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Pérez de los Cobos declara como testigo.
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Pérez de los Cobos declara como testigo.

6 de marzo 2019. Preguntas sin respuesta

Como era de esperar, los testimonios del delegado del gobierno Enric Millo y del coordinador de las fuerzas de seguridad durante el contencioso de octubre en Cataluña, el coronel Pérez de los Cobos, resultaron muy gráficos acerca de lo que sucedió esos días.

Ambos se explayaron con todo lujo de detalles en sus actividades, opiniones y referencias en las distintas reuniones en las que estuvieron presentes pero también, sin entrar en grandes valoraciones, en lo que percibieron de lo que estaba ocurriendo a nivel general.

Naturalmente, cada uno ve la fiesta con sus propios ojos, pero no se puede obviar que lo que declararon resulta muy congruente con lo que se vivió. En esencia dos grandes cosas: que la celebración del referéndum se organizó concienzudamente para que se movilizaran todos los que estaban a favor de la independencia y unos cuantos más que siempre estuvieron por el derecho a decidir, más allá de cualquier impedimento, y que quienes lo tenían que impedir estaban en el mismo bando de quienes convocaban. Esto es: los Mossos de Esquadra habían prometido no intervenir primando la preservación de la convivencia, sobre todo si se congregaban colectivos extensos y vulnerables, sabiendo de antemano que lo que se estaba preparando era una defensa pasiva de colectivos extensos y vulnerables, decididos a desobedecer a los jueces y al gobierno central votando.

Millo toca hueso

Millo fue muy prolijo en detalles —y en las últimas horas se ha hecho mucha mofa del fairy que según su testimonio algunos concentrados echaron en unos cuantos colegios para que resbalaran los antidisturbios—, pero lo auténticamente importante de su valoración no era tanto destacar que se congregaran miles de personas para votar, como que esas miles de personas una vez habían votado se mantuvieran en los centros para defender las urnas y evitar que se cumplieran los mandatos judiciales para que fueran confiscadas.

En su declaración se vislumbraba un destacado giro en el foco de los datos que se habían valorado hasta ahora, y que parecían inquietantes para los intereses de los acusados, porque por primera vez se desplazaba el debate político sobre el derecho al referéndum, del incumplimiento directo de un mandato judicial. La batalla final del juicio, parecía poner de manifiesto Millo, no se centra en el derecho a poder votar en un referéndum aunque fuera impedido políticamente por el gobierno, sino al incumplimiento directo de una orden judicial que obligaba a la requisa del material electoral. Complementariamente, ponía el acento en la preparación de la protesta, que se acercaba mucho a una especie de conspiración para rebelarse contra las órdenes judiciales: la ocupación de los centros escolares como excusa para la realización de actividades extraescolares justamente la noche previa a la convocatoria del 1-O, precisamente para garantizar la actividad electoral e impedir la actuación de la policía judicial en el caso de que se presentase a cumplir la orden del juez.

Si la declaración de Millo fue substancial en ese aspecto, todavía lo fue mucho más la del coronel De los Cobos, puesto que Millo no podía tener criterios fácticos de como se debía de cumplir la orden judicial de requisa, pero él si, puesto que había sido nombrado para coordinar las acciones de Mossos de Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional, en sus actuaciones conjuntas como policía judicial para impedir el referéndum. Su testimonio tuvo, a mi juicio, dos partes muy diferenciadas. La primera, en la que expuso todo lo ocurrido en la coordinación de las fuerzas hasta el 30 de septiembre. Y la segunda, en la que explicó lo que las distintas fuerzas hicieron durante la jornada del 1-O y justificó, por lo tanto, la acción policial allí donde actuó contra las concentraciones de ciudadanos en los colegios electorales.

Se hace difícil resumir en pocas líneas ni siquiera la impresión global de su testimonio, pero voy a fijar la atención en dos aspectos de cada una de las partes de su declaración. El primer aspecto en lo correspondiente a lo ocurrido antes del 30 de septiembre, cuando puso de manifiesto la clara animadversión del mayor de los Mossos d’Esquadra (ME) ante un nombramiento que se había considerado hostil y no ajustado a derecho desde el primer día. El segundo, cuando el mayor de los ME fijó los límites de su actuación para hacer cumplir el mandato judicial, en el bien superior a preservar que era el mantenimiento de la convivencia ciudadana. Ambos datos, en la perspectiva de Pérez de los Cobos, ya resultaba suficientemente elocuente de la respuesta que se podía esperar, sobre todo cuando el operativo que presentaron los ME resultaba en número y en organización, claramente insuficiente para poder cumplir con eficacia el mandato judicial.

Justificar lo injustificable

Lo sorprendente de la declaración de Pérez de los Cobos llegaba, sin embargo, en el relato de los hechos del 1-O, cuando intentó justificar la brutal actuación policial que sólo consiguió una tremenda publicidad en contra, sin impedir la celebración de buena parte de las votaciones. Aquí es donde la rigurosa lectura de los antecedentes del 1-O que resulta comprensible y coherente, pierde toda comprensión y coherencia por lo que ocurrió después.

La cuestión es bien simple. Había 2.300 centros electorales donde se pretendía organizar un referéndum prohibido judicialmente. Las fuerzas judiciales para impedirlo sumaban 14.000 efectivos, de los cuáles, 8.000 eran de los ME cuyos mandos ya habían confirmado que enviarían un binomio —2 efectivos por colegio— y sólo actuarían en caso de agresión. La ocupación de centros escolares en la noche anterior o durante la madrugada, sin ningún impedimento de los ME, garantizaba que habría concentraciones masivas en la mayoría de los sitios y, aún así, Pérez de los Cobos pone en marcha un operativo de “propia iniciativa” —es decir de los 6.000 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional ante lo que ya consideran que es una estrategia de pasividad de los ME— para requisar material y cerrar 200 colegios, de los que en más de un centenar ha de haber cargas, hechos violentos y quizás heridos, como es bien evidente.

No hace falta ser muy experto en nada para ver que todo el esfuerzo de ese día va a arrojar unos resultados más bien baldíos. Y si eso lo ve cualquiera, con más razón lo tenía que ver el coronel De los Cobos, en cuyo caso habría que preguntarse por las razones de tamaña temeridad. Es bien posible que esas razones, inexplicables solo por su ineptitud, tengan mucho que ver con todo lo que nos está pasando. Si estaba claro que con los ME no se podía contar, ¿por qué no se actúa de inmediato para, preventivamente, cumplir con los mandatos judiciales? ¿Por qué nadie le dice al magistrado que dicta la requisa que, si se espera al 1-O, eso va a resultar imposible? ¿Por qué se toleran enfrentamientos entre policía y población civil cuando se sabe que esas imágenes son totalmente improductivas para evitar el referéndum?

Hay muchas más preguntas que respuestas y después de Millo y de los Cobos, lo auténticamente trascendente son, ahora mismo sin duda, las preguntas.

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