Los alimentos también están experimentando un incremento descomunal que hace muy difícil a las economías domésticas poder llegar a final de mes. A todo esto se le suma un nuevo curso escolar que ha sido el más caro de la historia, con un coste por familia de 429 euros.
Esta escalada inflacionista no afecta únicamente a las familias, sino también a autónomos, pequeñas y medianas empresas. A precios más altos, más impuestos recaudan las Administraciones, que en lo que va de año suman más de 35.000 millones que no estaban inicialmente previstos.
Si la Administración está recaudando más de lo que preveía, y las familias y los autónomos cada vez tienen menos poder adquisitivo, lo lógico sería devolver dicho exceso de recaudación para poder aliviar el sobreesfuerzo que se está haciendo, y además, contribuir a incentivar el consumo. El dinero cobrado de más es de justicia devolverlo a la ciudadanía para que lo emplee en lo que estimen más oportuno.
Por ello, las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular están rebajando impuestos, proponiendo rebajas de la Renta especialmente para aquellas personas con sueldos más bajos y que están haciendo un esfuerzo titánico.
Frente a las propuestas del PP, está la otra cara de la moneda, las políticas confiscatorias que Pedro Sánchez y sus socios están llevando a cabo. Subir impuestos, no es la solución. Subir impuestos es estrangular la economía, es enviar a muchas empresas a la quiebra, y a los trabajadores enviarlos a las colas del paro.
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