El último de los testimonios de peso de esta semana sucedió en la mañana de ayer al coronel De los Cobos que dejaba pendientes algunas respuestas de los abogados defensores.
Habló, sin difusión de su imagen, la secretaria judicial del Juzgado 13 de Barcelona que se encargó de los registros judiciales en la vicepresidencia de la Generalitat durante el día 20 de septiembre de 2017 y que supuso la concentración de Rambla Catalunya, que algunos acusadores han considerado tumultuaria y proclive a la sedición. También fue muy detallista y explícita pero si algo puso de manifiesto es que es una persona temerosa y asustadiza y muy expuesta a los condicionantes externos.
De los Cobos habló a primera hora para ratificar sus opiniones del martes si acaso con mayor acento: no solo la policía actuó conforme a derecho sino que ni siquiera hubo cargas. Más allá del concepto técnico de lo que es una carga policial, afirmar que no hubo cargas después de ver las imágenes apabullantes de la policía actuando en los centros de votación, explica suficientemente cual es la personalidad del coronel. Por decirlo de una manera simple: es incapaz de ver lo que ve todo el mundo, lo cual indica que su lectura de la realidad es bastante sui generis y muy particular. Así se explica en buena parte que actuara como actuó: impartiendo órdenes de actuación en los colegios, cuando ya se sabía que el fracaso de la actuación policial estaba cantado. Si lo que se quería era cumplir el papel de policía judicial que la magistratura había encargado a los tres cuerpos policiales coordinados por el coronel, lo peor que podía hacer era actuar por su cuenta, precipitadamente y de manera unilateral, porque era evidente que una operación dirigida al éxito en este terreno requería la coordinación real y efectiva de todos quienes debían actuar, con antelación suficiente, con la confianza necesaria entre todos los cuerpos policiales y con actuaciones previas que garantizaran dos cosas: que los colegios iban a estar cerrados antes de la hora de inicio de las pretendidas votaciones y que no hubieran los requisitos imprescindibles para el ejercicio del voto; esto es: censo, papeletas, mesas constituidas y urnas.
Lo cierto es que desde muchos meses antes y especialmente en los últimos días de septiembre de 2017, de los Cobos era conocedor de sus dificultades para garantizar que los Mossos d’Esquadra (ME) actuarían de forma efectiva y coordinada. No tenía ninguna garantía —sino todo lo contrario—, que los colegios estarían expeditos a la hora de ser abiertos y no podía asegurar que no habrían papeletas, urnas, ni mesas constituidas. Es decir, lo previsible es que no se pudiera parar el ejercicio del voto. Entonces, ¿para qué enviar unos dispositivos de policía a crear situaciones de violencia, que no solo no paralizarían el proceso sino que lo podían activar a lo largo del día, como de hecho así ocurrió?. Pues para demostrar que el coronel cumplía con su deber, al margen del éxito de la propuesta. Porque el coronel es un militar, que pone por encima de cualquier opción razonable el mandato recibido, aunque el uso de la fuerza no garantice el éxito de lo ordenado y provoque más daños de los que intenta impedir. A él no le toca razonar: le toca actuar. Y precisamente a quienes les tocaba razonar dejaron todo el peso de la reflexión en quien no estaba predispuesto para ello. Pérez de los Cobos era la peor elección del magistrado que ordenó la requisa de material y el cierre de colegios, y la peor opción de los responsables —irresponsables, más bien— políticos que le pusieron al frente de la coordinación del operativo. Y así nos fue…
Pero además, se ponía de manifiesto otra cuestión fundamental: los Mossos solo obedecían a sus mandos políticos, no a la judicatura ni al gobierno central. Y al forzar de facto esta realidad ponían de manifiesto su voluntad de rebelarse contra el Estado instituido. La dejación de los Mossos como palanca de actuación de los otros cuerpos policiales dejados al albur de la improvisación, estaba en condiciones de evidenciar la fragilidad del Estado y, consecuentemente, la naturaleza del levantamiento tumultuario de la población y el papel dirigente de quienes favorecían la resistencia de la ciudadanía y la desidia de los ME. No creo yo que nadie del ministerio del Interior tuviera en la cabeza tal estrategia, ni tampoco de los Cobos, Nieto o Millo, y ni siquiera los magistrados del 13 o el Tribunal Superior, pero sí Llarena, que es a quien debe adjudicársele esta visión global de los acontecimientos, más tarde respaldados concienzudamente por la Fiscalía General y la Abogacía del Estado.
Dependerá del éxito en desmontar categóricamente esta cuestión, que la sala del Tribunal Supremo sentencie por todos los delitos de los acusadores o por solo unos cuantos. La rótula del caso no parece estar, pues, en la desobediencia política, sino en la utilización de un cuerpo policial como instrumento de rebelión, sedición o lo que sea…
En ese mismo extremo se situó la declaración de Montserrat del Toro, la secretaria encargada de los registros del 20 de septiembre en Barcelona: la secretaria asustada por la concentración pacífica en Rambla Catalunya, que no se atrevió a moverse de las dependencias hasta la madrugada. Por sus declaraciones se supo que la intendente de los ME, que estuvo en las dependencias del registro a primera hora de la mañana desestimó, como parece evidente por lo acontecido, un destacamento de protección de la comitiva judicial en la calle, antes de que se concentraran miles de ciudadanos. De eso mismo se quejaron los Jordis en sus comparecencias, pero ellos responsabilizando de la negligencia a la guardia civil y a la policía nacional. Lo cierto es que parece que eran los ME quienes tenían las atribuciones correspondientes a la protección de seguridad de la comisión judicial, especialmente por lo que respecta a la protección de la calle. Otra vez los Mossos en el punto de mira…
Más allá de ello, la secretaria judicial vio pocas cosas y se alarmó en demasía. La tuvieron que ayudar los Mossos a saltar una valla de un metro y cometió demasiados errores de confianza. Confió en quienes le indicaron que no había garantías de seguridad de entrada y salida del edificio, que la guardia civil no protegía la entrada de personas en las dependencias de registro, que los tumultos de la calle no permitían salir a comer ni que nadie les trajera comida, y que incluso llegara a reconocer la voz de la presidenta del Parlament, como una de las personas participantes en la megafonía de los concentrados, cuando no se había pasado por allí en todo el día. Demasiadas debilidades para que sus apreciaciones hayan tenido la fuerza de un testimonio contundente y fiable. Para postres, es la única testigo que ha pedido una reserva de imagen con unos motivos muy poco justificables por excesivos: el miedo al acoso. No es extraño que el abogado de Junqueras se permitiera la osadía de preguntarle por sus simpatías con Unidad Nacional Española y que fuera previamente recusada por sus afinidades españolistas.
El turno de testimonios menores de la tarde apenas supuso mayores inconvenientes. Si al Tribunal le faltaban datos sobre el papel jugado por la policía autonómica en el procès, con las declaraciones de quienes esperaban el papel neutral que le corresponde como instrumento autonómico del Estado, se habrá hecho una idea bastante aproximada de sus acciones en los momentos clave. Tampoco los abogados de la acusación pudieron modular excesivamente esas impresiones porque, entre otras cosas, no se juzga ahora mismo al mayor Trapero. Lo vertido hasta ahora, desde luego no parece que le favorezca en absoluto.
Si (
No(
