20 de julio de 2019, 14:21:55
Dietario de un catalán perplejo


La co-responsabilidad federal

24 de noviembre

Por Jesus A. Vila

Si partimos de la base de que buena parte del conflicto catalán de los últimos años se produce como consecuencia de las vicisitudes que sufrió el Estatut del 2006, —cepillado en el Senado en mayo, refrendado en junio, y luego modificado por la sentencia del Constitucional del año 2010— y que éste se impulsó en muy buena medida por los problemas de financiación endémicos que Catalunya venía sufriendo, lo ocurrido estos días resulta muy significativo.


En primer lugar, se acaba de aprobar el cupo vasco, con la única oposición de Ciudadanos y de Compromís. El cupo vasco, como es sabido, es la cuota pactada por cinco años entre el gobierno central y la autonomía en virtud del concierto fiscal que afecta únicamente a Euskadi y a Navarra. El Concierto vasco es un sistema tributario excepcional en España, consagrado en la Constitución, por el cual esas autonomías recaudan todos los impuestos y devuelven una parte de los ingresos en concepto de gastos generales del Estado y de contribución al Fondo Interterritorial que pretende equilibrar los diferentes territorios para que la presión fiscal y sus beneficios no produzcan claros desequilibrios. Que solo exista ese régimen excepcional tributario en esas dos autonomías del Norte —y también, con otras implicaciones, en Canarias y Ceuta y Melilla por sus peculiaridades— tiene su origen en la concepción foral de la integración de esos territorios —Euskadi y Navarra— en la construcción del Estado Moderno, junto a los territorios de la Corona de Aragón.

España se hizo gracias a la conjunción histórica de tres coronas y de diversos señoríos, con el acuerdo mutuo del respeto a los fueros y leyes particulares de sus territorios y de esa realidad, que tenía una estructura federalizante —nomenclatura impropia atendiendo a la época histórica donde se estaban construyendo los Estados—, se disolvieron Aragón, Valencia y las Baleares y se escindió Catalunya a causa de la Guerra de Sucesión y de la imposición centralista del absolutismo borbónico a través del Decreto de Nueva Planta. Las vicisitudes históricas posteriores fueron muchas y aquí solo doy pinceladas, pero en la permanencia de las excepcionalidades tributarias juegan un importante papel, la Constitución de Cádiz, el golpe absolutista de Fernando VII, la primera guerra carlista, sobre todo, y los bandos en que se situaron las provincias en el levantamiento rebelde franquista. Como se ve, la historia determina muchas excepcionalidades poco comprensibles para la realidad de hoy. Porque, evidentemente, el concierto vasco y el cupo, el sistema foral en su conjunto, resulta hoy un privilegio inaceptable visto desde la perspectiva de la construcción ecuánime de un Estado Federal justo y perdurable.

Un cambio de mentalidad

No porque resulte injusto, a mi juicio, sino porque resulta excepcional. Porque un Estado Federal reclamaría la corresponsabilidad tributaria de los territorios, de modo que todos recaudasen sus impuestos y contribuyesen proporcionalmente a los gastos colectivos del Estado central. Por decirlo simplificadamente: un Estado Federal implica el concierto y el cupo de todos los Estados miembros, con un pacto multilateral en beneficio de todos. Ya se ve, por tanto, que para encaminarnos hacia la construcción de un Estado Federal lo primero e imprescindible es cambiar de mentalidad.

Cambiar de mentalidad en los Estados miembros y cambiar de mentalidad en las estructuras centrales del Estado. Cambiar de mentalidad en los Estados miembros quiere decir que deben entender que es imposible querer beneficios particulares, excepciones propias, sin consolidar injusticias ajenas. En un Estado Federal no es posible querer ser más ricos que los vecinos porque o se busca el equilibrio o se encuentra la injusticia y la injusticia siempre desestabiliza. Pero también, en un Estado Federal, la estructura central del Estado no puede considerarse la máxima responsable del territorio sino el nexo que los aglutina a todos. Ha de mutar la perspectiva del Estado que dirige, a la del Estado que vincula. Del Estado-imperativo al Estado-colaborador.

La coyuntura ha hecho que el privilegio vasco sea observado como algo intocable. Mucho peor, como algo sujeto a las necesidades electorales del partido que gobierna el Estado central, que es capaz de negociar en beneficio propio condiciones tributarias que debieran ser corresponsabilidad de todos. Y, por lo tanto, la excepción se convierte en una injusticia virtual de difícil comprensión. Resulta paradigmático que, tratándose de una injusticia objetiva, solo Ciudadanos y Compromís estén en contra, no porque sean los más coherentes con los principios federalistas —encima, Ciudadanos ni siquiera es federalista— sino porque no tienen compromisos ni nada que perder en el País Vasco y Navarra. A diferencia de todos los demás: PP, PSOE y Unidos Podemos.

De nuevo, la incoherencia manifiesta en todos los partidos, pone en tela de juicio el único futuro que garantizaría la estabilidad histórica del Estado. En plena consonancia con el descrédito de la Comisión Interterritorial, de la supuesta reforma constitucional que debía de llegar en seis meses y del aplazamiento sine die del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Reformar la Constitución

Por lo demás, paz en el conflicto catalán. Cuando parecía que todos renunciaban a la vía unilateral, aconsejados por la razón más ecléctica, sale de nuevo la secretaria de ERC para decir que ellos siempre han defendido la vía multilateral. Es decir, la negociación con España y con Europa, para ser independientes. O sea, más de lo mismo. A ver si se entera de una vez la señora Rovira que Rajoy no quiere negociar nada que huela a independencia y que Europa no quiere ni siquiera oír hablar del tema. Ni antes, ni ahora, ni después. Que ser multilateral es exactamente lo mismo que ser unilateral, o bilateral, en esta cuestión. Que la única negociación posible ya no pasa por pactar un referéndum sino por reformar la Constitución. Una Constitución que incluya un nuevo régimen territorial donde se respeten las entidades históricas diferenciadas con voluntad de co-soberanía. Y para ello ha de estar todo el mundo implicado, trabajando activamente, con perspectivas amplias y sin limitaciones previas, propiciando consensos y sin fijarse límites temporales.

Es verdad que para que el trabajo sea eficaz se debe respirar un cierto ambiente de normalidad institucional y este no es, desde luego, el mejor momento. Por eso se debe trabajar en el horizonte del 2018 para normalizar el ambiente, pero con esa perspectiva clara. Y no se yo si los resultados del 21-D propiciarán ese ambiente de relajación. O todo lo contrario. Veremos…

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