Viladecans y El Prat lideran un grupo de ciudades que pide un sistema energético más democrático

Una cincuentena de ciudades españolas, lideradas por los Ayuntamientos de El Prat y Viladecans, han presentado alegaciones conjuntas a la consulta pública que abrió el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático del Gobierno sobre la composición y gestión de las comunidades energéticas. El grupo reivindica más recursos y herramientas para impulsar la transición energética y poder participar de forma directa “en un sistema de gobernanza de la energía más democrático, en oposición al actual” y poder tramitar el bono social.

Viladecans, a través del Consorcio Vilawatt, y El Prat, que han redactado el paquete de alegacionesen nombre de las 50 urbes, reclaman “gestión ciudadana y municipalista de la energía, al tiempo” y todas las garantías para que las comunidades energéticas puedan operar sin afectar a la seguridad del sector eléctrico. Dos de las reivindicaciones incluidas son que las comunidades energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, “permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal”, han explicado fuentes de ambos municipios.

Para mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los 50 ayuntamientos proponen que las comunidades energéticas puedan “facilitar el bono social o las ayudas de las que se disponga en materia de pobreza energética, al igual que deberían poder hacerlo todas las comercializadoras y no sólo las de referencia”, han destacado las mismas fuentes.

Suministradoras locales

También se prevé que las comunidades energéticas -como Vilawatt en Viladecans- puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal. El objetivo final es que las comunidades puedan operar también en la red de distribución de la electricidad, lo que “reportaría beneficios para los vecinos y para el tejido comercial e industrial”, han asegurado desde Viladecans y El Prat.