26 de agosto de 2019, 5:09:03
Opinió


Inversión pública; titularidad pública

Por El Llobregat

Años. Legislaturas. Décadas. Todas las administraciones han estado durante la etapa democrática invirtiendo dinero público en la promoción de vivienda que, al final, en la venta, enriquecía al mercado inmobiliario privado.


Un ejemplo evidente es el de las viviendas anteriormente conocidas de Protección Oficial, que estaban subvencionadas para que el precio del comprador fuera algo menor, pero que beneficiaba igualmente al promotor inmobiliario con la venta del inmueble.

El resultado es un sector desbocado, especulativo, con un eterno afán recaudatorio y sin ninguna responsabilidad social ante una administración débil e impotente que, pese a los millones malgastados, no tiene ni el 1,5% de pisos de su titularidad en el ámbito metropolitano de Barcelona, lo que deja al sector público sin margen de maniobra.

No solo no hemos aprendido de la anterior burbuja inmobiliaria que empezó a engordarse en España con la liberalización del suelo de Aznar en 1996 hasta explotar con la crisis económica de 2008, sino que ya la hemos vuelto a engordar y, además, tanto en el mercado de compra como de alquiler, en una alarma que ya ha alertado El Llobregat en distintas ocasiones. Solo falta otro elemento desestabilizador para que vuelva a explotar.

Con el epicentro ubicado en Barcelona, tanto la capital condal como el resto de las ciudades de la primera corona metropolitana están expulsando a sus vecinos en un desequilibrio alarmante entre la demanda y la oferta y con unos precios por las nubes en una situación, desde luego, insostenible para el común de los ciudadanos.

Prueba de esta Administración maniatada y de la inmunidad del mercado es el nuevo caso que ha estallado en Sant Joan Despí, en el que los planes de un grupo inversor –que prevé aumentar entre un 40 y un 100% los precios de los alquileres- puede dejar a 150 familias (unas 400 personas) fuera de sus viviendas actuales. El Ayuntamiento solo puede mediar; no hay ninguna base jurídica que lo impida y solo queda la vía de la confrontación, la huelga y/o la ocupación para evitarlo. La Constitución, que recoge en su artículo 47 “el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”, queda como agua de borrajas. No sirve para nada.

En este sentido, la operadora metropolitana, que entrará en funcionamiento en menos de seis meses, tal y como avanza Ada Colau, presidenta de AMB, en este mismo número de El Llobregat, supone una gran oportunidad y la medida más valiente para intervenir el sector público en el sector de la vivienda. Requerirá, en cualquier caso, de mucho tiempo y dinero a fondo perdido, con lo que será fundamental la colaboración público-privada, bajo liderazgo de las administraciones para ampliar el parque público de viviendas. Tenemos que estar dispuestos a ello.

Esto no quita que no haya medidas a llevar a cabo a corto plazo. Lo estamos viendo en el ámbito local con algunas creativas propuestas; insuficientes en todo caso. Hace falta la complicidad de la Generalitat y el Estado; es necesario cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos para proteger más al arrendatario; aumentar los contratos de tres a cinco años; limitar el aumento de los precios de los alquileres; y -¿por qué no?- recuperar el debate de los pisos vacíos en propiedad de entidades financieras y hacer uso provisional de ellos ante la emergencia social. Pero todo ello deberá hacerse desde la búsqueda de un amplio consenso político, para que los cambios electorales no alteren la creación de un mayor parque público de viviendas de alquiler. III

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