El pasado 25 de octubre, los agentes de los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaria de Martorell detuvieron a un total de siete hombres y una mujer de diferentes nacionalidades (española, húngara, italiana y uruguaya) entre 36 y 68 años como los presuntos autores de un delito contra los trabajadores y contra la salud pública.
A principios del pasado mes de abril, daba comienzo la investigación al tener conocimiento los agentes de la implantación de una empresa que supuestamente cultivaría plantas de cáñamo industrial ubicadas en unos campos agrarios de Olesa de Montserrat. El cáñamo industrial se trata de una subespecie del cannabis que se cultiva con la finalidad de conseguir fibras o semillas, caracterizadas por la falta de principio estupefaciente (THC).
Los responsables argumentaron en un principio que se trataba de una plantación destinada a la industria farmacéutica y que contaban con todos los permisos necesarios. Tras una primera inspección realizada al inicio, los investigadores comprobaron que en el interior de la plantación había una docena de personas que trabajaban en su cultivo. El horario de trabajo de estas personas era de 12 horas diarias sin ningún tipo de contrato y a cambio de este trabajo recibían una pequeña retribución. Cometiendo de esta manera, además de un delito contrala salud pública, un delito contra los derechos de los trabajadores por parte de los responsables de la plantación.
Las plantas observadas se encontraban repletas de cogollos y no tenían la apariencia de las plantas destinadas al cáñamo industrial. Tras esta investigación, los agentes identificaron a los responsables de la empresa y comprobaron que la plantación no estaba dentro de la legalidad, tanto en ámbito administrativo al no tener los permisos del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural y tampoco disponían de la autorización de la Agencia Española del Medicamento por el cultivo de cannabis y el uso de cogollos con finalidad farmacéutica.
La detención se realizó el pasado 25 de octubre cuando los agentes, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción de Martorell, quien ha tutelado la investigación, se llevó a cabo una entrada y registro de la plantación que se saldó con la captación de 14.000 plantas de marihuana, más de 100 kg de cogollos empaquetados en cajas y siete de los ocho arrestados pasaron a disposición judicial, donde tras el decreto del juez instructor fueron puestos en libertad con cargos con retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir todos los días 1 y 15 del mes en el juzgado que se encarga de la causa penal.
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