Un juzgado ha dado la razón a una trabajadora que ha presentado una denuncia por una decisión del Ayuntamiento de Viladecans relacionada con unas irregularidades en la contratación de funcionarios que acabaron con el despido de la demandante.
El juez ha considerado que los psicotécnicos no estaban legalmente habilitados para realizar dicha prueba quedando en la sentencia anuladas las pruebas realizadas así como en nombramiento de las trabajadoras que se sometieron a dicha prueba. ||