Constitucionalismo o independencia: nadie en la equidistancia

El expresidente Puigdemont está cansado de afirmar que el gobierno propinó un golpe de Estado con la aplicación del 155, que vivimos una deriva autoritaria y que es imposible que en plena Europa haya presos políticos en el siglo XXI.

Desde todos los ámbitos del independentismo se habla en parecidos términos, de modo que más parecería que estamos viviendo en los años previos a la aprobación del Estatut de 1979 e incluso a los años de fundación de la Assemblea de Catalunya, ayer hizo justamente 46 años, que al momento actual cuando está anunciada la convocatoria de la doceava legislatura en democracia.

¿Qué ha ocurrido substancialmente desde 1971 cuando se reclamaba “Libertad, Amnistía, Estatut de Autonomía y coordinación de la lucha antifranquista con el resto del Estado español” hasta ahora mismo, con la Generalitat intervenida y diez políticos en las cárceles? Que el país, de la mano de Jordi Pujol que no quiso tocar nunca el Estatut de 1979, y de la de Maragall, que promulgó uno nuevo que solo reclamaba la clase política, fue derivando hacia el descontento del autogobierno, mientras crecía en paralelo la tesis de la independencia.

Es decir, el país ha ido evolucionando a través de la democracia, de una posición de convencimiento de la autonomía, a otra posición de reivindicación de soberanía en la línea de vehicular un Estado propio. Todo esto puede ser muy discutible aunque es absolutamente legítimo. Pero, del mismo modo que para salvar la brecha del centralismo al autogobierno había que pasar de un régimen autocrático a uno democrático, por la vía que fuera la de la colisión con el sistema o la de su modificación legal, para pasar de un régimen autonómico a la secesión, no existía más posibilidad que la modificación legal, porque más allá de la democracia no hay sistema reconocible.

El Estado no se deja, aducirán los independentistas. Y es cierto. El Estado no se deja porque dejaría de ser tal Estado para convertirse en otro Estado y eso no suele ocurrir excepto por la vía de la excepcionalidad: la crisis total o el acuerdo.

Como todavía no estamos en la crisis total —aunque a estas alturas no es descartable del todo— la única opción posible es el acuerdo. Y si no hay acuerdo, lo que hay es confrontación y entonces actúan los dos instrumentos coercitivos de cualquier Estado, también del catalán si algún día los tiene y está en peligro: la fuerza represiva o el imperio de la ley, o ambos a la vez.

No hay política

Cuando eso ocurre y el Estado actúa, se puede hablar de golpes de Estado, de tribunales comprados, de vulneración de derechos humanos, políticos y civiles, de represión brutal, de presos políticos… pero se está faltando a la verdad. Lo que ha habido es confrontación entre el Estado y una parte del Estado y, en esos casos, el Estado tiene siempre las de ganar. Por eso lo civilizado, lo realista y lo inteligente es acordar, aunque acordar suponga pericia, tiempo, sentido de la oportunidad, inteligencia, paciencia, estrategia… política en suma. Desde luego Rajoy ha huido de la política en todos estos años. Pero lo mismo, exactamente, puede decirse del independentismo: ha huido de la política para refugiarse en la queja, en el lamento, en la exageración, en la falsedad, en la propaganda y ha confiado exclusivamente en su influencia sobre Europa y el mundo, y en su influencia sobre la calle. Aspectos nada despreciables cuando se hace política, pero absolutamente hueros cuando en lugar de política se hacen malabares.

Así que ya es hora de decir que no hay vulneración de derechos en Catalunya. Que lo que hay es una confrontación de ideas y de intereses con ausencia de la política para resolverlos. Por ambas partes, ya no tan solo por una de ellas, que ha sido clásica desde el año 2012 porque es cierto que Rajoy jamás quiso hablar de nada. Se podrá alegar: ¿pero si la única alternativa es negociar y una de las partes no quiere, cuál es la solución? En pura racionalidad no parece existir solución aparente, pero si ponemos atención sí que la hay: como que negocian dos partes, hay dos soluciones. O modificar la negociación, es decir, hacerla más interesante, más oportuna, más factible, más inteligente… o facilitar el cambio de la otra parte. En este caso del gobierno. Y esto siempre ha sido, y es, posible.

Mi sensación es que el independentismo se mueve ahora sobre dos variables. La primera es que no habrá independencia posible si no hay acuerdo bilateral. La segunda, que como será imposible un acuerdo bilateral con la otra parte, la única posibilidad es que la otra parte se vea forzada a negociar por la vía de los hechos consumados, es decir, por la necesidad de poner fin a la inestabilidad. Y para ello debe contar inexcusablemente con dos apoyos externos: la presión de la gente y el contexto internacional. Y en ello estamos.

Para que haya presión se ha de dar la impresión de que la situación es caótica, no solo económica, política y socialmente. También en materia de deriva autoritaria y de derechos humanos: presos políticos, tribunales controlados, limitaciones en las libertades. El objetivo ya no es ningún marco racional de convivencia política: ni siquiera el referéndum pactado, que es lo que siguen pidiendo algunas fuerzas y algunos manifiestos que se las dan de equidistantes.

Taparse la nariz

La verdad es que la vía del referéndum pactado es, para el independentismo, una pantalla superada. Sobre la que no conviene pronunciarse abiertamente porque en estos momentos sigue añadiendo presión y eso ya va bien, pero que solo defienden unos pocos y desde luego ellos no. De hecho, la vía del referéndum pactado no se pone en tela de juicio desde el independentismo porque eso desarma al único bloque que se mueve entre dos aguas y lo acerca al soberanismo. Si no fuera por eso, ya lo habrían desprestigiado públicamente porque se le da a la propuesta la misma viabilidad que al acuerdo bilateral: cero.

Así que todos los movimientos que se están dando estos días sirven cada vez más para poner de manifiesto que solo hay dos bandos enfrentados, el constitucionalista y el secesionista que, bajo premisas antiguas y ya totalmente superadas —esas del referéndum pactado y del federalismo—, trata de acercar a su órbita a la transversalidad equidistante. Por desgracia, y si no hay algo de inteligencia política que lo remedie con urgencia, y no parece, solo se podrán votar dos cosas el día 21: constitucionalismo o independencia. En un lado populares, ciudadanos y socialistas. En el otro, los antiguos de Junts pel Si ahora con sus siglas respectivas, la CUP y los Comunes.

Es tan dramático el momento, que muy pocos optaremos por no ir el día 21 a depositar nuestro voto. Solo que algunos lo tendremos que hacer tapándonos la nariz porque no hay nadie en la equidistancia.