó el importe de las 80 habitaciones a sus clientes, de donde sale, finalmente, los 8.000 euros que la compañía calcula que comportó la broma.
Continuada la investigación, Mossos detectó que las llamadas se habían hecho desde la misma centralita del hotel con lo que, a partir de las cámaras de seguridad, dieron con la trabajadora. La mujer ya ha pasado a disposición judicial y el juez ha decretado su libertad con cargos.
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