Las 12 del patíbulo del Polígono Sesrovires

Desde hace 30 años, una docena de naves ilegales del polígono industrial Sesrovires están sentenciadas, casi a muerte. Se construyeron de forma irregular, después de que los terrenos le fueran usurpados a la familia Farràs, una de las más antiguas del lugar. Los tribunales, con numerosas sentencias y respuestas a otros tantos recursos, han dirimido que once construcciones y una parte de una duodécima tienen que derribarse inapelablemente. Y lo debe hacer el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (administración responsable de la situación), quien por el momento no está por la labor y sigue enzarzada en vericuetos legales para escurrir el bulto que le han conducido a un punto de no retorno del que ya no hay escapatoria. A excepción de que se pague a los legítimos dueños una estratosférica indemnización que podría rondar los 15 millones de euros.

La triste historia de estas naves comienza a mediados de la década de los 90 con un trapicheo, definido como usurpación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Por aquel entonces la finca, de 30.000 m2, se destinaba a viñedo y estaba explotada por aparceros que, a su vez, estaban en posesión del “dominio útil” de las tierras (una especie de contrato de arrendamiento), pero no del “dominio” real (o propiedad) de las mismas, que estaba en manos de los Farràs.

A espaldas de los legítimos dueños de los solares, un constructor local, conocido como Salaet, adquirió los contratos de los aparceros y con ellos logró inscribir con una triquiñuela las fincas en el registro de la propiedad, notario mediante,como si fueran suyas. Y lo hizo de una forma bastante chapucera, pero con un resultado extraordinario: tachó con un lápiz la palabra ‘útil’ del documento y lo hizo pasar por una escritura de dominio. Y coló. Con esta escritura revendió los terrenos (pese a no ser suyos) a varios terceros, que levantaron las naves. La familia Farràs tiene presentada una demanda civil contra Salaet “por usurpación”, confirma su abogado, Sergi Aymerich.

En paralelo a este conflicto de intereses, en 1995 el Ayuntamiento de Sant Esteve reparceló el sector como zona industrial y tanto Salaet como la familia Farras se personaron en el consistorio como propietarios. Y, en ese momento, el consistorio cometió un grave desliz que se está pagando ahora. La ley dice que “si hay dos propietarios que reclaman una finca el ayuntamiento no debe hacer de juez, la ha de declarar ‘finca en litigio’, debe detener el procedimiento y esperar a que el juzgado correspondiente -por la vía civil- se posicione sobre la propiedad”, subraya Aymerich.

Pero el consistorio se saltó este precepto legal y otorgó la propiedad a Salaet cuando no podía tomar partido. “El asunto es más grave todavía porque se otorgó a quien no era una propiedad que se ha demostrado que fue usurpada”, indica el letrado de los Farràs. Pero la cosa aún se complica más ya que las naves en cuestión empezaron a construirse de forma ilegal y sin licencia, con el beneplácito municipal.

Con tanta irregularidad en la mano, la familia Farràs recurre a la justicia para reclamar la devolución de sus tierras (que conllevaría la demolición de las naves) o en su defecto una indemnización por la responsabilidad patrimonial, que se reclama a Salaet y al consistorio local. Y en 2010, una sentencia del TSJC le da la razón y señala la demolición de las naves. Pero el Ayuntamiento reacciona dando inicio a una maratón de recursos para demorar lo indemorable que perdura hasta hoy.

Plazo agotado

Justo el pasado 30 de junio venció el último plazo dado por el juzgado para que se iniciaran los derribos y el ayuntamiento no ha movido ficha. Sí que lo ha hecho la familia Farràs que ha puesto en conocimiento del juzgado el incumplimiento de su mandato. “El juez ya advirtió al consistorio que si no se derruían las naves estaría incumpliendo una orden judicial, lo que abre la vía a un juicio penal y a multas”, explica Aymerich.

Lo más lastimoso de todo este entuerto es que, si hubiera habido interés, el asunto se habría zanjado hace una década. “La intención de la familia Farràs nunca ha sido perjudicar a los propietarios de las naves, sería un drama dejarlos sin actividad porque no tienen la culpa de nada. Pero quiere que se la compense por haber sido privada del uso y disfrute de sus propiedades durante estos años”, corrobora su letrado. Los propietarios reclaman primero a Salaet (más presunto culpable) y después al ayuntamiento una indemnización de 12 millones de euros, que ascendería a 15 millones al sumar los intereses.

La prueba de que la familia está dispuesta a negociar es que en 2019, y tras decretar de nuevo el derribo, el juez pidió al ayuntamiento y a la familia que llegaran a un acuerdo y nombró un mediador judicial. Los Farràs rebajaron sus pretensiones a 5 millones –una cifra aplaudida por la mediación- pero el consistorio no aceptó pagar más de 900.000 euros. “Hasta el mediador consideró que la propuesta municipal era una burla”, recuerda Aymerich. Y la mediación se fue al traste.

Las tácticas dilatorias municipales no parecen tener demasiado sentido. “Habrá que pagar indemnizaciones antes o después y los intereses siguen subiendo una barbaridad”, subraya el abogado. Sobre la cabeza de los implicados pende la amenaza de un juicio civil que puede acabar salpicando a más de uno porque el asunto es turbio. “Pensábamos que alguien pondría ‘seny’, pero no ha sido así. Al final, no quedará más remedio que ir por la vía penal, aunque siempre hemos sido reacios”, augura el letrado. Pintan bastos en Sant Esteve Sesrovires. III