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26 de marzo. La contaminación de origen
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26 de marzo. La contaminación de origen

Cualquiera que hubiera escuchado con detenimiento en su día la conversación grabada entre el periodista Carlos Enrique Bayo y el jefe judicial de la Guardia Civil Daniel Baena, encargado de la instrucción judicial de atestados contra los implicados en el procés, no tendría duda alguna de que todo el entramado que servía de causa para la imputación en el juzgado número 13 de Barcelona, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después en el Tribunal Supremo, no habría prosperado en una situación de normalidad porque estaba manchada de raíz.

El defecto de base provenía del hecho de que, quien tenía la misión de supervisar los atestados policiales útiles para la imputación de delitos, utilizaba en las redes sociales un seudónimo muy crítico con el proceso independentista y con todos sus protagonistas conocidos, de modo que era virtualmente incompatible la indispensable neutralidad del instructor y la visceral crítica del twitero cuando ambos recaían en la misma persona. La persona era, por lo que reconoció directamente en la conversación grabada, el propio Daniel Baena, y el seudónimo Tácito, muy reconocido en aquellas fechas hasta que, a partir de las informaciones de prensa, desapareció de las redes.

Pues bien, el testigo de la última sesión del juicio hasta ahora, fue el teniente coronel Daniel Baena, interrogado con intensidad durante cerca de seis horas, dada la importancia de su actividad como responsable de todos los informes que han sustentado la investigación de los procesos abiertos sobre el independentismo, este del Supremo y también los que siguen en marcha en otros juzgados. De modo que su testimonio era clave y la verosimilitud de sus afirmaciones fundamental para la validación de los delitos. En casi todos los terrenos Baena se salió bastante con la suya excepto en lo que se refería a Tácito, donde las defensas, especialmente el abogado de Junqueras y Romeva, metieron a consciencia el aguijón, sabedores de que la debilidad en su testimonio haría necesariamente mella en el sostenimiento de buena parte de las acusaciones. Baena lo negó todo en este ámbito y aunque tenía que llevarlo muy bien preparado, se puso claramente de manifiesto que este es el punto más vulnerable —y el más significativo— de su testimonio.

Marchena dijo en su momento que los informes y atestados valen lo que valen en un juicio oral y que por lo tanto, no era imprescindible que las defensas insistieran machaconamente en la manifiesta animadversión del testigo en lo referente al procés y a los acusados. Seguramente él es el primero que tiene eso claro y Baena no lo disimuló un ápice. Se empleó muy a fondo en señalar el “proceso insurreccional” de los acusados y nadie se había atrevido a tanto, pese a que en ningún momento se mostró pasional sino expresamente distante y neutro. Su testimonio fue, sin embargo, la culminación de la ristra inmensa de testimonios de guardias civiles, protagonistas en todos los ámbitos de actuación durante aquellos días, que se mostraron expresamente beligerantes contra el independentismo y las actuaciones insensatas, por ambas partes.

Ahora bien, el testimonio de Baena no debiera terminar aquí. Si Baena era Tácito en twiter —y el mismo lo reconoció en la conversación grabada, aunque después, consciente de su inmenso error trató de marear la perdiz— Baena mintió, y debiera ser procesado porque un testigo no puede mentir en un juicio oral. Si Baena era Tácito, todos los informes que sirvieron como materia inicial y sustantivo de las acusaciones del instructor, debieran invalidarse por contaminación. Si Baena era Tácito, no solo su testimonio, sino el de todos los guardias civiles que participaron bajo su supervisión en los atestados, en los registros y en la requisas, adolecen de falta de rigor y de objetividad y no debieran ser tenidos en cuenta por el tribunal.

Contra Baena pudo haber actuado en su día el ministro del Interior Zoido, quien negó que hubiera pruebas que confirmaran que Tácito y Baena eran una misma persona; también la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, del nuevo gobierno Sánchez, que quitó consistencia a la prueba grabada y también el juez Marchena que no consideró procedente ni necesario interpelar como testigo al periodista que grabó la conversación con el teniente coronel. Cada uno esgrimiendo sus razones, han dejado que la duda razonable sobre su actuación de raiz se haya ido extendiendo hasta el testimonio de ayer mismo, que vuelve a hacer sospechosa tanta virulencia contra un independentismo que parece evidente que desobedeció la ley, que quizás pueda llegar a probarse que gastó recursos que no debía para asuntos relacionados con aquel sueño, que quizás pueda llegar a probar algunos indicios de insurrección en momentos muy puntuales, pero que lo sigue teniendo complicado en cuanto a la evidencia de la sedición y a la rebelión violenta. A pesar de Baena y de los suyos.

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