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Escuela y futuro

martes 21 de octubre de 2014, 22:26h
El artículo siete de la Convención de los Derechos del niño, aprobado por las Naciones Unidas el 20 de noviembre del 1959, establece que “todos los niños tienen derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria”, por lo menos, en las etapas elementales.
Añade que el acceso a la educación debe favorecer su cultura general y permitir, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes, su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

En Catalunya, como en el resto del Estado español, la enseñanza obligatoria llega hasta los 16 años. Educar no es sólo adquirir conocimientos sino que también debe incorporar la transmisión de valores y, sobretodo, es una vía para garantizar la igualdad de oportunidades. De ahí la importancia de la escuela pública, que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

Más de un lector puede tener la impresión de que en los dos párrafos anteriores describo una obviedad, pero el acceso a la educación como el derecho a una sanidad universal y gratuita es, en nuestro entorno, logros recientes. En plenitud, abarcan poco más de dos generaciones, un período demasiado corto para minimizar las amenazas que sobre ellos provocan las reducciones presupuestarias justificadas por la crisis económica o concepciones políticas que identifican gratuidad con privilegio.

Con frecuencia se emiten juicios en tono crítico y con muy poca base argumental sobre nuestro sistema educativo público y el papel de los enseñantes. Críticas que en la mayoría de los casos se sustentan en tópicos, o peor, en el desconocimiento del trabajo que desarrollan maestros y maestras, que siempre va más allá de las horas lectivas.

Creo que merecen un poco más de respeto. Deberíamos reflexionar seriamente sobre ello, porque gracias al trabajo de estos profesionales, a su esfuerzo en un contexto de recortes presupuestarios, el impacto de la crisis sobre el sistema educativo en la línea de garantizar la igualdad de oportunidades queda atenuado. Como Síndic hablo con frecuencia con ellos, de sus inquietudes, de sus problemas, de sus iniciativas para que ninguno de sus alumnos quede descolgado del proceso educativo por razones esencialmente económicas y también de la desazón que en ocasiones producen los límites presupuestarios. Percibo en ellos una voluntad tenaz que va más allá de la pura y simple transmisión de conocimiento.

En secreto les aplaudo cuando me explican acuerdos con entidades sin ánimo de lucro o con fundaciones para facilitar ayudas de comedor, para actividades extraescolares o para la compra de material didáctico. Con la discreción que impone abordar esta realidad, me convenzo que, como parte esencial del sistema educativo público, los profesionales de la educación, con su dedicación, su trabajo y el compromiso por integrar a través del niño la compleja realidad de nuestras sociedades, garantizan la cohesión social y la igualdad de oportunidades tal como proclama la Convención de los Derechos del niño. Es un esfuerzo que no puede quedar distorsionado por la crítica fácil, que además es injusta.

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