L’Ajuntament d'Esparreguera estudia abrir un expediente a Aigües Vidal SL por el incremento no autorizado del 30,6% en las tarifas del agua. Este aumento, aplicado desde febrero, ha sido considerado irregular, ya que el consistorio había fijado una subida del 21,17%. La empresa ha recurrido la decisión municipal y ha solicitado medidas cautelares en los tribunales. El consistorio advierte que la falta de cumplimiento podría llevar a acciones judiciales y administrativas para restablecer la legalidad.
El Ajuntament d'Esparreguera está considerando la posibilidad de abrir un expediente a Aigües Vidal SL debido al incremento no autorizado del 30,6% en las tarifas del agua. Esta subida fue aplicada por la compañía en febrero y ha generado una serie de reclamaciones por parte del consistorio, que ya había solicitado la rectificación y el reembolso de los importes cobrados a los ciudadanos.
El regidor d'Aigua i Energia, Daniel Farriols, subrayó que este aumento es inapropiado, ya que corresponde al Ple municipal establecer las tarifas y garantizar el equilibrio económico del servicio. A pesar de que la competencia para fijar los precios es exclusivamente municipal, Aigües Vidal ha decidido aplicar un incremento superior al permitido, apoyándose en una resolución de la Comissió de Preus de Catalunya, lo cual ha llevado al consistorio a recurrir dicha decisión.
En una sesión celebrada el pasado 25 de marzo, el Ple municipal aprobó un incremento del 21,17%, fundamentado en una auditoría técnica y en el aumento de los costos de suministro de Aigües Ter-Llobregat (ATL). Sin embargo, Aigües Vidal SL ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra este requerimiento y ha solicitado la suspensión cautelar de su aplicación. La decisión judicial sobre estas medidas provisionales podría influir en el precio que debe cobrar la empresa mientras se resuelve el litigio.
El consistorio advierte que si Aigües Vidal continúa aplicando tarifas sin respaldo normativo municipal, podría iniciar un expediente por incumplimiento contractual. Además, no se descartan acciones judiciales o administrativas para restablecer la legalidad y reclamar daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos y a la administración.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre las concesionarias de servicios públicos y los ayuntamientos en cuanto a la regulación tarifaria. La situación actual refleja una creciente preocupación por parte de las administraciones locales sobre cómo se gestionan estos servicios esenciales y su impacto en la economía doméstica.
A medida que avanza el proceso judicial, tanto el Ajuntament como Aigües Vidal deberán esperar la resolución para determinar cómo proceder con las tarifas del agua y asegurar que se respeten los derechos de los usuarios.