Lo que ocurre en el interior del bajo segunda del número 123 de la carretera de Santa Creu de Calafell, en Gavà, es digno de estudio, por kafkiano y porque pone al descubierto el agujero negro en el que se está convirtiendo el sistema de ayudas a inmigrantes extranjeros, aunque tengan papeles, y a espabilados en general. La vivienda, propiedad de Mercè, está alquilada por un precio muy por debajo del de mercado a Maribel R.V., de origen hondureño. En un principio la mujer vivía con su marido en el piso, pero al separarse hace unos dos años, ella se quedó sola en la vivienda y dejó de pagar el alquiler a su casera. Tampoco paga el agua (no dispone de agua corriente en la vivienda) ni la luz, porque está enganchada de forma ilegal a la red.
Hasta aquí la situación no distaría, desgraciadamente de la que sufren muchos propietarios de pisos en toda España y, como no, también en el territorio: un inquilino que deja de pagar el alquiler y se atrinchera en la vivienda como si fuera suya. Pero el caso de Maribel es todavía más grave, porque además de ser morosa, está realquilando tres de las cuatro habitaciones del piso (ella utiliza la cuarta) para cobrar un dinero a final de mes, algo que está específicamente prohibido en los contratos de arriendo.
Sin actividad laboral conocida
Pero es que hay más. Lo más abyecto del asunto es que a Maribel no se le conoce ningún trabajo ni actividad laboral desde que está en Gavà, según sus vecinos. “Nunca ha cotizado a la seguridad social”, ha asegurado a El Llobregat, Marc Cívico, concejal de Vox en Gavà, quien ha visto el documento que lo prueba. Pero, sin embargo, y para acabar de rizar el rizo, resulta que la inmigrante cobra una ayuda social próxima a los 500 euros mensuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en concepto de “Renta Activa de Inserción (RAI)”, una prestación dirigida a personas desempleadas con especiales dificultades para encontrar trabajo (como puede comprobarse en el documento adjunto a esta noticia). Una situación que Cívico califica de “escandalosa”.
Pero aún hay más. Uno de los realquilados en el piso okupado por Maribel es Jesús Gómez Quintas, un jubilado local que cobra una pensión paupérrima y que además va en silla de ruedas porque perdió una pierna debido a la diabetes. Gómez Quintas paga cada mes 400 euros a su falsa casera. “la pensión no me da para más no puedo alquilarme un piso”, confirma.
Una nómina de 1.700 euros
Si se hacen cálculos y se establece que los 400 euros son la tarifa de Maribel por subarrendar habitaciones –como así sostiene el inquilino- la inquiokupa estaría percibiendo irregularmente 1.200 euros al mes por este concepto. Si a esto se le suman los 500 euros de ayuda su nómina (por llamarlo de alguna manera) asciende hasta los 1.700 euros, mucho más del doble que la pensión de jubilación de Jesús Gómez. Y casi el triple del alquiler que no le paga a Mercè por utilizar la vivienda. “Es indignante, no paga el alquiler, realquila habitaciones y además cobra ayudas”, subraya el concejal de Vox.
El jubilado de Gavà no comprende este doble rasero de las administraciones públicas a la hora de conceder ayudas. “Yo he sido cocinero y he cotizado toda mi vida”, sostiene Según explica, se ha puesto en contacto con los servicios municipales para que le ayuden a encontrar una vivienda digna y en dos ocasiones le han pospuesto la cita. Sin embargo, denuncia, que Maribel sí está recibiendo “todo tipo de ayudas del Ayuntamiento y de la Generalitat”. “Esto es una vergüenza” arremeten desde Vox.
En seguimiento y con cita en dos semanas
Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Gavà ha precisado que Jesús Gomez “sí que ha sido atendido y continúa siendo atendido por los servicios sociales municipales, y se está haciendo seguimiento de su situación”. El portavoz también ha desvelado que “en dos semanas”, Gómez vuelve a tener cita con los servicios sociales municipales “para continuar haciendo seguimiento de su situación”.
Las mismas fuentes han explicado que, fruto de este trabajo, por ejemplo, “se ha gestionado una modificación del Programa Individual de Atención (PIA) dada su situación de dependencia”. La PIA es el documento que determina qué tipo de servicios o prestaciones recibe una persona que ha sido reconocida “en situación de dependencia conforme a la Ley de Dependencia”- Este tipo de ayudas pueden ir desde asistencia en el domicilio o centros sociales a atención residencial, entre otros.
Con recursos económicos propios
Desde Gavà han asegurado que el plan de trabajo con Gómez Quintas incluye “la valoración de su petición de realojo”. Sin embargo no es posible a día de hoy ofrecerle una alternativa habitacional a la habitación en los bajos de la inquiokupa porque “en estos momentos se están atendiendo casos más urgentes y prioritarios”, han precisado las mismas fuentes. Y es que como en estos momentos, técnicamente, Jesús Gómez “dispone de recursos económicos propios, tendría que hacer la búsqueda de vivienda alternativa por sus propios medios”, han subrayado fuentes consistoriales que también han dado por sentado que “cuando se pueda, se intentará atender su petición con los recursos públicos de los que se disponga”. Es decir, como el jubilado percibe una pequeña pensión no tiene opción a optar a una vivienda social.
Según el vecindario, Maribel R. V. es una persona conflictiva, acostumbra “a emborracharse todos los días”, coinciden realquilado y vecinos. Estos testimonios agregan que la mujer lleva años provocado altercados en la zona que han requerido la intervención policial e incluso la de los Bombers de la Generalitat. Por si fuera poco, la inquiokupa mantiene el piso en unas condiciones de salubridad e higiene deplorables “entre ratas y cucarachas”, describe Marc Cívico. Otro motivo por el que Jesús Gómez quiere marcharse de su habitación realquilada y ha solicitado la ayunta al Ayuntamiento.
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