La alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (PSC), no será juzgada por su presunta implicación en la trama de corrupción del Consell Esportiu de la ciudad por dejación de funciones. Es inocente. La juez instructora ha decidido archivar el caso al considerar probado que la primera edil de L’Hospitalet actuó rápidamente en cuanto recibió la denuncia de las presuntas irregularidades contables en la entidad local que promociona el deporte, según han confirmado fuentes municipales.
El archivo del caso por parte de la jueza es una consecuencia de que la fiscalía ya había solicitado hace semanas el sobreseimiento del mismo. El ministerio fiscal pidió el archivo al entender que Marín actuó rápidamente en cuanto fue conocedora de los hechos que le fueron denunciados en 2020 por el entonces concejal del PSC y ahora alcaldable por ERC, Jaume Graells, quien puso en conocimiento de la alcaldesa el posible desvío de fondos. Según las conclusiones del ministerio público, la primera edil de L’Hospitalet actuó "sin ánimo de ocultación”, es decir sin hacer caso omiso a la denuncia, y por lo tanto, sin hacer dejación de funciones.
Núria Marín fue detenida, interrogada e imputada en diciembre de 2020 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional durante la investigación de la presunta trama que utilizaba el Consell Esportiu de la ciudad para malversar y desviar subvenciones del propio ayuntamiento. Tras declarar fue puesta en libertad, aunque le fue incautado el móvil, en el que tampoco se ha halado nada que la incrimine.
Dimisión de dos ediles
El caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet se destapó en febrero de 2020, cuando Graells, en ese momento teniente de alcalde del PSC, puso en conocimiento a la alcaldesa de las supuestas irregularidades en la entidad. En mayo de ese mismo año se hizo público el resultado de la auditoría encargada por la propia Marín y Graells denunció la presunta trama ante los tribunales. Las consiguientes pesquisas policiales llevaron al arresto de dos de los compañeros de Graells en el gobierno municipal socialista: Cristian Alcázar, segundo teniente de alcalde, y el concejal Cristóbal Plaza, plaza. Ambos dimitieron de sus cargos y todavía continúan encausados. Por su parte, el denunciante abandonó el grupo municipal socialista, pero, hasta el momento, no ha renunciado al acta de concejal.
En su escrito pidiendo el archivo de las diligencias, la fiscalía fundamentó la inocencia de Núria Marín en que para cometer el delito de omisión de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de supuestas anomalías no haga movimiento alguno para investigarlas. Pero esto no es lo que ocurrió en este caso, pues la alcaldesa ordenó la puesta en marcha inmediata de una auditoría del Consell Esportiu "con el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada". El escrito fiscal señala incluso que la reacción de Marín tranquilizó a Jaume Graells, quien agradeció a la propia alcaldesa que "por fin" se hubiera encargado la auditoria a una empresa, como consta en las conclusiones del fiscal.
“Con la máxima legalidad”
En su declaración ante la juez, Marín negó la pasividad de la que le acusaba Graells y aseguró que nada más concluir la primera reunión que mantuvo con el denunciante, solo tardó unas horas en citar a los concejales Plaza y Alcázar para pedirles explicaciones. Prácticamente a la vez, encargaba la auditoría. "Siempre he actuado con la máxima legalidad", comentó la alcaldesa a los medios de comunicación tras su comparecencia en sede judicial.
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