Ni 24 horas ha durado la esperanza de alcanzar un consenso que dé luz verde a la ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat presentada este jueves por la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de El Prat. La propuesta de convertir en reserva natural buena parte de los cultivos del Parc Agrari del Baix Llobregat ha caído como un jarro de agua fría entre buena parte de los agricultores afectados que ya han expresado su rechazo frontal al proyecto.
La oposición al plan autonómico está liderada por el Institut Agrari, quien considera la ampliación de las ZEPA directamente como “un ataque al sector agroalimentario”. El colectivo agrícola, vinculado a Foment del Treball, sostiene que tanto el Govern “como los Comunes” (en El Prat gobierna El Prat en Comú), han optado “por la vía más fácil” convertir los terrenos de cultivo en espacio protegido “sin que exista ni la más mínima garantía científica y técnica de que eso vaya a ayudar a recuperar la degradación ecológica de la zona”, lamenta un portavoz.
El Institut advierte que ampliar las ZEPA puede traer “la ruina al sector agroalimentario” del Baix Llobregat, lo que a su vez tendría graves consecuencias en el abastecimiento diario de alimentos del Área Metropolitana de Barcelona. “Es imposible mantener sistemas productivos a gran escala dentro de una zona protegida, lo cual llevará a incrementar la dependencia de las importaciones y, por ende, los riesgos de un desabastecimiento del mercado dada la coyuntura internacional”, revelan las mismas fuentes.
Atropello a la propiedad privada
Los payeses defienden que la iniciativa es “un atropello al derecho de propiedad privada de los empresarios agrícolas” ya que la propia normativa de las ZEPA “prohíbe el desarrollo de actividades productivas fundamentales como la modernización de regadíos, la construcción de infraestructuras vitales para la tecnificación de los cultivos o la construcción de invernaderos”. No obstante, la consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, aseguró el jueves en una rueda de prensa que la ampliación de las zonas protegidas será “flexible” e irá acompañada de una modificación del plan especial del Parc Agrari que hará compatibles los usos agrícolas con los ecológicos y “facilitará la instalación de invernaderos”.
El Institut Agrari desconfía de las afirmaciones de Jordà y también carga a cuchillo contra la modificación del plan especial del Parc Agrari pues supone “condenar al sector agroalimentario a la irrelevancia y a la ruina a medio plazo”. Los agricultores reiteran que, en la práctica, habilitar una ZEPA tiene como consecuencia directa “la congelación de la actividad productiva con multitud de prohibiciones y limitaciones para los empresarios agrícolas, lo que la hace incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada debido a las restricciones que impone, sin que estas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental”, subrayan.
El Govern miente
La pagesia acusa al Govern de “mentir” cuando asegura que el único camino posible para cerrar el expediente abierto por la Comisión Europea, responder a sus exigencias y recuperar ecológicamente el Delta del Llobregat pasa por ampliar la actual superficie protegida de forma indiscriminada (más de 400 hectáreas sobre el planteamiento original y 1.200 hectáreas con respecto a la superficie actual). “Si la solución fuera verdaderamente ésta, bastaría con proteger todo el territorio de Cataluña”, ha ironizado un portavoz del Institut.
Los agricultores tildan de “chantaje al territorio” que el Govern vincule el “claramente insuficiente” plan de inversiones en infraestructuras hídricas a la aprobación de la ampliación de la ZEPA”. “El Govern sabe perfectamente que nada de lo que plantea podrá ponerse en marcha cuando los terrenos (objeto de la ampliación) sean una ZEPA” denuncia el Institut Agrari.
Se llega tarde
Según los agricultores, detrás de la decisión del Govern y del Ayuntamiento de El Prat se esconden las prisas. Y es que la Unión Europea lleva desde 2008 advirtiendo que la reserva natural del Delta está más desprotegida que protegida, por culpa del abandono al que la ha sometido históricamente el Govern, responsable de su gestión. Para tensar más aún la cuerda, en febrero del año pasado, la Comisión Europea remitió una carta de advertencia que calificaba de “insuficientes” las compensaciones ambientales ejecutadas tras la ampliación del Port de Barcelona y el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat y exigía “proteger más y mejor al Delta del Llobregat” bajo la amenaza de sanciones económicas.
“El Govern es consciente de que llega tarde y pretende ejecutar un plan que teóricamente es urgente en un periodo de tiempo demasiado dilatado”, critican desde el Institut, que no ha mordido el anzuelo. Así, defininen sin paliativos como “un insulto· que se destine para el año 2023 la “irrisoria” cantidad de 450.000 euros, “postergando las inversiones necesarias tres años más como mínimo”. Los payeses creen que la propuesta de mejora hidráulica anexa a la ampliación de la ZEPA es una burla “difícilmente tolerable”, cuando año tras año se repiten las inundaciones “que provocan la ruina de esos cultivos que el Govern pretende modernizar con un plan indefinido que no es posible ejecutar en una zona de especial protección natural”, destapan. El pez que se muerde la cola.
Mejor un proceso participativo
Pero aún hay más agravios, según el Institut Agrari, y más ataques subterráneos al sector agroalimentario. Como lo es el hecho de que el Govern, en lugar de optar por un proceso participativo previo (que sirve para diseñar las bases de la nueva normativa y cimentar un acuerdo mayoritario con el territorio que derive en que el plan tenga la aceptación social) haya impuesto un proceso de consulta pública, en el que se presenta a las partes un proyecto prácticamente cerrado a espaldas de los interesados.
“Las conversaciones, declaraciones públicas y privadas, y presentaciones realizadas por parte de los responsables políticos y técnicos de la Conselleria d’Acció Climàtica en los últimos meses han ocultado una parte sustancial de la propuesta finalmente presentada, lo que supone falsear la información e incurre en un grave vicio de todo el proceso”, destapan los payeses del Delta.
Flexibilidad y alternativas
A pesar de todo ello, el Institut Agrícola confía en que durante el inminente proceso de consulta pública “se escuche verdaderamente a todos los actores implicados”. Pero para eso es imprescindible que la Generalitat “flexibilice” sus postulados, indican los agricultores, y se abra a aceptar “otras propuestas alternativas frente a su solución única”, puntualizan.
En este sentido, el Institut exige que se hagan públicos de inmediato los estudios preceptivos para apuntalan la propuesta y que se lleve a cabo “una auditoría independiente” de estos informes técnicos y también de “las evaluaciones que se deberían haber realizado desde hace más de 20 años en la actual zona ZEPA vigente, de manera que se infiera claramente que la solución está en la ampliación de la zona protegida”. El Institut Agrari concluye que “como es evidente que científica y económicamente es imposible demostrar que la única solución es ampliar la ZEPA”, va a exigir a la administración “la rectificación de todos los planes presentados para abrir un proceso de diálogo constructivo entre los agentes implicados para construir la solución definitiva que dé respuesta a la carta de emplazamiento y, al mismo tiempo, articule una solución sostenible medioambiental, social y económica”, defienden.
Empobrecimiento masivo
Por último, el Institut Agrícola reclama a la Generalitat que “deje claras cuáles son sus verdaderas intenciones”, Es decir, que reconozca que lo que pretende es “abocar a la economía catalana al decrecimiento y, por tanto, a un empobrecimiento masivo de los agricultores en favor de otras clases sociales que sí pueden permitirse comprar alimentos de mayor calidad a precios mucho más altos”, concluyen.
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