20 de marzo de 2019, 18:32:04
Dietario de un catalán perplejo


20 de febrero. Lucha de legitimidades

Por Jesus A. Vila

Se reanudó el juicio el martes conforme a lo previsto y fueron interrogados Turull y Romeva con estrategias parecidas —aunque no miméticas—, a las de Forn y Junqueras la semana anterior, que para eso Turull i Forn son de la línea convergente y Junqueras y Romeva de la republicana de ERC.


La diferencia estriba en que mientras Forn tiene de abogado defensor a Javier Melero, un penalista que rechaza cualquier defensa política, Turull está defendido por Jordi Pina, socio del despacho de Molins y Silva que también defiende a Jordi Sánchez y a Josep Rull y que combina mejor una defensa técnica con una cierta beligerancia política para respaldar sus argumentos.

Eso se vio en la forma desacomplejada con que Turull afrontó el interrogatorio del fiscal y de la abogada del Estado, argumentando las decisiones políticas del área de Presidencia donde ejerció como conseller durante el contencioso, y el desparpajo empleado en desconocer todo cuanto podía constituir un delito claro de desobediencia y malversación y un delito bastante más oscuro de sedición o rebelión. Se empeñó mucho en poner el acento en la ponderación entre lo que obliga a cumplir la ley y lo que obliga a ejecutar el mandato de representación política y en el desconocimiento de cómo se pagaron las urnas, quien encargo el censo universal o cómo se puso en marcha la campaña publicitaria de participación en el referéndum. Pocas sorpresas, por lo tanto.

El origen del ‘procés’, según Romeva

En cambio, Romeva se declaró de entrada preso político y argumentó, incluso más brillantemente que Junqueras, por qué no cometieron un solo delito. Pero en su alegato introdujo muchos elementos que merecen un comentario, más allá que todo lo que hiciera probablemente servía muy poco a lo que resulta más prudente en un juicio penal: atenerse a la acusación concreta para demostrar que esta acusación no tiene argumentos sólidos.

Situó el origen histórico del ‘procés’, no en el 2012, cuando fracasa la negociación entre Rajoy y Mas por el concierto catalán y el president sale de la Moncloa dispuesto a demostrarle al gallego por qué habría tenido que tomárselo en serio, sino en el 2010 cuando el Constitucional se carga unos cuantos artículos del Estatut ya refrendado por los catalanes. Situó el origen en 2010 porque fue entonces cuando él, que era federalista de toda la vida, se cayó del caballo y decidió que “estaba” a partir de ese momento independentista. Y porque, a su juicio, es entonces cuando se rompe el Pacto Constitucional de 1978, sin dar demasiados detalles concretos.

Tiene gracia eso de la paráfrasis combinativa del ser y el estar que en catalán da tanto juego. Junqueras y Romeva están ahora independentistas porque no pueden estar otra cosa, ya que ser independentista resulta muy dogmático y estar independentista solo muy coyuntural. Además, cuando Cataluña sea independiente ya no hará falta ser independentista. A lo sumo, podrán ser independentistas los de Arán, los de Tabarnia o los de Ripoll, por poner solo ejemplos ilustrativos de que el independentismo tiende a la voracidad.

En mi modesta opinión, estos lodos proceden, no de la sentencia del Constitucional del 2010 o de la soberbia de Mas del 2012, sino de la desquiciante estrategia del Estatut del 2006, en tiempos del tripartito. Es el nuevo Estatut del 2006, un Estatut que solo necesitaba la clase política y que jamás reivindicó el pueblo de Cataluña, el que origina aquellos barros. Ya lo he defendido otras veces…

Fue brillante Romeva porque introdujo una disquisición conceptual sobre la fuerza moral y política de dos conceptos controvertidos que obligan a reflexionar: el principio de legitimidad democrática y el principio de legalidad. Cuando ambos principios no colisionan, no hay conflicto, pero cuando colisionan, como es el caso, surge la duda política: ¿Cuál tiene más fuerza? ¿cuál obliga más al político en ejercicio? Para Romeva, naturalmente, el principio de legitimidad democrática es esencial y por lo tanto debe imperar sobre el de legalidad porque de lo que se trata es de ajustar la legalidad a la legitimidad democrática. En lenguaje plano: las leyes están para ajustarse a las necesidades de la vida social, no para impedirla o acotarla. O sea, primero la democracia y luego la ley.

En el mismo sentido, la ley no puede impedir el debate político porque la esencia de la democracia es la negociación en libertad y si no hay diálogo no se resuelven los conflictos y es imposible legislar adecuadamente.

¿Hay alguien que pueda oponer obstáculos a este razonamiento impecable? Yo no, en cuanto a los enunciados teóricos. Es evidente que primero está la democracia, el debate de ideas, los derechos… y después deben estar las leyes que los controlan y los ajustan en virtud del consenso social. Pero ¿qué hacer cuando ya están las leyes y éstas resultan obsoletas, ahogan los nuevos derechos que la sociedad reclama? Pues para Romeva está claro: se superan por la vía de su incumplimiento manifiesto. No lo dijo así, claro. Pero lo dijo de otra manera: no hay más remedio que incumplir la ley cuando es imposible negociar con nadie su modificación.

Nadie al otro lado de la mesa

La vieja reclamación sobre el ‘procés’. Vieja, y justificadísima. Hay una parte de la sociedad que requiere nuevos derechos, pero hay una ley que se lo impide. ¿Qué hacer? Negociar una nueva ley, claro. ¿Y si no hay nadie que quiera negociar nada? Pues se incumple. ¿Ah, sí?

Pues no. No hay manera de superar ese impasse, porque aunque el principio de legitimidad democrática es moralmente irreprochable, el principio de legalidad es socialmente irrenunciable en una sociedad democrática. Sin el imperio de la ley la democracia deja de existir. Una ley solo se transforma con otra ley superior y para negociar la nueva ley hay que tener consenso, fabricarlo, mimarlo y conseguirlo… o esperar… No hay otro modo, excepto si hablamos de revolución.

Y eso es lo que no hicieron los independentistas entre septiembre y octubre del 2017. Declarar una DUI aunque no tuviera efectos, era saltarse el principio de legalidad con la excusa de que el principio de legitimidad democrática es un principio superior, sin entender que ambos principios se complementan y que, en la práctica, en una democracia avanzada, saltarse el principio de legalidad invalida cualquier otro principio.

Romeva puso más cosas interesantes sobre la mesa que convendrá ir analizando próximamente porque es verdad que los principios políticos van a estar sobrevolando permanentemente en este juicio. Lamentablemente, me temo que estos principios políticos no les van a ayudar ni poco ni mucho en el procedimiento penal.

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