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El juez anula la contratación de un servicio de videovigilancia del Ayuntamiento de Vallirana
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El juez anula la contratación de un servicio de videovigilancia del Ayuntamiento de Vallirana

lunes 10 de mayo de 2021, 13:15h
El grupo municipal Vallirana ets Tu (VET-Junts) recuerda que la Conselleria de Interior de la Generalitat había avisado dos veces al consistorio sobre la irregularidad de la operación y varias empresas habían presentado recurso

El grupo municipal de Vallirana eEts Tu (VET-Junts), que forma parte de la oposición en el consistorio de la localidad, ha destapado que la justicia ha anulado la contratación del servicio de cámaras de vigilancia con reconocimiento de matrículas de la localidad realizada por el Ayuntamiento de Vallirana. Se da la circunstancia de que la Conselleria d’Interior de la Generalitat había avisado dos veces “sobre la irregularidad de la contratación” al equipo de gobierno que dirige la alcaldesa y presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Eva Martínez (PSC), con anterioridad al fallo, han recordado desde VET.

La adjudicación no ha está exenta de polémica desde el minuto cero. Hasta cinco de las empresas que participaban en el concurso presentaron recursos y la Dirección General de Administración de Seguridad de la Conselleria d’Interior advirtió de que el proceso de suministro y puesta en marcha de las cámaras que se estaba siguiendo “era contrario a la normativa”, subrayan las mismas fuentes.

Jordi Roca, portavoz del grupo municipal de Vallirana ets ha calificado de “grave” que la administración autonómica haya tenido que advertir al consistorio de que “una cosa no se está haciendo según normativa”. Roca ha añadido que además “parece temerario que cuando se insiste en los avisos, desde el equipo de gobierno no se haga caso y se empecinen en seguir actuando como lo estaban haciendo, sin ningún tipo de rectificación”.

Trabajadora readmitida

No es la primera vez que el equipo de gobierno municipal socialista recibe un revés judicial en los últimos meses. A finales de 2020 se hizo pública una sentencia que condenaba el Ayuntamiento de Vallirana
a readmitir a una trabajadora por malas prácticas contractuales pues, según rezaba textualmente en el fallo, se había producido “una discriminación por razón de sexo, lo cual comporta una indemnización”.

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