Este déficit de infraestructuras, que se había cronificado hasta convertirse en una reivindicación histórica del territorio, recibió señales esperanzadoras de cambio en el 2021, coincidiendo con la llegada de Raquel Sánchez, ex-alcaldesa de Gavà, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las señales del cambio fueron claras: el levantamiento definitivo de las barreras del peaje de Martorell, la entrada en servicio del enlace de la A-2 con la AP-7, el impulso al proyecto de remodelación de la B-23, la próxima licitación de los accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona o la aprobación provisional del proyecto de trazado de conclusión de las obras de la variante de la C-245, una infraestructura de especial significado para Sant Boi, son algunos ejemplos.
Queda aún mucho por hacer, como la unión de la L9 Sud del metro con la Nord y, de manera especial, la aceleración del esperado Metro del Delta (R3 de Rodalies), actuaciones que permitirían revertir la asimetría histórica entre el déficit de infraestructuras de movilidad del Baix Llobregat y su aportación al PIB de Catalunya, nada menos que un 13%.
Pero si algo nos enseña la política es que transformar el territorio requiere muchos esfuerzos y sobre todo tiempo.
Por ello, para dar continuidad a esta dinámica positiva, sólo hay una receta posible: blindar consensos entre las diferentes administraciones más allá de las vicisitudes políticas del momento y el tiempo limitado de las legislaturas. El bienestar colectivo bien lo merece.
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No(
