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El SIPER logra parar el 42% de las órdenes de desalojo del Prat en 2 años

El SIPER logra parar el 42% de las órdenes de desalojo del Prat en 2 años

Por Esther Collado Ortigosa
jueves 14 de abril de 2022, 11:53h

La tenienta de alcaldía de vivienda ha señalado que este servicio seguirá activo mientras los datos avalen que es necesario

En 2020 el Prat de Llobregat creó el nuevo Servicio de Intervención y Prevención de la Exclusión Residencial (SIPER) y, desde entonces, han logrado evitar que se ejecuten el 42% de las órdenes de desalojo que dictaron los juzgados en el municipio. Concretamente, este servicio ha logrado parar hasta 47 órdenes de desalojo entre los años 2020 y 2021.

La tenienta de alcaldía de vivienda del Ayuntamiento del Prat, Alba Bou, ha hecho un balance de los primeros 2 años en los que este servicio ha estado en funcionamiento, tras lo que ha señalado que este contribuye a parar los desalojos mediante “ayudas sociales para que las familias puedan mantener sus viviendas o conseguir acuerdos entre las familias y los propietarios de estas viviendas a partir de la mediación”. Y es que, entre los trabajos que lleva a cabo el SIPER se encuentra el de apoyar y asesorar, por ejemplo, para solicitar las suspensiones o prórrogas de los desalojos, entre otros.

Además, Bou ha recordado que el SIPER empezó a trabajar “en pleno contexto de pandemia y de emergencia habitacional y de urgencia para muchas familias para pagar los alquileres o los créditos hipotecarios de sus viviendas”, y ha indicado que este servicio continuará funcionando hasta que los datos sigan avalando que es necesario, de manera que puedan “reforzar la coordinación entre los diferentes servicios municipales que atienden familias con problemas de acceso y mantenimiento de la vivienda y con los juzgados del Prat”. Y es que, tan solo durante 2021, el SIPER tuvo que realizar un total de 74 informes de vulnerabilidad a demanda de los juzgados.

Finalmente, Alba Bou también ha indicado que considera que la ley estatal de vivienda, actualmente en tramitación en el Congreso, “ofrece una oportunidad de oro” para “devolver competencias a los ayuntamientos y dotarlos de más recursos”, algo que podría garantizar que los que más tienen “estén obligados de facto a ofrecer alquileres sociales” a las familias con dificultades económicas.

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