Los nueve economistas expertos para alumbrar el nuevo modelo de financiación local han propuesto al Gobierno permitir que los ayuntamientos puedan financiarse con recargos sobre la cuota estatal del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y también sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como ya lo hacen en nuestra comarca con el tributo metropolitano al transporte.
El informe entregado al Gobierno el 26 de julio, trata de recuperar la antigua capacidad de los ayuntamientos para fijar incrementos en el Impuesto sobre la Renta. Con el actual modelo, estos recargos no existen, si bien los municipios que son capitales de provincia o que tienen más de 75.000 habitantes reciben el 1,6875% de la cuota líquida del Estado en ese impuesto del IRPF. En nuestra comarca, solo superan esa cifra de población L’Hospitalet, Cornellà y Sant Boi. La propuesta de los «sabios» de la financiación va más allá y critica las “disfuncionalidades” de este modelo, ya que penaliza «en exceso a las localidades que han aumentado su población».
También retocar el IBI
Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, los expertos proponen que los recargos se articulen a través de las Diputaciones por la complejidad de su gestión. En la actualidad, casi la totalidad de los ingresos del IRPF van al Estado y a las comunidades que se lo reparten por igual: el tributo es el que tiene más músculo recaudatorio, con 72.346 millones solo el año pasado en toda España.
Los expertos locales también sugieren retocar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la joya de la corona tributaria de los ayuntamientos que recauda más de 12.000 millones en toda España. En concreto, los sabios proponen “mejorar la homogeneidad temporal en la determinación de las bases fiscales”. La intención es aproximar la base del impuesto a los valores reales de mercado y ajustar los tipos para evitar incrementos abruptos de la recaudación. En la actualidad, el valor catastral equivale al 50% del valor de mercado, un límite que la Comisión para la Reforma Fiscal de 2014 ya había sugerido elevar. De hacerlo, la presión fiscal del IBI sería superior a la actual, por lo que los expertos proponen ajustar los tipos. La intención es que el impuesto dependa más de la fluctuación de los precios inmobiliarios y menos de las revisiones catastrales.
Los sabios también recomiendan diferenciar entre tres tipos de municipios a la hora de diseñar el futuro sistema de financiación local. Al margen de Madrid y Barcelona, casos en que la comisión de expertos considera que su financiación debería recogerse en sus propias cartas de autonomía local, el informe diferencia entre municipios de más de 20.000 habitantes, con mayor autonomía, y los de menos población. Los expertos también recomiendan armonizar la tasa turística que grava las estancias en Cataluña y que pasen a ser gestionadas por los municipios.
Asimismo, los expertos abogan por una reforma completa de la tarta tributaria local. Apuestan por cambiar el impuesto de Actividades Económicas, “para extender y completar las actividades gravadas”, así como revisar la cuantía y las fórmulas de reparto de la financiación específica del transporte urbano.
Plusvalía municipal
Junto al informe, los expertos remitieron su propuesta de reforma de la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional tumbó hace meses el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal) por cobrarse incluso cuando se vende un inmueble a pérdidas. El tributo se regula mediante una ley estatal, la de Haciendas Locales.
Los expertos abogan por un nuevo impuesto que sea deducible de la base imponible de los tributos estatales sobre plusvalías inmobiliarias y que también grave los beneficios al vender generados en menos de un año –en la actualidad, exentos–.
Para calcular si se ha producido plusvalía al vender la vivienda, los “sabios” recomiendan tener en cuenta la diferencia entre el valor del inmueble en la transmisión y su valor de compra, siguiendo los criterios del IRPF y de Sociedades para así gravar la “capacidad económica real” del contribuyente. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había propuesto esta opción junto a que el Catastro calculara coeficientes correctores. Los expertos han rechazado esta última alternativa. Además, la Comisión apuesta por introducir correcciones para tener en cuenta los efectos de la inflación en los valores. III
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