El desperdicio comienza en el campo, continua por la industria y finaliza en los establecimientos comerciales.
Se trata de un fenómeno más frecuente en los países desarrollados, donde se desechan un montón de alimentos por no cumplir determinados requisitos estéticos, al haberse deteriorado o considerar que no son aptos para la venta, aunque se pueden consumir perfectamente.
Resulta paradójico que millones de personas pasen hambre en el mundo, mientras los gobiernos buscan soluciones a la abundancia alimentaria. En los países menos desarrollados se desperdicia comida, pero por una razón completamente diferente, como es la falta de recursos y tecnología para su almacenaje, procesamiento y distribución.
La cuestión es que no existe una verdadera conciencia de que tirar comida a la basura sea un problema global y mucho menos individual. Salvar comida, donar y darle un segundo uso son algunas de las soluciones que distintas organizaciones promueven para concienciar sobre el desperdicio alimentario. Se trata de medidas que pretenden implicar a los consumidores en esta lucha global.
La nueva legislación de “Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario” establece que los agentes implicados en la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio. Para ello establece un orden de prioridad, según el cual la alimentación humana está en primer lugar. Además, la industria, la distribución, la hostelería y la restauración suscribirán convenios de colaboración con las organizaciones receptoras de alimentos. Asimismo, en el caso de alimentos no vendidos, pero en buenas condiciones de uso, la ley obliga a transformarlos en alimentos procesados. Finalmente, cuando no resulten aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación de animales o fabricación de piensos, para fabricar combustible o como recursos para la industria.
La norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos promuevan, con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.
Se trata de que los diferentes establecimientos de hostelería y restauración, e instituciones como residencias de mayores, centros sanitarios y educativos, dispongan de programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que cumplan el orden de prioridades establecido por la ley.
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