El Tribunal Superior de Justicia da la razón a la Autoridad Catalana de la Competencia, que en 2015 impuso sanciones por 1,7 millones al Ayuntamiento, Àltima y a los gestores del hospital de Bellvitge, el Duran i Reynals y el General.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha confirmado la multa de 1,7 millones de euros que la Autoridad Catalana de la Competencia, de la Generalitat, impuso en 2015 al Ayuntamiento, a Àltima y a los gestores de los hospitales de Bellvitge, el Duran i Reynals y el General.
En 2015 el consistorio aseguró que no había cometido ninguna irregularidad en la gestión de los servicios funerarios e interpuso un recurso en el TSJC, que ahora se ha desestimado.
Las sanciones están distribuidas de la siguiente manera: 800.000 euros para Àltima, 500.000 para el Ayuntamiento, 300.000 para los gestores de Bellvitge, 100.000 para los del Duran y 25.000 para los del hospital General.
El caso salió a la luz a raíz de una denuncia presentada por una funeraria de Sant Sadurní d'Anoia en 2011, cuando el hospital de Bellvitge se negó a entregarle un difunto, argumentando que una ordenanza municipal reservaba todos los servicios a Àltima, aunque el sector se liberalizó en 1996.
Ciudadanos, en un comunicado, ha exigido responsabilidades al gobierno de Nuria Marin por lo que considera una "gestión pésima" de un servicio público como es el de funeraria, y ha recordado que las arcas municipales "reciben el 12% de lo recaudado por las funerarias".
De hecho, esta tarde se debate en el Pleno la modificación de crédito necesaria para pagar la multa.
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