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El cisma político del PP de L’Hospitalet llega a la justicia
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El cisma político del PP de L’Hospitalet llega a la justicia

viernes 06 de abril de 2018, 05:19h
Martín y Alonso denuncian a Sonia Esplugas y Alberto Villagrasa por supuestas irregularidades en las cuentas del grupo municipal | La dirección local del partido expulsa del grupo a Martín, ya como no adscrito, y abre expediente para hacer lo propio con Alonso

La división del Partido Popular de L’Hospitalet sigue sumando nuevos episodios de confrontación entre su presidenta, Sonia Esplugas, con el apoyo de la dirección del PPC, y dos de los concejales del grupo e históricos miembros del partido como son Francisco Javier Martín y Pedro Alonso.

Un cisma político que, después de años de recriminaciones y retórica por ambas partes, llega por primera vez a la justicia. Francisco Javier Martín y Pedro Alonso han denunciado a la actual presidenta local Sonia Esplugas y a Alberto Villagrasa, ex presidente provincial del partido, por supuestas irregularidades en las cuentas del grupo municipal. Un paso al frente que ha comportado la inmediata expulsión del partido de Martín y la apertura de expediente que derivará en la correspondiente expulsión de Alonso. Ambos no renunciarán, en ningún caso, a sus actas de concejales y quedarán, pues, como no adscritos. Martín ya lo es y Alonso lo será en breve, más después de no hacer el discurso de su grupo municipal en el último pleno sobre el Estado de la ciudad lo que da prácticamente por hecho que será expulsado más pronto que tarde.

Martín y Alonso consideran, tal y como recoge la demanda introducida en fecha de 1 de marzo, que los dos compañeros de partido habrían utilizado el dinero del grupo municipal para fines partidistas. Unos hechos que, según ellos, conoce la dirección actual del partido: “Yo pongo de manifiesto esto en noviembre de 2016, con un escrito al Comité de Derechos y Garantías, pero durante este tiempo el Comité no dice nada y solo cuando se le acaba el dinero es cuando deciden expulsarme”, explica Martín a El Llobregat.

Según el ya concejal no adscrito, estos hechos lo saben tanto el actual presidente provincial del PP de Barcelona, Daniel Serrano, de Cornellà, como el mismo Xavier García Albiol, actual presidente del PPC, con el que se firma un pacto de siete puntos para aceptar que Esplugas volviera como portavoz tras su baja maternal y en medio de las diferencias: “Este problema con ella viene de siempre. Antes de la baja maternal, hubo un momento en el que no se podía tener el asesor que eligió allí”, dice Francisco J. Martín sobre Señén Cañizares, ex concejal y elegido posteriormente como asesor tras quedarse a las puertas de la representación en el pleno municipal (iba como número cuatro en las listas y el PP de L’Hospitalet obtuvo tres concejales).

Partido “destrozado”
“Nosotros no nos enterábamos absolutamente de nada; si no iba Esplugas iba él, pero no nos contaba nada. Hablé con ella en diciembre de 2015 y le propuse un cambio en marzo de 2016, pero ella lo que hizo fue empezar a hacer reuniones con afiliados e intentar hacerme el vacío. Luego me quitaron las llaves de la sede, las claves de la alarma y no nos quedó otro remedio que cambiarla”. Un cambio que llegó, no sin críticas, en el momento en que Esplugas cogió la baja maternal. Fue entonces cuando Martín, elegido nuevo portavoz del grupo, se informó de la situación: “Abrí entonces una cuenta del grupo municipal en la que no había gente del partido como hasta entonces”, asegura Martín.

Se refiere a una cuenta que abrió Alberto Villagrasa y en la que estaba también Sonia Esplugas y, luego, el mismo Martín. “Firmamos, como decía, un acuerdo delante de Albiol; volvió a ser portavoz, pero, en cambio, no ha cumplido ninguno de los puntos. Ella ha seguido utilizando los fondos del grupo municipal con Villagrasa. Le pedí a él, por correo, que trasladase el dinero, porque sin la firma de uno de ellos no podía hacerlo yo y, en cambio, han seguido utilizando el dinero hasta que se les acabó”.

Martín pone ejemplos como la tradicional carpa de las Fiestas de Bellvitge, una carpa que se pagó con fondos municipales, pero que, sin embargo, según dice, nunca se ingresó la recaudación de los días de la festividad, con lo que, según supone, esta cantidad fue a parar a las estructuras del partido: “Pedí el ingreso de esta recaudación; pero no tuve respuesta”.

Por todo, el ex concejal popular asegura sentirse “decepcionado” por su partido: “Es una situación esperpéntica en un momento tan delicado políticamente para Cataluña y el partido. Me siento muy decepcionado por el partido en el que llevo toda la vida, desde los 18 años; y tengo 46. Sobre todo, por algunas personas y por su presidente, García Albiol, que prometió una regeneración y, al final, va a ser el que declare la defunción del PPC. Ha demostrado su incapacidad y su inacción, sobre todo, para limpiar y regenerar el partido”, dice Martín, que considera el partido “destrozado”. “Da pena que por un tema así se haya destrozado el partido en una ciudad como L’Hospitalet. No existe ya porque la gente conoce esto y la militancia, pues, se está dispersando y yendo”.

Debates sin resolver
Al cierre de esta edición no hay respuesta de la denuncia, una denuncia que recuerda al caso que llevó a la justicia Albert Comellas, del PDeCAT de Esplugues. En ambos casos, se habrían dado supuestos casos de irregularidades en los que se hace uso de las partidas públicas del grupo municipal para finalidades partidistas.

En este caso, la justicia ya ha avanzado en el proceso judicial tomando en consideración la demanda y sentando en el banquillo a siete cargos de la cúpula del partido local.

Sea como fuere, la semejanza de estos dos casos vuelve a poner sobre la mesa el debate de la financiación de los partidos políticos, que podrían acabar buscando alternativas a los mecanismos legales para su beneficio, así como la desprotección de los “alertadores” al levantar el dedo sobre posibles casos de corrupción.

Según el ‘Informe País’, coordinado por FIBGAR, España está a la cola en este sentido tras analizar a los 28 países de la Unión Europea. Algo que, a nivel europeo en general, el Parlamento ya ha adoptado una resolución a favor de desarrollar medidas legítimas para proteger a los alertadores (whistleblowers). III

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