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El alcalde de Cervelló se desmarca de la estrategia del PSC y rotula las señales de tráfico en castellano y catalán
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El alcalde de Cervelló se desmarca de la estrategia del PSC y rotula las señales de tráfico en castellano y catalán

jueves 03 de mayo de 2018, 20:40h
Una ola de mociones municipales de Ciutadans a finales de 2016 y principio de 2017 abrió el debate sobre la rotulación de las señales de tráfico en castellano y catalán, alegando que las personas multadas podían no pagar las sanciones.

Según la aritmética política, Ciutadans logró en algunas ciudades como L’Hospitalet o Esplugues sacar adelante en un primer momento la moción con el voto favorable del PSC que, desde el gobierno local, votaba a favor más por imperativo legal que no por convicción.

Prueba de ello es que en Esplugues, por ejemplo, el PSC retiró el apoyo un mes después ante las dudas legales y, en el resto de municipios, la estrategia socialista es la de no aplicar esta moción. No ocurre lo mismo en Cervelló. El alcalde del municipio, José Ignacio Aparicio, se ha desmarcado de esta vía y ha aplicado en diferentes fases el vinilado de las señales de tráfico en castellano y en catalán.

“Llegamos a un acuerdo para no cambiar las señales ya instaladas, sino hacer las nuevas en bilingüe tal y como dice la norma general de tráfico”, explica a El Llobregat Luis Díaz Vargas, líder de Ciutadans en Cervelló. “Estamos muy contentos de que se cumpla la normativa y poder estar en dos idiomas. Creemos que es una riqueza para todos porque no estamos excluyendo a ningún idioma como hacen otros”, añade el también responsable de logística del partido naranja a nivel nacional.

De esta manera, antes de verano de 2017, se pusieron las primeras señales nuevas en bilingüe en los polígonos de Cervelló con rótulos como ‘Remolques en todo el polígono / Remolcs en tot el polígon)’ y, ahora, en abril, se ha completado prácticamente la rotulación en ambos idiomas con las señales de las zonas verdes de las urbanizaciones más cercanas a Corbera. Solo quedarán algunas muy concretas, por ejemplo, en el centro del municipio.

A favor por el voto de calidad del alcalde
Pese a su aplicación, la medida está llena de contradicciones políticas. Para empezar, la moción se aprobó con los votos favorables del PSC y Ciutadans (seis concejales de los trece totales) debido a la no asistencia de un concejal del grupo municipal de CiU. Ante el empate en la votación, que tendría que haber sido contraria, el voto de calidad del alcalde decantó a favor la moción.

Se votó, en cualquier caso, en un momento en el que el PSC contaba con un acuerdo de gobernabilidad con Ciutadans y que, por tanto, se podía entender. Lo curioso es que ese pacto se rompió y desde junio de 2017 el PSC gobierna con el apoyo del grupo municipal de Convergència i Unió (formado por Jordi Civit, del PDeCAT, y Marian Herrero, asociada a Unió en el momento de las municipales de 2015).

Por su parte, Aparicio, que ha sido jefe de alcaldía en Sant Joan Despí desde 1997 y, por tanto, mano derecha de Antoni Poveda, alcalde del municipio y secretario comarcal del PSC, da la razón a las voces internas del PSC comarcal que, según ha podido saber El Llobregat, le tienen considerado como una figura muy independiente a la estructura y a los mandamientos del partido.

“Irracionalidad absoluta”
Sea como fuere, el principal partido de la oposición, ERC, habla de una “incomprensión absoluta”: “No entendemos por qué Aparicio quiere entrar en una guerra de lenguas, cuando nunca ha habido ninguna. ¡Esto es el Baix Llobregat!”, exclama el concejal republicano Josep-Ramon Mut que reconoce a El Llobregat, por primera vez y ante tal debate, su condición de castellanoparlante y pide expresamente hacer la entrevista en castellano. “Convivimos castellanoparlantes como yo con catalanoparlantes y con parlantes de mil y una lenguas. El idioma no es un problema. Al contrario, ofrece una multiculturalidad que nos enriquece.

En este sentido, califica de “ridículo” la traducción: “Es, como dice mi madre, que es castellanoparlante, como si la trataran de tonta. No hace falta ponerlo en castellano para que se entienda. Y gastar dinero público en esta tontería, cuando hay señales de tráfico que por el tiempo han quedado destruidas y no se cambian. Es de una irracionalidad absoluta”.

Mut considera que gracias a la rotulación en catalán o la inmersión lingüística “ha hecho que personas como yo podamos hablar bien tanto en castellano como en catalán” y defiende una “discriminación positiva totalmente necesaria”: “Pones la televisión y cuantos canales ves en castellano y cuantos en catalán, la prensa… Es la Administración la que se ve obligada a hacer esa discriminación positiva. Y yo soy un ejemplo de que gracias a eso puedo hablar catalán”.

Dudas legales
Por otro lado, el concejal republicano asegura que incluso la norma les da la razón: “La Ley 1/1998 de Política Lingüística lo establece muy claramente en que las administraciones tienen que utilizar como mínimo el catalán”, defiende Mut. “Solo en Cervelló se está aplicando esta medida: ¿qué me están diciendo que todas las multas del resto de municipios de Cataluña se podrían recurrir tan fácilmente?”. Se refiere, efectivamente, a la Ley de Política Lingüística que, junto a la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya, la Ley de Carreteras y las competencias en vías públicas que tiene la Generalitat permitiría esta rotulación solo en catalán y que, de hecho, fue el marco legal que hizo al PSC de Esplugues dar marcha atrás en su votación para pedir un informe a la secretaría municipal.

En contra, los defensores de la moción se acogen al cambio de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (6/2015) que entró en vigor en 1 de enero de 2016. Unas dudas jurídicas que el Tribunal Constitucional, en el año 2010, podría haber respondido. Nos referimos al artículo 6.2 de la ley autonómica, que recogía el derecho y deber de los catalanes de conocer tanto el castellano como el catalán. Este artículo fue, finalmente, considerado “inconstitucional y nulo”, puesto que, según el tribunal, los catalanes solo tenemos “la obligación constitucional de conocer el castellano”, con la excepción de los funcionarios.

De esta manera, jurídicamente, los catalanes no tienen la obligación de saber catalán y, por ahí, podrían encontrar una grieta para no pagar la multa. III

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