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A vueltas con los pisos y los proyectos urbanísticos
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(Foto: Eva Jiménez - BCN Content Factory)

A vueltas con los pisos y los proyectos urbanísticos

L'Hospitaleando - Por Eva Jiménez

lunes 02 de mayo de 2016, 09:50h
Las medidas aprobadas en el último pleno municipal destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias en riesgo de exclusión residencial han quedado en entredicho al recurrir el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones ante el Tribunal Constitucional algunos puntos de la Llei 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión para este martes donde grupos y entidades municipales, representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alcaldesas del Área Metropolitana de Barcelona –incluida la de L’Hospitalet, Núria Marín-, entre otros agentes, estudiarán la manera de hacer frente a la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Llei 24/2015 nació gracias a una Iniciativa Legislativa Popular presentada por la PAH y permite, entre otros asuntos, que los municipios puedan obligar a las entidades financieras a ceder durante un tiempo los pisos que mantengan vacíos durante más de dos años. Si recuerdan, el Ayuntamiento de L’Hospitalet abrió hace poco 39 expedientes sancionadores contra el Banco Santander y Banco Popular por negarse a ceder las viviendas deshabitadas.

Todo apunta que este nuevo conflicto entre el Gobierno central y Catalunya volverá a elevar la temperatura del independentismo, a pesar de que el PP alega que se trata de una cuestión meramente competencial, esto es, que lo que realmente quiere es garantizar la igualdad de derechos entre todos los españoles.

Por otro lado, en el pleno del 26 de abril también se rechazó una moción presentada por ERC para preservar la zona agrícola de Cal Trabal. Votaron totalmente en contra el PSC y los concejales no adscritos Cristina Santón y Rafael Jiménez; y, parcialmente, el portavoz de CiU, Jordi Monrós. El debate entre Gobierno y oposición sacó a colación la necesidad de una mayor consideración hacia las demandas de los vecinos, presentes en el acto con pancartas de protesta, ya que Cal Trabal es tan sólo una pequeña parte de lo que constituye el Plan Director Urbanístico de la Gran Vía, un proyecto que pretende expandir el modelo de la plaza de Europa hacia las afueras de la ciudad. El equipo municipal no parece dispuesto a replantearse nada, pues aprovecha las visitas institucionales para seguir recabando apoyos. Esta semana le tocado al vicepresident Oriol Junqueras, quien ha apoyado las demandas de la alcaldesa e incluso ha reconocido una deuda de 10 millones de euros por parte de la Generalitat hacia el municipio.

¿Todo por el pueblo pero sin el pueblo?

El pleno del Ayuntamiento duró siete horas, de cinco de la tarde a doce de la noche. En pleno debate sobre la Llei 24/2015, una señora mayor se incorporó y solicitó a la alcaldesa poder intervenir. La alcaldesa le contestó que en ese momento no podía hacerlo, a lo que ella replicó, en voz baja, “es para poder irme”. ¿Podría haberlo hecho en otro momento, adecuado a su edad y condición física? ¿No podría el Partido Popular promulgar una ley similar a la aprobada por el Parlament y así garantizar la igualdad de todos los españoles? ¿Qué ocurre para qué el PSC no promueva mecanismos para canalizar las peticiones de los vecinos?

Esta escena, el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional y la indiferencia del PSC ante las demandas ciudadanas me llevan a pensar si nuestra democracia del siglo XXI sigue bebiendo de los postulados del Despotismo Ilustrado, una filosofía política del siglo XVIII que aseguraba hacerlo todo por el pueblo, pero que al mismo tiempo no lo consideraba suficientemente preparado como para decidir por sí mismo.

Volvemos, de nuevo, a poner todas nuestras esperanzas en la educación y la cultura, que sin duda son el primer paso. Y por eso celebramos el premio que ha recibido la ciudad por el programa de Aprendizaje y Servicio que desarrollan los centros educativos para promover la convivencia, la cohesión y la participación. Y por eso nos alegramos de que ya falta menos para poner en marcha la Escuela de Segunda Oportunidad, que permitirá aprender un oficio a los jóvenes que no han conseguido acabar la enseñanza obligatoria.

Pero no nos engañemos. Dos no se escuchan si uno no quiere. Y, con los actos que he comentado y las actitudes que revelan, corremos el riesgo volver a la época de la burbuja inmobiliaria y los grandes proyectos-fracasos urbanísticos, donde algunos sólo veían una parte de la realidad, la que más les convenía. Aprendamos de los errores y escuchemos a todas las voces, antes de que sea demasiado tarde. Nunca sabremos lo que aquella señora mayor quiso comunicarnos en el pleno.

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