Ha hecho caso de un informe de la Guardia Civil en el que se acredita que los dos activistas del CDR de Viladecans y Esplugues no forman parte de ningún grupo terrorista.
El juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, ha remitido la causa contra los dos vecinos del Baix Llobregat a los juzgados ordinarios, que ahora tendrán que determinar si los imputan por delitos de desórdenes públicos.
La noticia la ha hecho pública el bufete de abogados Salellas en un auto fechado el 6 de noviembre, en el que el titular del juzgado ha hecho caso de un informe de la Guardia Civil, pedido por la fiscalía, en el que se acredita que los dos activistas no forman parte de ningún grupo terrorista.
Tamara Carrasco tiene aún restringida su libertad de movimientos a través de una medida cautelar que le impide salir de Viladecans menos para ir a trabajar a Bar5celona.
Por su parte, Adrià Carrasco sigue en Bélgica, a donde huyó en abril después de la operación Cadera, en la que la Guardia Civil detuvo a Tamara.
Desde la plataforma Adri Et Volem a Casa han celebrado la decisión, pero apuntan a que todavía se desconocen los delitos que les pueden imputar en el tribunal en el que recaiga la causa y que el delito de desórdenes públicos puede suponer penas de prisión, además de recordar que Tamara Carrasco sigue "confinada" en Viladecans.
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