Bueno, lo que parecía previsible que sucediera ha ocurrido por fin y es que la Justicia europea ha dictaminado algo que parecía obvio si se tenía en cuenta la legislación general europea sobre la inmunidad parlamentaria: un parlamentario europeo es inmune desde el mismo instante en que se reconoce oficialmente su elección y no desde que le da permiso la legalidad estatal de turno.
En el caso español, desde que hace el simulacro de reconocimiento constitucional, algo que, desde luego, no puede ser considerado un acto indispensable para adquirir el estatus de diputado europeo.
Así que el conflicto, perfectamente apuntado por las defensas de los eurodiputados electos y por un buen número de magistrados españoles, está servido, porque ahora se dan dos casos circunstanciales muy complejos: uno, la presencia como penado, de Oriol Junqueras, y dos, la ausencia como prófugo, de Carles Puigdemont. Desde luego, ateniéndose a la literalidad de la sentencia europea, parece que Oriol Junqueras fue juzgado sin el reconocimiento íntegro de sus derechos políticos y a Carles Puigdemont no se le puede juzgar en España mientras no se solicite un suplicatorio a la Eurocámara que debe ser concedido para actuar en su contra. Mientras tanto, su presencia en el país gozaría de absoluta impunidad, aunque ni él ni sus abogados se atrevan a tamaña procacidad amparándose en la arbitrariedad de la fiscalia y de los jueces del Supremo. Como mucho, Puigdemont se acercará a Perpinyà, capital de aquella Catalunya Nord que los franceses consideran una simbologia bastante folklórica de las apetencias independentistas de los catalanes del sur.
Con lo que acaba de pasar, cada vez pienso con más determinación que el recurso a la justicia, tanto para los gobernantes españoles que en su día tomaron esa vía o indirectamente la permitieron, como para los imputados Junqueras, Puigdemont y compañía, se ha convertido en un mecanismo exclusivo de obtención de victorias y para castigar al oponente. La prisión condicional, la persecución exterior, el juicio y las sentencias fueron, sobre todo, un instrumento para el castigo aplicado desde el poder y, en el otro lado, en el de los imputados, un mecanismo de trileros para buscar resquicios y complicarle la vida a los jueces, para retorcer las leyes y para burlar al Estado. En ambos casos se ha manipulado a la Justicia desde la Política y hay que decir, en honor a la verdad, que a la Justicia le encanta ser manipulada por el poder aunque eso le comporte perjuicios colaterales nada favorables, como las cosquillas que le han buscado los abogados de los imputados en tantísimas causas.
Una justicia en crisis
De lo que se deduce: 1. Que la justicia no debiera ser utilizada para dirimir confrontaciones políticas, porque ni sirve para ello ni es su cometido esencial. 2. Que sus mecanismos, recursos y sentencias no debieran ser utilizados como castigo —y menos, como castigo político— sino como enmienda, rigurosa y rehabilitante, de lo que se ha hecho mal. Y 3. Que la Justicia debiera recapacitar sobre sus objetivos últimos que no son fortalecer al poder y darle coartadas, sino preservar los derechos de la ciudadanía.
Dudo que esto último pueda ejercitarlo con éxito la clase judicial que tenemos en España. Para ello debiera regenerarse y cortar amarras con el poder político al que se encuentra apegado desde la dictadura. Debiera ser la clase judicial la primera interesada en que sus órganos no fueran elegidos por el Parlamento sino por sus propios mecanismos internos de control y participación. Y si no los tienen, que los creen. El conflicto actual, gravísimo, urge a la magistratura a cortar amarras con la estructura judicial del franquismo sociológico que todavía le sirve de sustento. El ínclito Lesmes, por ejemplo, en funciones y muy criticado por algunas asociaciones de jueces y juezas, ha nombrado un montón de cargos afines que dejarán la justicia española en manos sospechosas de afinidad ideológica con el conservadurismo, por décadas.
Esa justicia española, que ha recibido un terrible varapalo desde Europa, está tan en crisis como el resto de instituciones del Estado y debería ser un poco más modosita a la hora de actuar.
Anular la causa
¿Y ahora qué? Lo primero en estos casos es aceptar la rigurosa enmienda y ser diligentes. Es evidente que el juicio del procés está tocado de muerte, sino por los cargos y por la sentencia, sí por la forma. Y ya se sabe que en la justicia los defectos de forma son fundamentales. Aunque es de muy dificil aceptación, el juicio se debería repetir. O mejor, la causa debería anularse entera. Si lo que se quería era que el independentismo entendiera que no hay posibilidad de actuar contra un Estado de Derecho, articulado sobre unas instituciones que funcionan, puede que ya se haya conseguido. El castigo ya se ha ejercido con la prisión de la mayoría de inculpados hasta ahora mismo.
Puede ser que el independentismo considere que esto de ahora ha sido una victoria sobre unas instituciones que hacen agua y que el sueño independentista sale reforzado. No me extrañaría nada que ese mensaje calara en una parte de la sociedad catalana. Que la Justicia española esté lastrada por su historia y que cometa errores, no és obice para considerar que no tiene fuerza y es eficaz. Y lo mismo se debe pensar del ejecutivo y del Parlamento. Que las instituciones estén en crisis no asegura la desarticulación del Estado. En ocasiones puede ser un acicate extra para su reforma y su redefinición.
Los independentistas estaban hoy que daban saltos. Debieran mirar bajo sus pies porque en realidad seguían siendo saltos sobre el vacío.
Si (
No(
