No hace falta adentrarnos en los terrenos de la filosofía política para convenir que el buen gobierno es una tarea que consiste en respetar y ser consecuentes con la voluntad popular y ser eficaces en cometido de gobernar. Apelamos aquí a dos de los valores que de manera intrínseca deben presidir la gestión del bien común en democracia. Pero para que tales valores puedan aplicarse debemos dotarnos de herramientas adecuadas. Y una de esas herramientas debe ser el derecho a entender que cristaliza en una comunicación clara con la ciudadanía.
Una ciudadanía que lleva demasiado tiempo sometida al dictado del complejo y muchas veces extenuante universo textual de la Administración, un lenguaje hermético y de difícil interpretación que provoca indefensión en mu-chas personas. Lejos de mejorar las cosas, la acelerada incorporación de los entornos virtuales en la comunicación con la Administración no ha supuesto una mejora apreciable: navegar por muchas plataformas de trámites es un ejercicio frustrante que se suma a la brecha digital que sufre nuestra gente mayor y la población más vulnerable.
La auténtica transparencia significa hablar de tú a tú a la ciudadanía para que pueda ejercer en plenitud sus derechos. Algo que no supone menoscabar la seguridad jurídica y sí en cambio avanzar hacia una Administración más inclusiva y que combata la desigualdad.
La buena noticia es que el derecho a entender comienza a abrirse paso como ejercicio de buena gobernanza en el seno de no pocas administraciones y organismos oficiales de nuestro país. Es deseable que cunda su ejemplo y que, ante la inminencia de estas elecciones municipales, cada vez más fuerzas políticas abracen la comunicación clara como principio de ese buen gobierno. III