Una de las herencias de la crisis económica es la conocida regla de gasto de la Ley de Estabilidad y de Gobernanza Europea que tiene como objetivo, según el Gobierno, cumplir los mandamientos europeos en cuanto al déficit español. Casi seis años después de su aprobación, la situación es contradictoria en muchos ayuntamientos del país que cuentan con sus cuentas saneados, con superávit y, sin embargo, no pueden hacer uso de este dinero por la regla de gasto.
Una norma que está, hoy, más cerca de cambiarse. La proposición de Ley de Podemos ha salido adelante en el Congreso con 175 votos a favor -los de la formación morada, el PSOE, ERC, PDECAT, PNV, Bildu, Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias- y 163 en contra –los de Partido Popular y Ciutadans-.
La proposición ha pasado, pues, el primer examen, además con suspense, puesto que el Gobierno ha intentado vetar la tramitación, pero presentó el informe para ello cuatro minutos fuera de plazo. Según el Ejecutivo, la regla de gasto es una norma que forma parte de la Ley de Estabilidad y de Gobernanza Europea y no es posible cambiar la aplicación, en este caso, para los Ayuntamientos. Así lo considera también Ciudadanos.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido que no hay justificación para que “un Ayuntamiento bien gestionado y con las cuentas saneadas no pueda gastarse el dinero que ahorra en servicios públicos y tenga que darle el dinero al Ministerio de Cristóbal Montoro para que cuadre sus cuentas”. En este sentido, la socialista Susana Sumelzo ha apostado por una solución “intermedia y responsable” entre la “barra libre” de Podemos y la “ley senda” de Montoro.
En el territorio, el inicio de la tramitación parlamentaria ya ha tenido la valoración positiva de la alcaldesa de la ciudad más importante de la zona Llobregat, Núria Marín, de L’Hospitalet.
Marín ha expresado su satisfacción para cambiar el actual apartado que obliga, como decimos, a los Ayuntamientos a destinar el superávit a amortizar la deuda. “No tienen ningún sentido que la normativa actual obligue a destinar el superávit a amortizar la deuda a los Ayuntamientos saneados como el de L’Hospitalet, con una tasa de endeudamiento muy por debajo de lo que marca la ley, que paga a sus proveedores a 11 días y que tiene unas condiciones inmejorables en sus créditos”.
L’Hospitalet tuvo en 2016 un superávit de 20,1 millones de euros, una cantidad que ahora con la ley quedan “frenados”, según Marín, que pide poderlos destinar a políticas públicas y a programas prioritarios para el Gobierno.
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