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Xavier Trias (Barcelona), Lluis Tejedor (El Prat) y Joaquim Balsera (Gavà) contra la concesión de un “limbo legal” a los promotores estadounidenses

Alcaldes y ecologistas, primeros opositores al Eurovegas en Barcelona

Por Joan Carles Valero
miércoles 23 de julio de 2014, 13:48h

El proyecto multimillonario Eurovegas para construir en Europa un gran parque temático del juego y del ocio a imagen y semejanza de la ciudad de Nevada (EEUU) ya tiene los primeros detractores en Cataluña. A pesar de que el gobierno catalán ve con buenos ojos la creación de 160.000 empleos directos e indirectos, el alcalde de Barcelona, el también convergente Xavier Trias, asegura que no se atenderán las exenciones de impuestos, la bula al tabaco, juego y prostitución que reclaman sus promotores. También se oponen los alcaldes de Gavà, Joaquim Balsera (PSC) y El Prat, Lluís Tejedor (ICV).

Eurovegas lo promueve Sheldon Adelson, un magnate que quiere replicar en España una ciudad de casinos, hoteles e instalaciones de ocio. Se barajan las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona como las mejores ubicaciones. En la capital catalana se han ofrecido varios emplazamientos, dadas las dimensiones del proyecto. Las que cuenta con más posibilidades son dos áreas muy próximas al aeropuerto, en El Prat y Gavà, cuyos alcaldes ya han mostrado su negativa al proyecto.

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas Colell, bendice la operación por lo faraónico de la inversión que revertiría las cifras del paro en la comunidad, además de la notable incidencia que comportaría Eurovegas por su potencial sobre las actividades de convenciones y espectáculos que comportaría como complemento turístico. También valora Mas Colell el hecho de que Cirque du Soleil instalara una base permanente en Eurovegas. En su opinión, “las grandes ciudades del mundo tienen de todo. Nueva York, por ejemplo –dice Mas Colell- es una gran capital de espectáculos, al igual que Londres y París. Nosotros también queremos que Barcelona juegue en esa Liga”.

Sin embargo, ya han aparecido los primeros opositores. El grupo ecologista Les Agulles - Ecologistas en Acción del Baix Llobregat, han mostrado hoy su preocupación por el interés de la Generalitat en este proyecto del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, que en caso de hacerse realidad significaría no sólo levantar una "nueva ciudad "en esta ya densificada comarca con 20 millones de metros cuadrados construidos, sino “una isla fuera de la ley”. A juicio de los ecologistas, aceptar Eurovegas sería como un "tumor maligno" en el corazón mismo del área metropolitana de Barcelona.

El rechazo al proyecto que apoya el gobierno de Artur Mas, se basa en razones económicas, legales, ambientales y sociales. Los ecologistas consideran que después de “picar el anzuelo de los hipotéticos puestos de trabajo” que se crearían, las administraciones (central y autonómica) parecen dispuestas a aceptar el "todo vale" para conseguir la inversión. Consideran que este proyecto nada tiene que ver con un modelo de economía productiva, basado en la innovación, la calidad del empleo y el equilibrio ambiental, que propugna por otra parte el gobierno catalán. Todo lo contrario, consideran que Eurovegas significa explotación de las personas, fomento de negocios especulativos y dinero negro y especulación urbanística. “Es decir, la misma fórmula que nos ha llevado a la crisis actual, al desmantelamiento del tejido productivo del país y la acelerada erosión del Estado del Bienestar”.

Para los detractores, Eurovegas supone “una isla de vicio, especulación blanqueo de dinero y prostitución, donde vendría el dinero negro de unos cuantos magnates sin escrúpulos” para "lavarlo" en un negocio con 36.000 nuevas habitaciones hoteleras, 6 casinos y 18.000 máquinas tragaperras. Además, el Estado Español debería avalar un préstamo de 25.000 millones de euros que se pediría al Banco Europeo de Inversiones, con el riesgo que ello representa para la economía nacional.

En cuanto a las objeciones legales, los detractores del faraónico proyecto señalan que la Generalitat y el Estado deberían modificar hasta 30 leyes para permitir Eurovegas. Se crearía a su juicio un "país sin ley", donde no existirían los derechos laborales, las obligaciones fiscales o las condiciones sanitarias del resto del Estado. Una especie de "maquila", zona franca sin ley como las que hay en América Central y del sur. Además, significaría saltarse totalmente la planificación urbanística y territorial, imponer al municipio escogido un proyecto totalmente inaceptable y vulnerando la autonomía municipal.

En cuanto a las alegaciones ambientales, el movimiento ecologista considera que el Baix Llobregat es una de las comarcas catalanas más densamente pobladas y urbanizadas de Cataluña y de Europa. El Delta del Llobregat ha sufrido una terrible transformación en el último siglo, que le ha aportado a que, hoy, cerca del 50% de su superficie sea ya artificial, lo que quiere decir que se han perdido sus funciones ambientales y agrícolas tanto estratégicas para el área metropolitana.

En este sentido, los detractores de Eurovegas defienden que urbanizar otras 200 hectáreas es “inasumible desde un punto de vista ambiental”, y traspasa la "raya roja" del equilibrio territorial. "Las ciudades no pueden seguir creciendo como un cáncer", sostienen los ecologistas, porque el territorio es un recurso limitado y se necesitan los espacios libres para las funciones productivas (alimentación), ambientales (fauna, flora, ecosistemas), paisajísticas, de educación y de ocio. La urbanización directa de las 200 hectáreas no sería la única “agresión ambiental”, ya que el proyecto también incluye otras 150 hectáreas que se convertirían en tres campos de golf, unas instalaciones que consideran “verdaderos desiertos de diversidad biológica”, y habría que construir nuevas infraestructuras o ampliar las actuales.

Por último, los presuntos beneficios en puestos de trabajo tendrían a juicio de los opositores de Eurovegas “un elevadisimo coste social”, ya que se pretende dejar sin efecto la Ley de Extranjería para que Seldon , aseguran sus detractores, “pueda traer trabajadores de otros países, con menos derechos laborales de los que tenemos aquí y el personal contratado lo sería en condiciones de precariedad total ya que no estaría amparado por la legislación laboral”. Entre las condiciones que reclama el empresario para instalar su proyecto destaca no tener que tributar a la Seguridad Social. Los ecologistas celebran que algunos alcaldes de los terrenos ofrecidos por la Generalitat (El Prat y Gavà) hayan mostrado su rechazo al proyecto, al tiempo que los alienta a “mantener esa postura de firmeza para evitar que se distorsione un modelo urbano relativamente equilibrado”.

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