Controversia en Sant Vicenç porque las escuelas públicas Joan Juncadella y Sant Josep imparten lengua árabe y cultura marroquí. La Conselleria d’Educació sostiene que esta iniciativa fomenta la integración mientras que para VOX atenta contra nuestros valores
La implantación de clases de lengua árabe y cultura marroquí en dos escuelas públicas de Sant Vicenç dels Horts (Joan Juncadella y Sant Josep) ha reabierto un debate recurrente en el sistema educativo catalán y español: el papel de la escuela pública en la gestión de la diversidad cultural, lingüística y de origen del alumnado. La polémica, que ha trascendido el ámbito local para situarse en el terreno político e ideológico, ya que enfrenta dos visiones antagónicas sobre integración, convivencia y valores, con la educación como escenario principal.
El origen de la controversia se sitúa en la aplicación del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM o LACM), un programa que no es nuevo, pero que cada cierto tiempo vuelve a generar debate público cuando se implanta en centros concretos. En este caso, la presencia del programa en dos escuelas de Sant Vicenç dels Horts ha levantado críticas por parte del grupo municipal de VOX, que incluso llevó al pleno una moción para suprimir estas clases en el municipio.
Para elaborar este reportaje se ha intentado recabar la opinión de las direcciones de los centros educativos implicados, de su profesorado y de las familias. Sin embargo, los propios centros han derivado las consultas a la Conselleria d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, que ha sido finalmente la fuente institucional consultada. Tampoco ha sido posible obtener testimonios directos de padres y madres ni del profesorado implicado, por razones diversas, como más adelante se explica con más precisión.
Desde el Conselleria d’Educació subrayan que no se trata de una iniciativa reciente ni de una decisión aislada de los centros. Según explican, “el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura Marroquí se ampara en el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, y está vigente desde el 12 de octubre de 1985”. Su implementación en el Estado Español se remonta al curso 1994-1995, lo que le confiere una trayectoria de más de tres décadas en vigor.
La gestión del programa corresponde al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que su aplicación propiamente dicha depende de las comunidades autónomas. En el caso catalán, la conselleria precisa que “lo coordina personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio”, dentro del marco competencial vigente.
El programa se impartió en 120 centros educativos de Cataluña durante el curso 2024-2025. La inscripción, según la administración, no es automática ni unilateral: “La participación en el programa LACM está sometida a la aprobación previa del Consejo Escolar del centro”. Además, la actividad debe incorporarse a la Programación General Anual, al Proyecto Lingüístico del Centro y debe ser aprobada cada curso por el propio consejo escolar.
En cuanto a la financiación, la conselleria señala que “no supone ningún gasto extraordinario de carácter estructural”, ya que “el Ministerio de Educación marroquí, a través de la Fundación Hassan II, asume las retribuciones salariales del profesorado”. La Generalitat destina una partida reducida (7.000 euros en 2025) a formación docente y materiales.
Las clases son impartidas por profesorado funcionario marroquí destinado por un máximo de cinco años. En la mayoría de los casos, el programa se desarrolla como actividad extracurricular, con una recomendación mínima de dos horas semanales por centro. No obstante, desde el curso 2020-2021, y tras la publicación de un currículum específico, puede integrarse como materia optativa en secundaria o como taller en primaria, siempre que se cumplan los requisitos de titulación.
El contenido del programa combina lengua y cultura. Entre sus objetivos oficiales se encuentran “favorecer la enseñanza de la lengua árabe y la cultura de Marruecos al alumnado de origen marroquí u otros orígenes que esté interesado”, así como “desarrollar valores de tolerancia y solidaridad para conseguir la inclusión escolar y sociocultural del alumnado”. También se menciona entre sus finalidades la preservación de la identidad cultural “respetando la del país de acogida” y el fomento de la educación intercultural.
Desde la administración autonómica aseguran que “el retorno que tiene la conselleria es que el programa goza de buena acogida por parte de los centros, alumnado y familias participantes”, y defienden que la enseñanza de lenguas adicionales “representa tanto un reto como una oportunidad para el sistema educativo catalán”.
Frente a esta visión institucional, el posicionamiento de VOX es abiertamente el contrario. El concejal del partido en Sant Vicenç dels Horts, Iván Santiago Cortés, no deja lugar a dudas: “La postura de nuestro partido es muy clara. No queremos que enseñen a nuestros hijos una religión que atenta contra los valores y los principios que nos definen como sociedad, como por ejemplo los de igualdad y de respeto a las mujeres”.
Desde su perspectiva, este tipo de programas no favorecen la integración, sino todo lo contrario. “La verdadera integración es aquella en la que personas que vienen de otros países y con culturas distintas hacen un esfuerzo por aprender el idioma del país al que emigran, en la que conocen su cultura, la respetan y no intentan imponer la suya”, afirma. En su opinión, “lo que no podemos permitir es que se institucionalicen otras culturas, y más cuando representan un retroceso social claro en todos los aspectos”, sentencia Iván Santiago.
El edil también critica el papel de las instituciones públicas en la implantación del programa: “Lo más triste de todo es que estos programas son aprobados por las instituciones públicas”. Aunque reconoce que el acuerdo es bilateral entre España y Marruecos, subraya que “Cataluña, como no, está aplicando este programa”.
Respecto al papel de las familias, Cortés sostiene que “los padres no tienen nada que ver en la implantación de este tipo de clases”, aunque reconoce que la participación del alumnado es optativa. Aun así, califica el programa como “una vergüenza”.
VOX asegura haber recogido el malestar entre algunas familias, aunque sin aportar testimonios públicos: “Nosotros hemos podido hablar con varios padres, pero no han querido hacer ninguna declaración pública por miedo a que haya problemas con sus hijos en el colegio”. Según el concejal, estos padres muestran “el rechazo total y absoluto a este tipo de clases”.
El conflicto refleja dos concepciones muy distintas del papel que debe jugar la escuela pública. Desde VOX, la prioridad de los centros debería ser “enseñar las lenguas cooficiales así como idiomas que puedan ser útiles para el futuro desarrollo laboral y personal, como por ejemplo el inglés”. Y siempre, educar “conforme a nuestros valores, como la igualdad y el respeto a cualquier persona”. Por ello, el partido no duda en afirmar que, si gobernara, “lo eliminaríamos sin dudarlo”.
Desde la Conselleria d’Educació, en cambio, se defiende una escuela que reconozca la diversidad lingüística y cultural como un elemento estructural de la sociedad actual. En este marco, el PLACM no es una excepción, sino parte de un programa más amplio que incluye “chino, portugués, rumano, gallego, bereber, ucraniano, neerlandés, bengalí, urdu, ruso y japonés”.
Con puntos de vista dispares, en Sant Vicenç el debate continúa abierto. La moción presentada por VOX para eliminar las clases fue rechazada por el plenario municipal y el programa sigue vigente en los centros. Más allá de la polémica política, la controversia pone de relieve una cuestión de fondo: cómo gestionar la pluralidad cultural en la escuela pública y qué papel debe jugar la educación en la construcción de la convivencia en una sociedad cada vez más diversa. III
| Malas lenguas |
| No es la primera vez que el CEIP Joan Juncadella se ve envuelvo en una controversia por las lenguas. En el verano de 2023, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denunció que el Proyecto Lingüístico del Centro habilitaba una instrucción que prohibía a la profesora de Lengua Castellana entrar en las aulas si no era para impartir su asignatura, con el objetivo de “evitar posibles interferencias» en el refuerzo del catalán en la escuela”, según el propio plan. La polémica derivó en un enfrentamiento entre la AEB, que consideró la medida “discriminatoria y contraria a un modelo educativo plural”, y las autoridades locales. El conflicto se resolvió finalmente merced a la intervención de la Alta Inspección Educativa de la Generalitat, que obligó al centro a eliminar la discutida referencia del proyecto en febrero de 2024. Este episodio consolidó la percepción del colegio como un foco recurrente de tensiones vinculadas al uso político de las lenguas en la escuela pública, un precedente que ahora vuelve a cobrar relevancia a raíz del debate abierto por la introducción de las clases de árabe.. |