Se avecina un choque de trenes en el Delta del Llobregat, si el consenso no lo remedia. La ampliación de las Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA) -anunciada la mediados de mes por la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, y el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y que supondría multiplicar por dos los espacios protegidos en terrenos del Parc Agrari del Baix Llobregat- y el proyecto de hub agroalimentario impulsado por Sant Boi, Viladecans y Gavà -con el apoyo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)- prácticamente sobre el mismo territorio están levantando fricciones.
El problema de fondo es que buena parte de los agricultores defiende el hub y está en contra de la ampliación de las ZEPA mientras que hay otra facción que defiende justo lo contrario. Y unos y otros buscan adhesiones a su causa y salen a la palestra para anunciarlo. Los últimos en sumarse a la controversia han sido este martes la patronal catalana Foment del Treball (que aboga por el hub) y el Institut Agrícola (que apuesta por el desarrollo agroalimentario y rechaza la ampliación de los espacios protegidos). La consellera Jordà aseguró que ambos proyectos “pueden hacerse compatibles”. Pero, hasta ahora, un buen número de payeses afectados no lo ven igual.
El último movimiento de piezas sobre el encendido tapete del Parc Agrari lo han dado los promotores del hub agroalimentario, que se han reunido con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; su vicepresidente y el presidente del Institut Agrícola, Baldiri Ros. Por parte de los impulsores del proyecto han acudido a la cita la alcaldesa de Gavà, Gemma Badía; el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz; la teniente de alcalde de Gavà, Rosa María Fernández; y el concejal de Medio Ambiente de Sant Boi, César Thovar.
Seguridad jurídica y producción de calidad
Y la reunión ha sido fructífera. Las patronales han subrayado que el hub aporta “seguridad jurídica a las inversiones a realizar, innovación para mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria de proximidad y facilita la creación de puestos de trabajo de calidad”, lo que situaría al Baix Llobregat en la vanguardia tecnológica del sector. Además, “potenciaría la producción agrícola de calidad” y, merced a la recolocación (o localización) de las empresas transformadoras en pleno territorio agrícola, “garantizaría el suministro a los mercados metropolitanos en una época de grandes incertidumbres internacionales”, logrando además que el sector agrícola y el transformador se sobrepongan a una doble “crisis de rentabilidad” que ya dura décadas.
Los alcaldes y los empresarios han defendido que la actuación supone “la modernización del sistema hídrico”, que pondría fin a las constantes inundaciones que padecen los cultivos en cuanto llueve. En parte, este problema se debe a una falta de inversión en canalizaciones por parte de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que llevan años pendientes. Curiosamente, el proyecto de ampliación de las ZEPA recién presentado incorpora una partida del ACA de unos 46 millones de euros en mejoras de los regadíos hasta el 2026.
Colaboración público-privada
Uno de los pilares del hub agroalimentario que promueven Sant Boi, Gavà y Viladecans es que aboga por un modelo público-privado, algo que ha resultado del agrado tanto de Foment como del Institut, que se han mostrado dispuestos “a potenciar la colaboración para reforzar una industria en la comarca que tiene amplio recorrido”. En este sentido, las patronales también han hecho un guiño a la presencia de centros de investigación y universidades en el hub agroalimentario porque “puede ayudar a salir de los corsés de la normativa actual, ensayando nuevas prácticas sobre resultados de experimentación agronómica y otros usos que ya están determinando la agroalimentación de futuro”, ha destacado un portavoz del Institut Agrari.
Y como los ‘trenes’ está cada vez más cerca y el Institut Agrícola (y, por ende, Foment del Treball) se oponen a la actual propuesta de ampliación de las ZEPA, en el transcurso de la reunión entre alcaldes y empresarios se ha instado a la Conselleria d’Acció Climàtica, a buscar, con los interlocutores sociales e institucionales del Baix Llobregat, “nuevas y mejores alternativas para proteger el medio natural que no hipotequen el futuro de la industria agroalimentaria” de la comarca. Y de paso, evitar el choque.
Si (
No(
