En la actual pandemia no se debe considerar el dilema salud y economía, ya que ambas están vinculadas. En consecuencia, no se debe condenar el cierre de un sector económico sin ofrecer alternativas para que no se derrumbe, especialmente si se trata de pequeños y medianos negocios como sucede con los bares y restaurantes.
El sacrificio que debe soportar el sector de la hostelería y otros negocios debe ser compensado por la sociedad, lo contrario supone condenarlos a la ruina. El cumplimiento de las normas impuestas por la Generalitat por parte de estos sectores para combatir la pandemia ha de reconocerse sin más dilación, al haber realizado además una considerable inversión para conseguir dicha finalidad.
En Cataluña las escasas ayudas que se han destinado a estos negocios se han administrado de forma técnicamente ineficaz y caótica. Además, se añade el agravio comparativo al mantener estos establecimientos abiertos en Madrid, donde no obstante se registraba un descenso de contagios.
En definitiva, el cierre de algunos sectores, por razones de protección pública, se debe simultanear con medidas urgentes de soporte económico a los mismos, además de exenciones en el pago de impuestos vinculados a una actividad que no se les permite desarrollar. Así, en Alemania se paga el setenta por ciento de las pérdidas que los negocios sufren como consecuencia del cierre temporal.
La dificultad para el acceso a las prestaciones y las ayudas de la Administración comporta que muchas personas se queden sin ingresos, debido al cierre temporal o definitivo de sus empresas, lo que repercute en el aumento exponencial de peticiones de auxilio que han registrado las entidades sociales, cuyos recursos están considerablemente mermados.
Asimismo, el último informe anual del Fondo Monetario Internacional insta a España a aumentar el gasto sanitario y compensar el impacto económico y social que está provocando la pandemia, ofreciendo por tanto más ayudas públicas a empresas y ciudadanos. Además, sugiere no aumentar los impuestos medioambientales y el resto de tasas, en contra de lo previsto en los presupuestos del Estado para el año próximo, para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Resulta prioritario adoptar medidas de emergencia, para que no aumente más el impacto social de la crisis económica y sanitaria, cuya duración resulta incierta. Para ello, las administraciones públicas no están sujetas a limitaciones de endeudamiento, se trata por tanto de una falta de previsión ante una crisis de enormes dimensiones, que evidencia la incapacidad política administrativa.
Finalmente, y no por ello menos importante, urge una política de recuperación y de reformas estructurales para evitar las vulnerabilidades de la economía y la ocupación, con especial incidencia entre los jóvenes. III
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