Playas, plazas y plenos

Es un hecho que crece la tensión social en Cataluña. ¿Dónde está el límite? Hay una estrategia clara del independentismo, y coincidente con la llamada de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) separatistas, a “la movilización permanente” y a “ir más allá de las manifestaciones”. Es decir, al acoso, el señalamiento y la agresión. Se equivocan con esta táctica política cortoplacista y ponen en riesgo la paz social en Cataluña.

El espacio público es de todos, incluidos aquellos a los que no nos gustan esas cruces amarillas y tenemos derecho a considerar que la playa es un lugar para otras cosas. No cabe poner paños calientes ante quienes pretenden desnaturalizar nuestras playas con invasiones de su simbología por doquier. Deben ser espacios respetados, de exquisita neutralidad política.

Nadie puede apropiarse espacios que son de todos; ni playas, ni plazas, ni aceras, ni carreteras; ni tampoco plenos municipales.

El límite está en el respeto a los Reglamentos y las leyes que aceptamos los demócratas y que regulan nuestra convivencia.

Debemos evitar que este enfrentamiento civil en Cataluña crezca como lo está haciendo; sin prisa pero también sin pausa. Por esto mismo, no debemos consentir que el independentismo se adueñe de nuestras calles, playas o plazas con la connivencia de nuestros alcaldes.

Como la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, del PSC, que ha permitido que el CDR local se adueñe de nuestro pleno municipal, convirtiéndolo en algo más parecido a su asamblea que a un pleno municipal, amedrentando a todos los cargos electos que representamos a la Cataluña no nacionalista.

Y no es la primera vez, en otro pleno municipal acudió gente que había sido denunciada por la policía local por haber llenado de lazos amarillos el puente de la ciudad en pleno período electoral (expresamente prohibido por la Junta Electoral en las elecciones autonómicas recientes); otro ejemplo de invasión del espacio público sin ningún respeto a la neutralidad política con “nocturnidad y alevosía” muy conscientes de lo inapropiado de su acción.

Parecían pensar que iban a contar con la pasividad de la alcaldía del PSC como en otros tantos casos, y así vino a corroborarlo la propia Pilar Díaz en el pleno, delante del grupo numeroso de los denunciados y sus acompañantes de la ANC. La alcaldesa se justificó dando a entender que no se hubiera actuado si por ella fuera, y que la denuncia de la policía local se produjo por una llamada de un concejal de la oposición. Se refería a un servidor, por cierto.

Pienso firmemente que estos actos de ocupación del espacio público no deben contar con la pasividad ni del gobierno central ni de la máxima autoridad municipal. III