Desde 2015 las denuncias en toda España han aumentado más de un 40% y la provincia de Barcelona concentra más del 35% del total. Es decir, más de 1 de cada 3 ocupaciones que se realizan en España son en nuestra provincia.
No son un hecho espontáneo, se trata en gran medida de bandas organizadas que extorsionan a los propietarios y trafican con las viviendas. No podemos idealizar con una visión romántica las ocupaciones y negar la seguridad jurídica de los propietarios, muchos de los cuales han conseguido su vivienda tras una vida de duro trabajo y ahorro. Negar la seguridad de los propietarios además degrada las comunidades de vecinos, empeora la convivencia y únicamente favorece a las mafias, la seguridad privada o que la gente se tome la justicia por su mano.
El derecho a la vivienda no se garantiza por la fuerza, colisionando con el derecho a la propiedad privada, sino con inversiones públicas en vivienda de alquiler social que la Generalitat, que es quien tiene la competencia, desatiende de forma recurrente. La ley del derecho a la vivienda se hizo en 2007 y establecía un plazo de 20 años a la Generalitat para hacer un parque de vivienda de alquiler social que alcanzara el 15% del total. Han pasado 14 años, dos tercios del plazo estipulado, y no llegamos ni al 2%. ¿Por qué? Porque Cataluña es la comunidad autónoma que menos porcentaje del presupuesto destina a vivienda. Estamos a la mitad de la media española. Destinamos el 0,6% cuando Madrid, por ejemplo, destina 1,5% y esto es así porque los independentistas prefieren invertir en TV3 o pseudoembajadas para desprestigiar España, que en vivienda.
El derecho a la vivienda es una cuestión compleja, en la que hay que garantizar los derechos de quien ya la tiene y los de quien no puede acceder a ella. Por eso hay que abordarlo con medidas sensatas y no desde populismos de uno u otro signo que solo buscan sacar provecho exacerbando las pasiones. III