Sube el alquiler, dificultando el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables

Me llamo David, tengo 41 años, soy albañil y estoy en una situación laboral muy precaria. A los 26 años, compré un piso de 105 metros cuadrados, cuatro dormitorios y dos baños en Viladecans. En la hipoteca, mi entonces mujer y yo introdujimos los 20 millones de pesetas de la vivienda, más los gastos de la boda y, posteriormente, también metimos la compra de dos coches valorados en 40.000 euros. Todo lo íbamos pagando en cómodas cuotas hasta que llegó la crisis. Al principio, pude mantener mi trabajo pero con el tiempo, las obras se empezaron a reducir y la empresa en la que trabajaba fue despidiendo gente. En el 2010, me tuve que hacer autónomo para poder continuar con mi puesto en la compañía, pero como cada vez cobraba menos, pues decidí pedir el paro a la vez que combinaba mis trabajos. Esto me permitió mantener los 3.000 euros que cobraba tiempo atrás. Yo pensaba que la crisis duraría poco y que las cosas mejorarían, pero no ha sido así. Cinco años después, sigo como autónomo, sin paro y sin vivienda…. Pagar 1.200 euros de cuota hipotecaria fue imposible, decidimos vender el piso pero nos daban mucho menos de lo que necesitábamos para liquidarla. Finalmente, llegamos a un acuerdo con el banco y firmamos una dación en pago. Mi mujer se ha ido a vivir con sus padres y yo no he tenido más remedio que volver a casa de los míos.

Cuando te encuentras e esta situación, te sientes como un completo fracasado. Antes de la crisis, yo me comía el mundo. Cuando llegaban estas fechas, comprábamos un jamón y le regalábamos otro a mis padres y mis suegros… En las comidas familiares, siempre poníamos lo mejor y ahora, no tengo absolutamente nada. Hace años que no me puedo comprar ropa, lo que llevo es lo que me ha quedado de los buenos años. Hace un año, cuando me separé de mi mujer y entregamos el piso, me fui de alquiler a un piso en Sant Boi. Entonces, pagaba 500 euros por una vivienda de 60 metros cuadrados y tres habitaciones… Debido a la falta de trabajo, no pude pagar el alquiler y me fui a vivir a Cornellà con mis padres. Intento buscar una nueva vivienda porque mis padres me quieren ayudar a pagarla, pero realmente no me lo puedo permitir. Los alquileres han subido y ya no tengo opciones…” La historia de David es una de las muchas que nos encontramos en el Baix y en L’Hospitalet. El repunte económico que se ha experimentado a principios de este 2015, ha hecho que los alquileres hayan subido. A modo de ejemplo, en el 2013 en Sant Boi de Llobregat, podíamos encontrar viviendas de 60 metros cuadrados, de dos o tres habitaciones por 450-500 euros. En diciembre de 2015, este mismo tipo de inmueble asciende a los 600. Esa diferencia de cien euros es crucial para muchas familias que sufren pobreza energética, que son trabajadores pobres o que tienen importantes problemas para llegar a final de mes.

Obligado nuevo esfuerzo municipal
Algunos municipios, como Cornellà, han ideado proyectos sociales para fomentar la vivienda social, pero sin demasiado éxito. Este ayuntamiento ha creado un Fondo de Vivienda Social donde, en un primer momento, se buscaban 40 pisos privados vacíos que se quisieran destinar a alquiler social. El consistorio pagaría 500 euros a los propietarios y de los cuales, las familias adjudicatarias, todas en situación de vulnerabilidad, asumirían 180 euros o un poco más en función a sus ingresos. Después de una larga búsqueda de pisos privados y a fecha de octubre, sólo se han registrado 18. “La verdad es que la gente no está concienciada con la necesidad de una vivienda social y prefieren alquiler su piso en el mercado privado porque saben que sacarán más de 500 euros al mes”, explica el Síndic de Greuges de Cornellà.En esta misma línea, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha pedido a las entidades bancarias que destinen a alquiler social sus pisos vacíos y se ha ofrecido como garantía en caso de impago. En alcalde de la ciudad, Enric Llorca, ha asegurado que “el objetivo es conseguir ampliar el parque de vivienda a precio social para dar una salida a las personas que tienen necesidad de un piso en un momento especialmente difícil como consecuencia de la crisis económica que vivimos”. Otros ayuntamientos de la zona también han hecho esta petición a los bancos, la gran diferencia es que el consistorio de Sant Andreu ha creado un fondo económico especial para pagar posibles impagos entre este colectivo, apostando por el cumplimiento de la Constitución española que recoge la necesidad de todo ciudadano de disponer de una vivienda digna.

Estas navidades, muchos ciudadanos como David no tendrán una casa que decorar con abetos o espumillones. No la tendrán porque han sido víctimas de “una España que va bien” cargada de una burbuja inmobiliaria que acabó petando y que ha salpicado a todo tipo de ciudadanos, independientemente de sus estudios, su sector laboral o su nacionalidad. Y en medio de esta situación, las Administraciones competentes se han olvidado de ellos, dejando la situación en medidas paliativas por parte de los ayuntamientos. III