El polémico proyecto de la Gran Via de L'Hospitalet se abrirá a la participación ciudadana

La batalla entre defensores y detractores del Plan Director Urbanístico (PDU) de la Granvia-Llobregat de L'Hospitalet podría acabar sin vencedores ni vencidos, en un empate técnico, y nunca mejor dicho. La conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de L’Hospitalet –las dos administraciones que forman consorcio responsable de ejecutar las obras de cobertura parcial de la Gran Via desde Bellvitge hasta el río Llobregat y la construcción de un parque biomédico con 26 rascacielos- han acordado “reformular” el proyecto en aras de lograr un mayor consenso y conseguir el visto bueno de los jueces. Y a ser posible también el de los vecinos, que piden una consulta popular sobre la actuación.

Las primeras obras del proyecto, que se aprobó en marzo de 2017, estaba previsto ques se iniciaran en solo unos meses, a principios de 2021 con la ejecución de los trabajos de depresión del tronco central de la Gran Vía y la urbanización del entorno. La obligación de reformular el PDU retrasará el inicio de las obras “un año aproximadamente”, ha lamentado la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín (PSC).

Evidentemente, la decisión del Consorci no es voluntaria, sino una consecuencia de que dos sentencias prácticamente consecutivas de la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hayan anulado el proyecto, por motivos competenciales (el proyecto debería haber sido aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y no por la Generalitat).

Relevancia social y económica

“Acatamos la sentencia pero no la compartimos”, ha indicado el conseller de Territori y Damià Calvet, ha asegurado que ambas instituciones “acatamos la sentencia”, aunque “no la compartimos”., Calvet considera el PDU de la Granvia “es una actuación con una especial relevancia social y económica y que tiene una incidencia que va más allá del propio municipio e incluso del área metropolitana”, lo que, según su punto de vista, justificaría que el plan hubiera sido aprobado en último término por la Generalitat y no por el AMB.

No obstante, el fallo judicial no solo detecta esos defectos de forma sino también alguna iniciativa reprobable, véase por ejemplo el despropósito de situar las zonas verdes en lugares de difícil acceso, como el interior de las rotondas y los espacios libres pero muertos en mitad del scalextric del nudo del Llobregat. Sobre este punto en concreto, la alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña ha asegurado que “según la legislación actual, el PDU Granvia debería destinar 47.000 metros cuadrados a zonas verdes, pero destinará 514.000 metros cuadrados, diez veces más”.

Menores y subsanables

Marín ha aclarado que las zonas verdes sitiadas en lugares poco accesibles ocupan 20.000 metros cuadrados lo que supone un nímio 5% del total de espacios verdes proyectados. Pese a ello, el plan “se mejorará”, ha confirmado la alcaldesa, para dar respuesta a las peticiones del juzgado. Las dos sentencias son fruto de sendas denuncias presentadas por la plataforma No Més Blocs, los grupos municipales de Canviem L’Hospitalet (en su momento IC-V), ERC y la CUP-PA y varias entidades ecologistas como Depana.

Generalitat y Ayuntamiento de L’Hospitalet han corroborado que presentarán de inmediato un recurso de casación contra las dos sentencias, y se han mostrado confiadas que, una vez subsanadas los errores, el PDU logrará la luz verde de la justicia. Porque tanto el dilema competencial como la funcionalidad de las zonas verdes, son dos asuntos “menores y subsanables”. El titular de Territori ha avanzado que la nueva tramitación aportará al PDU más “participación y transparencia”, ha remarcado y que la reformulación se sostendrá en el hecho de que el interés del proyecto va más allá del ámbito puramente metropolitano.

El plan más potente de Cataluña

La alcaldesa de L’Hospitalet se ha alineado con los postulados de Calvet y ha sostenido que el PDU Granvia es “plan más potente que se está trabajando en estos momentos en Cataluña, que pretende generar actividad económica y 20.000 personas en plena crisis”. Núria Marín también se ha comprometido a “esforzarse” para que en el nuevo planteamiento “haya más consenso y más participación”.