¿Qué quieren y qué reclaman los jueces?

Los juzgados de Gavà sufrieron el pasado 3 de mayo un acto vandálico protagonizado por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, en protesta por la sentencia de La Manada que dictó unos días antes la Audiencia Provincial de Navarra y que generó un gran debate social. En el vídeo compartido desde el propio Twitter del núcleo Gavà-Arran se aprecian a tres encapuchados martillo en mano que la emprenden a golpes contra los cristales de la puerta principal de acceso a los juzgados y realizando una pintadas con frases como “Esto es una guerra”, “Que tiemblen” o “Contra la justicia patriarcal defendámonos juntas”.

Los atacantes del edificio de Gavà no tuvieron problemas en afirmar “Nosotras somos La Manada”, y en otra acción similar realizada ese mismo día en Sabadell colgaron de un puente de esta ciudad a cinco muñecos que simulaban ser los cinco condenados por el caso, en una suerte de reivindicación de la pena de muerte para los acusados. Los activistas de Arran consideraron que el poder judicial es “solo una pata más de un sistema que diariamente nos declara la guerra” y clamaron por la “autodefensa colectiva para conseguir vidas dignas”, en lo que pareció una llamada velada a aplicar la ley del talión o a tomarse cada cual la justicia por su mano.

La crítica a esa sentencia, como a cualquier resolución judicial es perfectamente legítima y ahí están las vías de los recursos para intentar modificar el fallo si no se comparte, pero resulta inadmisible canalizar la protesta a través de amenazas e intimidación a los jueces. Ni con los que dictaron la sentencia, ni muchos menos con unos compañeros de profesión de Gavà ajenos por completo a los hechos y que ejercen a 500 kilómetros de distancia. En muchas ocasiones, la crítica a la justicia olvida las condiciones de trabajo de jueces y fiscales en España, con la falta de medios materiales y humanos y carencias de todo tipo que no facilitan el trabajo.

El ataque a los juzgados de Gavà fue denunciado de inmediato por la Asociación de Fiscales y por la Sección Territorial en Cataluña de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con un mensaje de apoyo. Horas después de que se produjera ese incidente, la junta de jueces de Gavà acordó adherirse al comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y los diversos pronunciamientos de las asociaciones de jueces y fiscales reclamando respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial. Era el preámbulo de una jornada de convocatoria de huelga que tuvo lugar el pasado 22 de mayo, después de unos paros parciales unos días antes. Pero ¿qué reclame an los jueces?

14 medidas necesarias
El comunicado que firmaron de manera conjunta todas las asociaciones de jueces y fiscales leído el 5 de abril en las puertas de los juzgados de toda España y de las audiencias provinciales, se explican las 14 medidas que se proponen para mejorar el servicio público de la administración de justicia. Son actuaciones de todo tipo que deberían realizar las Cortes Generales, en tanto que poder legislativo; el Gobierno, del que depende la aplicación de las leyes; el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces y magistrados de España, y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. No son medidas que defiende una parte de la magistratura y la fiscalía, sino que han sido asumidas meses atrás por unas 1.200 juntas de jueces de toda España y que contaron con la adhesión de 3.500 jueces y magistrados.

Así, con el fin de reforzar la independencia del poder judicial, el verdadero caballo de batalla para asegurar una justicia independiente, el manifiesto propone que los veinte miembros que forman parte del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces y magistrados “asegurando la igualdad de género y la representatividad”. Ahora son los partidos políticos los que deciden los nombres y pactan el reparto de manera proporcional al número de diputados y senadores que tienen.

Otra de las reivindicaciones pasa por que se ampare “de modo efectivo” a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. La incesante judicialización de la política producida en España en los últimos años, que algunos consideran en realidad politización de la justicia, ha provocado críticas de algunos representantes políticos a los jueces o a los tribunales que dictaran determinadas resoluciones, sin que esos profesionales recibieran públicamente ninguna nuestra de apoyo del CGPJ en la mayoría de las ocasiones

La retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es otra de las reclamaciones por entender que esa modificación coartaría el ejercicio de la función judicial y vaciaría algunas de la competencias que ahora tiene el CGPJ. El órgano de los jueces designa ahora a los altos cargos judiciales en destinos de relevancia, como el Tribunal Supremo, la presidencia de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas o las presidencias de las Audiencias Provinciales con criterios en ocasiones subjetivos que en ocasiones parecen responder también a un reparto de cuotas entre las diversas sensibilidades judiciales. Por eso, las asociaciones de jueces y fiscales creen que es necesario que el nombramiento se haga “con perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por mayoría cualificada”, frente a la actual mayoría simple. En el caso de los tribunales superiores de justicia existe una cuota de magistrados que también eligen los parlamentos autonómicos y que se reclama suprimir.

Calidad y eficacia
El manifiesto leído frente a los edificios judiciales también aboga por modernizar la Administración de Justicia para aumentar su calidad y eficacia. Para ello reclaman del Gobierno el aumento de la planta judicial y de fiscal, para que España deje de ser uno de los países de cola de Europa en la proporción de jueces. Los datos del Consejo de Europa reflejan que en España existen 10,1 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 17,4 de Portugal, los 20,2 de Austria o los 24,5 de Alemania. La media europea está situada en 19,8. Para acabar con este déficit se reclama que salgan de la Escuela Judicial de Vallvidrera al menos 300 jueces en cada uno de los próximos cuatro años. La adecuación y en muchos casos dignificación de los edificios judiciales, que corresponde a las comunidades con competencias transferidas o bien al Ministerio de Justicia, es otra reclamación, además del proceso de digitalización para agilizar la tramitación de los procedimientos y dotar a los juzgados de equipos psicosociales que permitan la atención a las víctimas.

La necesidad de racionalizar la planta judicial es otra reclamación de jueces y fiscales y para hacerla posible es necesaria la implantación de los llamados tribunales de instancia, una idea recogida en un proyecto de ley de 2011 y que está aún muy lejos de hacerse realidad. La puesta en marcha de esos nuevos tribunales comportará una nueva organización colegiada que acabará con los actuales reinos de taifas y agrupará, en sus respectivas secciones especializadas, a los responsables de los juzgados unipersonales de un mismo partido judicial. Mientras se hace realidad ese anhelo, se reclama que se creen los juzgados suficientes para atender el incesante aumento de la litigiosidad en España, que ahora se traduce en 126 asuntos por cada mil habitantes, contando todo tipo de materias: civil, penal, laboral, contenciosa, menores, etc. Al mismo tiempo, se reclama el fin de la precarización de la función de juez y fiscal, que ahora se concreta en la adscripción forzosa a un destino en la asignación de plazas, y que se suprima la figura del juez sustituto y juez de refuerzo.

La oficina judicial, que es la organización de carácter instrumental que sirve de apoyo a la actividad de los juzgados y tribunales, también debería revisarse sobre las experiencias piloto que se ha llevado para hacerla más eficiente. Al mismo tiempo, se reivindica que sean compatibles los diversos sistemas informáticos que ahora se emplean en los diversos órganos jurisdiccionales de España y se debería dotar de medios personales y materiales a los funcionarios públicos (policías, inspectores de hacienda, entre otros) que tienen competencias en la lucha contra la corrupción, siempre bajo la supervisión de jueces y fiscales.

El comunicado también aborda la necesidad de mejorar las condiciones profesionales y se reclama la necesidad de convocar la Mesa de retribuciones para que jueces y fiscales recuperen el nivel salarial que tenían en 2010, antes de que se aplicaran los recortes económicos. También creen que es necesaria la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal, así como recuperar el régimen de vacaciones y permisos, incluido el de paternidad, que estaba vigente hasta que se modificó la ley en 2012.

Cargas máximas de trabajo
La necesidad de implantar cargas máximas de trabajo a un juez o un fiscal, con la participación de las asociaciones profesionales en la fijación de los criterios y la adopción de medidas de prevención es otra reclamación, además de garantizar la adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial para lograr la igualdad de derechos pasivos con respecto a los beneficios que ahora tiene cualquier ciudadano afiliado a la Seguridad Social. A diferencia de lo que sucede con la inmensa mayoría de profesionales, jueces y fiscales no se jubilan hasta los 70 años y a partir de esa edad han de abonar un porcentaje del importe de las medicinas, algo que no ocurre con el resto de jubilados.

En el ámbito concreto del ministerio fiscal, se reclama la derogación de los plazos máximos para la instrucción de una causa. Ahora es de seis meses y se puede prorrogar si está justificada la complejidad del procedimiento. Lo que se pretende es que se dote de los medios personales y técnicos necesarios a la fiscalía para agilizar la investigación de las causas y dar una respuesta que no se demore en el tiempo, pues la justicia que llega tarde en muchas ocasiones sirve de poco. Del mismo modo se pide que se paralice la implantación de la justicia digital si no se garantiza el correcto funcionamiento de los programas y equipos y que la formación de los fiscales se atribuya a la Fiscalía General del Estado. La necesidad de reforzar la independencia del ministerio fiscal, para que no se vea como una estructura dependiente de las directrices del Gobierno, y la autonomía presupuestaria son otras de las reclamaciones.