El Tribunal Supremo ha revocado, en la línea de lo que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la privatización de la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) llevada a cabo por el gobierno, entonces, de Artur Mas, al considerar que hubo un inadecuado proceso de adjudicación.
De esta manera, el Tribunal rechaza el recurso presentado por la Generalitat y confirma la anulación de la concesión hecha en favor de Acciona en el mayor proceso de privatización hecho nunca por la administración catalana con una cifra total de 1.000 millones en un contrato de 50 años (300 millones de pagos directos más pagos anuales a través de un canon).
El litigio comienza hace cinco años cuando el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), de la Generalitat, emite una resolución –tras recurso de Agbar- en la que consideraba que Acciona tenía que ser excluida del concurso por no respetar unos plazos temporales de realización de obras que se establecía en el pliego de condiciones. Acciona obtuvo, en este punto, un cero, aunque logró imponerse a Agbar con 87,73 puntos frente a los 51,25 de la segunda. Pero Agbar consideró que, por incumplimiento del pliegue de condiciones, Acciona tenía que ser apartada del proceso y presentó recurso judicial.
Por su parte, el TSJC anuló la adjudicación, pero, en concreto, se refiere a una contradicción que hubo en una aclaración a Agbar que no constaba de la misma manera en el pliego. En concreto, la mesa de contratación dijo a Agbar que sí tenía que respetar el orden y secuencia de las obras, mientras que en el pliego del concurso se establecía que el programa era de carácter indicativo. Así, pues, el tribunal consideró que hubo una infracción de los principios de publicidad y concurrencia y, por tanto, hace extensible la anulación de la adjudicación a todo el procedimiento de contratación: “la licitación exigía y exige las consecuencias a las que llegó la Sala de Barcelona”, recoge la sentencia. Es decir, suprimir la exclusión de Acciona –que se ajustó al pliego-, pero, por otra parte, anular la adjudicación de todo el contrato por el inadecuado proceso de licitación.
Mientras Agbar – Aigües de Barcelona muestra su satisfacción y ya ha pedido, igualmente, que se ejecute lo antes posible la sentencia, por el principio de continuidad, se mantendrá por el momento la concesión a Acciona a la espera de que la propia Generalitat pueda llevar a cabo la gestión de ATLL u otra adjudicataria.
Sea como fuere, Acciona ya ha avanzado que reclamará a la Generalitat indemnizaciones que de darse serían millonarias. Como decíamos, Acciona ya pagó 300 millones de euros en pago directo, pero, además, la compensación tendría que cubrir otras partes no amortizadas del contrato. Por otro lado, Acciona sumará la reclamación por daños y perjuicios.
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