23 de julio de 2019, 15:36:17
El Tema


Furtivos en el Delta

Por Redacción

El Prat, Sant Boi y Viladecans presentan a la Generalitat un Plan de Gestión alternativo para poner fin a las cacerías en el Parc Agrari permitidas para reducir la afectación de las especies en la agricultura


Lograr la convivencia entre todos los actores implicados en esta problemática creciente de la caza en la zona sur del Delta parece a día de hoy una utopía. Con unos espacios naturales más reducidos que décadas atrás, la presencia de aves en los campos de cultivo y las afectaciones aumentan inevitablemente. Hasta hace unos años esto no era un problema, puesto que la Generalitat correspondía con indemnizaciones a los agricultores que las sufrían. Cerrado el grifo público, la apuesta ha derivado en la caza de especies cinegéticas (no protegidas) de manera que se reduzca la fauna.

Pero hecha la ley, hecha la trampa. O así lo creen las administraciones locales de alrededor de la zona sur del Parc Agrari y entidades ecologistas que consideran que se ha viciado el marco normativo de tal manera que la excepción es la norma. Ahora, El Prat, Sant Boi y Viladecans, además de entidades como Depana, dicen basta y piden una mayor regulación con vías alternativas que no afecten a la biodiversidad de la fauna del Delta.


Con el diccionario en la mano, no son furtivos porque cuentan con un permiso de la Generalitat, pero si, efectivamente, se aprovecha el marco normativo para cazar de manera lúdica y sin un control exhaustivo de los ejemplares muertos, es como si lo fueran, teniendo en cuenta que el Parc Agrari dejó de ser un coto hace mucho tiempo.

Por otro lado, la problemática creciente es fruto, seguramente, de no dar respuesta a las afectaciones que sufren los agricultores, con lo que estos se han buscado sus propias soluciones. Dar respuesta a una cuestión podría solucionar la otra.

A-50
Este es el nombre con la que se conoce a la resolución o permiso que la Generalitat concede a una cantidad concreta de cazadores para cazar y así reducir especies no protegidas y que afectan a los cultivos de los agricultores. De esta manera, se deja atrás la vía de la subvención con la que se correspondía a los afectados. Entonces, ahora, los agricultores denuncian una afectación por fauna en sus cultivos (o, incluso, una posible afectación) y la Generalitat concede un permiso a cazadores.

De esta manera, según datos del preámbulo del Plan de Gestión que preparan los tres ayuntamientos y al que ha tenido acceso El Llobregat, se han autorizado un total de 42 días durante el 2014, siendo este el que más desde 2010. Si un año cuenta con 52 semanas, por tanto, ha habido permisos de caza prácticamente cada fin de semana.

En este sentido, según las estadísticas, se habrían capturado en este periodo 31.625 torcaces o casi 10.000 palomas, entre las especies más afectadas (normalmente un 54% de los casos no se informa del número de individuos; por tanto, la cifra sería más elevada.

Fotos a la luz
Unas fotos durante los meses de verano a apenas unos metros de los caminos que recorren los espacios naturales de El Prat -y que son muy frecuentados por la ciudadanía- han ensalzado la oposición a las batidas. Aun así, según explica el vicepresidente de Depana, José García, todo comenzó a partir de detectar la reducción de patos de cuello verde. Tal y como recogen en el informe ‘Análisis de las causas de la desaparición de los ánades reales del Delta’, entre los años 2007 y 2009, se cazaron unos 922 ejemplares, lo que supone un 74,4% de la población total que hibernaba en el Delta. Teniendo, pues, en cuenta que a partir de 2006 se agilizan los trámites para dar este tipo de autorizaciones, la entidad ecologista considera que la reducción de las especies entre 2011-2015 se trata fundamentalmente por la caza sin control.

Por ello, inicia una campaña de recogida de firmas con la que logra más de 100.000 apoyos y lleva el caso al Síndic para pedir mayor transparencia al Govern de la Generalitat. Sacada a la luz la problemática, las administraciones locales de El Prat, Sant Boi y Viladecans hacen pública su voluntad de cambiar el modelo de gestión y pedir mayor regulación tras diferentes reuniones periódicas que ya habían mantenido con la Generalitat.

Vías alternativas
Su apuesta se basa, fundamentalmente, en un nuevo Plan de Gestión que utiliza vías alternativas a la caza y que coordinaría el Consorci del Parc Agrari con un equipo propio. “Desde que la Generalitat abandonó la vía de la subvención, está funcionando un sistema que los cazadores se lo han hecho suyo. Así por lo menos lo vemos desde las administraciones locales”, dice la teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente en El Prat, Alba Bou. “No puede ser que cuando un agricultor tiene o pueda tener pérdidas (un futurible que, también, pongo en cuestión), se llame a agentes forestales y se entre en un círculo vicioso de permitir la caza sin tener en cuenta lo que hay al lado”.

En este sentido, Bou reclama que la administración local –que no es competente- tenga voz: “Se dan unas autorizaciones de caza que las vemos pasar por delante”.

Por el momento, las tres administraciones locales han pedido una moratoria hasta final de año de las autorizaciones de caza (A-50) mientras se pueda elaborar el Plan de Gestión. En él, se pide no cazar cerca de los espacios de la Red Natural 2000, así como tener terminantemente prohibido hacerlo en los espacios naturales. Actualmente, solo está prohibido en zonas como Cal Ter, La Ricarda, una pequeña zona de la Murtra y en las cercanías del aeropuerto por cuestiones de seguridad.

Además, con el nuevo Plan de Gestión, los ayuntamientos se comprometen “no solo a comprar elementos alternativos como cometas voladoras o jaulas de captura viva y otros mecanismos, sino que también los cederemos y los colocaremos a los agricultores”. Estos mecanismos, que según Bou se ha demostrado que funcionan, los coordinarían desde el Consorci del Parc Agrari, que aceptan este nuevo papel, pero con recursos para ello. La entidad tendría, según el Plan de Gestión, un equipo propio para llevar la tarea a cabo.

En cambio, según ellos, ahora mismo no tienen la certeza de que Generalitat, Diputación o Consell Comarcal puedan aportar los recursos suficientes para llevar el proyecto a cabo. “Y en este punto estamos”, concluye Bou.

En cualquier caso, confía en que el Plan se lleve a cabo y, pese a que, en un primer momento, la Generalitat dejó en el tejado municipal presentar una alternativa, han arrancado el compromiso del Departament de estudiar la propuesta.

El campo, pesimista
Ante la complejidad de la solución, el campo ve con pesimismo la situación a no ser que haya recursos para indemnizar a los agricultores afectados por la fauna, principalmente, aves; pero, también, plagas de conejos y el paso de jabalís, que no comen del cultivo, generalmente, pero que lo destrozan.

Esta es la opinión de Josep Pinyol, uno de los agricultores más conocidos y respetados de El Prat, por su vinculación y su activismo por defender el territorio y los productos de proximidad, y que hacía balance de la situación en declaraciones en el magazine informativo Planeta Prat, de El Prat Radio. “El problema está en que nadie indemniza”, ante afectaciones que pueden ascender a un 15 o 20%. “Por poner un ejemplo, si ni el Ayuntamiento, ni la Diputación hacen un tratamiento de mosquitos, tu pondrás un matamosquitos en casa. Pues esto pasa. Una solución rápida que, aunque no sea la más adecuada, es la única por ahora”.

En este sentido, Pinyol nunca se ha mostrado a favor de las batidas de caza y confía en otros mecanismos alternativos: “Nunca he pedido cacerías porque no creo en estos métodos. He tenido afectaciones y he colocado cañones que los gradúas y simula disparos de manera regular o cometas de falcones para las plagas de conejo”. Dicho esto, considera que éste es el momento en qué más regulado está el tema: “De pequeño se podía cazar, esto era un coto. Los domingos escuchábamos los perdigones caer en el tejado; y tampoco había tanta fauna como ahora porque las reservas naturales eran más grandes y no había tanta presión urbanística. […] Hasta hace dos años, el tema era un descontrol. Se daban 30, 40 o 50 permisos de caza. Desde entonces se está regulando. Y pobre del que cace una especie protegida”.

Pinyol se muestra muy crítico con el informe que Depana ha presentado, puesto que entiende que está incentivando hacer “un boicot” a los productos del Parc Agrari “cuando hay muchos que lo estamos haciendo muy bien y pagamos justos por pecadores”.

No somos asesinos
Este reportaje no sería completo si no habláramos con un cazador. Más si cabe con los rumores que hay -difíciles de probar pero que nadie niega- sobre los pagos ‘en negro’ que se podrían dar para obtener permisos y, sobre todo, para estar en la lista de cazadores. “Lo he sentido muchas veces, pero no me atrevo a darlo por hecho. No tengo pruebas”, dice Alba Bou. “Pero la sensación es inequívoca de que hay tejemanejes para ser el primero de la lista y que cuando haya un permiso, pues, estés”. Por su parte, nuestro cazador es contundente: “Aquí, en esta vida, funciona todo por enchufe. Si uno da permisos y otro busca cazadores, pues, al final todos ganan”, asegura A. B. que prefiere aparecer solo con iniciales.

Aficionado a la caza desde los ocho años por tradición familiar, este vecino de Sant Andreu de la Barca entiende que sea un espacio agrícola y que al lado de los espacios naturales no sea el mejor lugar para cazar, pero, también, entiende la posición de los agricultores y la función que, ahora mismo, los cazadores están haciendo: “Tenemos nuestra función. Sin nosotros, la Generalitat tendría que indemnizar o poner un cuerpo propio para eliminar a esas aves que estaríamos pagando todos los contribuyentes, cuando ya estamos dispuestos nosotros a dejarnos un dineral al año”. Y añade: “La Generalitat podría prohibir la caza en cualquier momento, pero entonces tendrían todos los días a los agricultores encima”.

Según explica, él caza en un coto de Sant Esteve Sesrovires desde que se abre la veda del 12 de octubre a febrero. “Me suelo dejar al año unos mil euros, entre los 650 del coto, los seguros, la munición y otros gastos. Somos después del fútbol, el segundo o tercer deporte que más dinero aporta al Estado, como decimos, para cuatro días que cazamos”.

Además, con una preocupación paradójica por los animales y que, por ello, invita a acabar con el estigma que tiene el colectivo: “Nosotros tenemos un coto y somos los que cuidamos de él. En Sant Esteve Sesrovires invertimos cada año miles de euros en repoblarlo. Si ves cuatro conejos allí es porque les vacunamos cada año y si ves cuatro perdices es porque les ponemos bebederos y les damos de comer. Eso no lo ve ni la gente, ni los animalistas, ni nadie; nos ven disparando y nos llaman asesinos. Lo que mato, me lo como; no mato por matar. Y a todas las especies que están protegidas no se dispara. Hay de todo, pero la gente está, cada vez, más concienciada”.

Y apunta a los agricultores: “Yo he salido a las siete de la mañana y me he encontrado campos llenos de pesticidas, que es veneno que se comen las aves y quedan estériles o mueren”. III

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