Una de las noticias más importantes de hoy, a mi juicio —y por lo que diré más adelante también a juicio del procés— tiene que ver con la iniciativa colaborativa que han tomado diversos medios de comunicación del país para luchar contra la desinformación en la campaña de las elecciones generales y que puede funcionar como verificación de hechos —fact checking en inglés— para cualquier acontecimiento informativo digno de tal nombre.
La iniciativa tiene un nombre: “Comprobado”, y se ha puesto en marcha gracias a un proyecto en vías de consolidación, Maldita.es, que actúa de la mano de First Draft News, una plataforma de verificación de contenidos para periodistas, imprescindible en el mundo de hoy donde la intoxicación, los bulos, las medias verdades o las falsedades de bulto son instrumentos habituales de toxicidad informativa.
Esto no es nuevo. Siempre ha habido intoxicación en forma de noticias pero desde que las redes ocupan un espacio informativo de primer orden sin control ninguno y sin deontología que defienda la veracidad de los mensajes, el problema de la mentira, que se hace pasar por información contrastada y cierta, adquiere magnitudes tremendas. Hoy nos cuesta dilucidar entre lo auténtico, comprobado y contrastable, de lo falso, exagerado o contaminante, porque tenemos una inflación informativa que circula por múltiples canales sobre los cuales no hay control ni verificación a corto plazo. No solo los medios de comunicación que debieran velar por la autenticidad han sucumbido a ello. También las redes, especialmente, y los políticos que se dejan llevar por este engranaje en el que se puede decir cualquier cosa porque nadie lo controla de inmediato y, si alguien tiene el coraje o la paciencia de controlarlo, llega tarde casi siempre.
Lo más curioso de esta ola de toxicidad que todo lo invade tiene que ver también con el juicio ante el Supremo por los hechos en Cataluña. Si alguien está presionado por la verdad es un testigo en un juicio penal, como se encarga de explicar Marchena ante cualquier compareciente. Pues bien: resulta sorprendente hasta qué punto las apreciaciones sobre hechos comprobables pueden llegar a ser tan discutibles por lo contradictorias que son en ocasiones. Hasta el extremo de que quienes seguimos los testimonios, podemos llegar a convencernos de que algunas afirmaciones de los comparecientes son absolutamente falsas si se comprueban las imágenes de violencia en los colegios del 1 de octubre que monopolizaron casi en exclusiva las fuerzas de orden público.
La manía de Marchena —quizás manía metodológica, pero manía al fin— de bloquear la visualización de algunos vídeos grabados esos días ante acontecimientos que se citan en las declaraciones, empieza a ser ya claramente perjudicial para los acusados, porque impide poner de manifiesto hasta qué punto lo que vivieron los cuerpos de seguridad en aquellos desalojos, explicado en detalle por los testigos, tiene difícil ajuste con la verdad o, simplemente, es falso. Apenas cuenta que los vídeos se tengan que visionar en sesiones completas de observación de pruebas documentales porque el efecto de ese visionado cuando los testimonios ya se han olvidado, sirve para tener una idea concreta de los hechos pero se obvia la voluntaria mentira de lo testificado. Además de que esos testimonios refuerzan la imagen distorsionada de la violencia que desataron los unos, frente a la resuelta, pero en absoluto violenta, oposición de los otros. Esto está siendo tan reiterativo que, aparte de que resulta soporífero para los que siguen las sesiones del juicio, cuestiona claramente la versión de quienes participaron en las acciones de desalojo y requisa de material durante las acciones del 1-O.
Hay más. Porque la policía y la guardia civil que intervinieron, no solo falsean la realidad acomodándola a sus sensaciones, sino que involucran por sistema a la policía autonómica que no secundó su manifiesta represión exagerada en muchos casos, haciendo un ejercicio evidente de impasibilidad para no verse también involucrada en la barbarie de golpes y atropellos que todo el mundo pudo observar. La policía tiene el monopolio de la violencia que ejerce el Estado y eso ya lo sabemos. Lo ridículo es que quieran hacer ver que el monopolio responde a su voluntad de defenderse de la violencia de los concentrados cuando resulta claramente absurdo, por innecesario e ineficaz.
Lo que ocurrió el 1-O fue que la gente montó barreras humanas para desobedecer a los jueces que consideraban que votar era delito cuando ellos consideraban totalmente lo contrario: que votar era un derecho. Lo que dice la ley está bien claro pero lo que quería la gente también. Hacer casar los deseos sentimentales o democráticos con la letra de la ley es lo que no se puede improvisar. Por lo tanto, es evidente que el resultado de lo que ocurriera el 1-O no podía tener eficacia jurídica alguna. Podía tener eficacia civil. De resolución civil, de voluntad democrática pero las voluntades democráticas al margen de la ley deben esperar a que la ley las ampare para ser efectivas.
Ante eso había tres opciones: prohibir efectivamente el acto democrático y civil eliminando papeletas, urnas, censo y gente. Permitir el acto civil a sabiendas de que no podía tener ninguna repercusión legal, como ocurrió en el 9-N o buscar la peor solución: convertir el acto civil democrático en un espectáculo de represión. Que la policía y la guardia civil quieran ahora disfrazar la peor opción como una respuesta lógica a quienes querían votar, supone dos cosas: que se implican insensatamente en los errores políticos de quienes los mandaban a un sinsentido, y que con esa implicación dan un pésimo mensaje a quienes les critican. Parece que, en efecto, no solo cumplían órdenes, sino que las cumplían satisfechos y contentos de reprimir a los separatistas.
Ni la policía ni la guardia civil debieran expresar ante lo que ocurrió ninguna complicidad. Más bien todo lo contrario: pesar, porque les mandaron a una escabechina represiva sin ningún sentido y debieran estar absolutamente cabreados con sus mandos y con quienes involucraron a su mandos… y no es eso lo que transparentan en sus testimonios. Eso les quita simpatías en Cataluña, con toda la razón, y no beneficia para nada un futuro harmónico con las fuerzas policiales del país. Si sus mandos fueran inteligentes, hablarían de órdenes insensatas y de soluciones técnicas que sirvieron para poco. Lo peor, sin embargo, no es que sus mandos sean más o menos inteligentes sino que son ideológicamente perversos, porque lejos de ser unos elementos profesionales y por ende neutrales, son unas fuerzas satisfechas de reprimir a quienes consideran que actúan contra la idea de España. Puede que sea así, pero ellos no son nadie para juzgar. Están ahí, como explican, para cumplir órdenes y no pensar. Pues que no piensen…
En eso los Mossos les llevan una buena delantera. Quizás se lo tomaron con más distancia para no complicarse la vida con las autoridades de quienes reciben órdenes. Pero haciendo eso, también se mostraron más técnicos, displicentemente técnicos, que es lo que debiera exigirse a cualquier policía.
Si (
No(
