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El AMB abre la puerta un socio privado que aporte 'músculo financiero' a su operador de vivienda
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El AMB abre la puerta un socio privado que aporte "músculo financiero" a su operador de vivienda

miércoles 30 de enero de 2019, 18:26h
El Consejo Metropolitano da luz verde a la licitación para incorporar a un privado que pueda gestionar un parque de viviendas de alquiler. El grupo metropolitano de la CUP muestra su rechazo a la medida y asegura que así se "regalará" suelo público a empresas para que sigan "enriqueciéndose" con la construcción.

De esta manera, el operador de vivienda metropolitano se convertirá en una sociedad de economía mixta. La licitación para incorporar a un privado en dicho operador saldrá publicada en el perfil del contratante de Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) y estará abierta durante dos meses para que los interesados puedan presentar propuestas.

Desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) explican que se busca a este tipo de socio para que aporte "músculo financiero, conocimiento en la promoción, construcción y capacidad para la posterior gestión de un parque de viviendas de alquiler.

Por otra parte, la junta general de HMB ha aprobado una ampliación de capital de 12 millones de euros que suscribirán a partes iguales los actuales socios del operador. Una ampliación de capital que ya recibió el visto bueno del Consejo Metropolitano y de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en septiembre. Además, el AMB aportará dos fincas de Sant Boi y Montgat, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona aportará 6 millones de euros.

La CUP lo rechaza y tilda la decisión de "despropósito"

El grupo metropolitano de la CUP rechaza la decisión del ente supramunicipal de incorporar a un socio privado. "Es imperdonable ceder la iniciativa al sector privado", afirma Eulàlia Reguant, portavoz cupera en el AMB. "Nosotros seguiremos trabajando por las políticas públicas de vivienda lejos de las lógicas de ganancias empresariales. La vivienda es un derecho, no una mercancía", añade.

Los anticapitalistas defienden que la creación de una empresa mixta que gestione la vivienda protegida supone dejar "en manos privadas" la capacidad de "interponer demandas de desahucios de aquellas personas que se vean en situación que les impida afrontar el pago de las rentas".

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