Cinemes Can Castellet. Sant Boi.
Miércoles 23 de julio de 2014
Marina Lozano afirma que el Ayuntamiento no ha cumplido ninguno de sus compromisos con la empresa Nictalia.
El 25 de febrero de 2013. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Boi volvió a tratar en el Pleno Municipal la situación precaria en la que se encuentran los cines Can Castellet.
El PP planteó al equipo de gobierno toda una serie de preguntas relacionadas con las asesorías del proyecto, las deficiencias de las instalaciones, la compra de los equipos cinematográficos que no servirán a partir del mes de abril ya que las películas se emitirán en formato digital y la negativa del Ayuntamiento a traspasar los boletines de la luz y querer facturar a Nictalia desde la empresa municipal CLAUS el consumo energético cuando es una ilegalidad.
La Portavoz Popular en el Ayuntamiento, Marina Lozano, califica de vergonzosa la promesa realizada desde el Consistorio a la empresa Nictalia, encargada de la gestión y explotación de los cines, de concederles una subvención por importe de 32.000 euros con el objeto de compensar las pérdidas que genera el negocio del cine, debido a que durante todos estos años ha sido imposible alquilar los locales comerciales puesto que CLAUS tiene establecido un plazo de cuatro años en los contratos de alquiler, un tiempo muy corto que imposibilita a cualquier operador amortizar la inversión que realice.
Lozano destaca que entre otros compromisos incumplidos por parte del Ayuntamiento con la empresa Nictalia se encuentra la gestión de un aparcamiento próximo a los cines y ampliar los contratos de alquiler de los locales comerciales de acuerdo con un criterio de mercado y que sean atractivos para que cualquier operador pueda realizar una inversión con un mínimo de garantía.
El PP califica de insuficientes la Ley de Transparencia y la Ley Electoral para luchar contra la corrupción
El Grupo Municipal del Partido Popular manifestó el 25 de febrero en el Pleno del Ayuntamiento que la Ley de Transparencia y la Ley Electoral por sí solas no van a solucionar el problema de la corrupción política en Cataluña ni en España.
Durante el debate de la moción presentada por el PSC a favor de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, el Partido Popular afirmó que a los políticos se les han de aplicar las mismas leyes que al resto de los ciudadanos y, por ejemplo, no han de tener privilegios como el hecho de ser aforados. Las leyes son iguales para todos los ciudadanos con independencia de su estatus.
La Portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marina Lozano, considera que quien se aprovecha de un cargo político en beneficio propio deberá ser apartado de su responsabilidad y nunca podrá ocupar un puesto en la administración pública, deberá cumplir condena sin ningún tipo de beneficio penitenciario y deberá devolver el dinero apropiado indebidamente o en su defecto si no aparece, expropiar todo su patrimonio personal y familiar.
Lozano aboga por la suspensión de cargo en los partidos y por la suspensión o dimisión de la responsabilidad política que se ostenta en caso de imputación. Para la líder de los Populares en Sant Boi, nada tiene que ver la imputación de una persona con un escándalo mediático o que seas un personaje popular. La justicia imputa a una persona en un caso cuando considera que hay indicios razonables de culpabilidad. Si luego en sentencia firme se demuestra que no ha sido así, pues a esperar una nueva oportunidad en próximas elecciones.
En su intervención, la regidora de los Populares afirmó que la corrupción política afecta a toda España y considera que ley ha de haber una y no una en cada territorio. A todos por igual y bajo el mismo paraguas con independencia del territorio en el que uno vive.
Respecto a la transparencia del Ayuntamiento, la Portavoz Popular puso de manifiesto toda una serie de ejemplos que van en contra de atajar la corrupción, de la transparencia y el comportamiento ético: la no asunción hasta la fecha de responsabilidades políticas y técnicas cuando dos técnicos del Ayuntamiento han sido condenados por el caso del béisbol; el hecho de que los grupos municipales de la oposición no puedan tener representación en los Consejos de Administración de las empresas municipales y fiscalizar la acción de gobierno; la utilización de las entidades locales como redes partidistas; los incumplimientos de la Ley de banderas durante la Diada y que los ciudadanos no tengan derecho de opción lingüística; la concesión de subvenciones y ayudas; y los criterios de contratación de personal que se aplican, sobre todo, desde la empresa municipal Coressa.
Paco Domínguez||