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La porra del Estatut

Artículo publicado el 26/10/2005

¿Alguien se extraña de que la política interese cada vez menos a la población? Estoy convencido de que, hasta quienes digan que no, en su fuero interno, saben que la dialéctica política al uso, sólo genera desinterés en el ciudadano. Mejor dicho, sólo cabe esperar el desinterés de la población y ..., eso sí, el triunfo electoral.
Sí. La victoria, el triunfo electoral, llegar o mantenerse en el gobierno. Este es el objetivo ante el que todo lo demás resulta secundario. Las convicciones, la ideología, la competencia, el respeto a la verdad, la seriedad; en fin, las virtudes que cabe esperar de un estadista son, actualmente, rémoras que entorpecen el camino del éxito electoral. Sirva de ejemplo el debate sobre el nuevo estatuto de Cataluña.

El «vía crucis» que ha supuesto para la ciudadanía los debates sobre el nuevo estatuto, parece que llega al final del calvario. Estamos en el último paso, aquel en que se torturan las palabras hasta hacerlas perder su significado original.

El pasado lunes, el PSOE hizo pública su posición respecto al nuevo estatuto. Dijeron: el texto no implica una reforma encubierta de la Constitución; ergo, el Partido Popular miente. No obstante, anunciaron que el grupo parlamentario socialista enmendará cuatro aspectos de texto: el concepto de relación bilateral entre España y Cataluña; la definición de Cataluña como nación; la referencia a los derechos históricos de Cataluña y el nuevo régimen fiscal que el texto contempla. Eso sí, quede claro que los socialistas, todos, respaldan lo aprobado por el Parlament y que el PP miente.

Oído lo dicho, permítanme una pregunta: enmendados estos cuatro puntos, ¿qué queda en el nuevo Estatuto que justifique derogar el vigente?... (Sí, si, no se ría amigo lector).

A pesar de eso, estoy convencido de que en los próximos días y semanas, borbotones de palabras intentarán argumentar la cuadratura del círculo... Y si no se resuelve el teorema, ¡qué importa! Se trata de hablar como si se dijera algo y convencer a la opinión pública de que es el otro el que miente.

¿Cómo conciliará el PSOE el actual texto del Estatuto con las posiciones políticas de Bono, Chaves y Rodríguez Ibarra? ¿Cómo puede el presidente Zapatero mantener la palabra dada y,al mismo tiempo, postularse como paladín de la Constitución?

Seguro que cuando el «vía crucis» haya terminado, los politólogos nos explicarán lo ocurrido. Hasta entonces, les propongo jugar una porra.

La puerta del callejón en que se encuentra el PSOE la va a abrir el PP. El PP tiene anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la admisión a trámite parlamentario del nuevo Estatuto. Sostienen los populares que el nuevo texto, de hecho, modifica la Constitución al redefinir desde Cataluña, unilateralmente, el marco competencial y financiero. Esta primera objeción de los populares, es metodológica, de mero trámite parlamentario.Pero, muy importante políticamente, si tuvieran razón y el trámite cabal fuese el propio de una modificación constitucional, el PP contaría con la fuerza parlamentaria suficiente para bloquear la reforma, amén de que un eventual texto aprobado en las Cortes sería sometido entonces a referéndum en toda España, no sólo en Cataluña.

Con independencia de que a uno le parezca bien o mal la propuesta aprobada en el Parlament, me parece un hecho cierto que el nuevo texto, redefine el marco competencial y financiero.Por lo tanto, sin entrar en el fondo del asunto, considero probable que si alguien se lo pregunta, el Tribunal Constitucional sentencie que el nuevo texto del Estatuto, en la medida que modifica el marco competencial, requiere para su aprobación el trámite previsto para una modificación constitucional.

Si esto llegara a pasar, si el Tribunal Constitucional indicase que el trámite parlamentario a seguir es el propio de una modificación constitucional, el PP podría explicar que ha puesto freno a los desvaríos del gobierno. Zapatero, respetuoso con el Tribunal Constitucional, habría cumplido con su palabra; las fuerzas catalanas chocarían una vez más con los imponderables madrileños y ... nos quedamos como estábamos antes de que la palabrería ocupase el lugar de la política.

Amigo lector ¿cree Ud. que el presidente de la comisión constitucional, el diputado Alfonso Guerra -prominente diputado socialista que, recordemos, consensua las nominaciones de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional-, se enojaría si el alto tribunal adoptase esta decisión?

En cualquier caso, que nadie se moleste, esto es sólo una porra.
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